miércoles, 27 de mayo de 2026

    Quiénes se reparten el cliente más grande

    Durante los primeros días
    de octubre, la saga del escándalo informático entre IBM y el Banco
    Nación, que había estallado en 1995, volvió a convulsionar
    a la opinión pública debido a la misteriosa muerte del empresario
    Marcelo Cattáneo, sindicado como el pagador de las coimas a ex directores
    de la entidad oficial.

    Aunque ese violento giro en lo que comenzó siendo el mayor caso de corrupción
    de la historia argentina puso nuevamente sobre el tapete la forma en que se
    hacen los negocios con el sector público, éste continúa
    siendo uno de los principales mercados en los que buscan ingresar las compañías
    con sus productos y servicios informáticos.

    No se trata de un dato menor ya que, si bien desde 1995 prácticamente
    se paralizaron los grandes emprendimientos del Estado, debido a las sospechas
    en torno de las informatizaciones del Banco Nación y la Dirección
    General Impositiva (DGI), las dependencias nacionales, así como las provincias
    y los municipios, siguieron incorporando una importante cantidad de equipamiento.

    Varios especialistas del sector coinciden al estimar que los negocios informáticos
    con el Estado representan anualmente más de US$ 200 millones. Esta cifra
    se acerca a casi 10% del total del mercado informático argentino que,
    según la consultora IDC/ Trends Consulting, crecerá este año
    cerca de 16%, hasta llegar a US$ 2.800 millones.

    En ese escenario, sin lugar a dudas, la firma más perjudicada hasta
    ahora fue IBM. Hasta que estalló el escándalo con el Nación
    ­que en el plano comercial terminó con la revocatoria del contrato
    por parte de Roque Maccarone, el ex hombre fuerte del Banco Río que reemplazó
    al procesado Aldo Dadone al frente del directorio de la entidad oficial­
    la filial local de la Big Blue prácticamente no tenía quien
    le hiciera sombra en los negocios con el Estado.

    “No se trata sólo de una cuestión de trayectoria: además,
    era la única empresa seria que podía planificar, reunir y coordinar
    en pocos meses un equipo de 700 personas para llevar adelante proyectos como
    la informatización del Nación o la DGI”, explica, en estricto
    off the record, un ex funcionario que siguió de cerca algunas
    de las contrataciones más polémicas de los últimos años.

    A la caza de los contratos

    De todas formas, los problemas de IBM fueron aprovechados por varios competidores
    que se animaron a salir a la cancha a disputarle el terreno. En este sentido,
    los principales rivales de la Big Blue son Hewlett-Packard (HP), Sun
    Microsystems y Compaq que, con la compra de Digital en todo el mundo, se convirtió
    en una potencia del mercado de la information technology (IT).

    En el sector son muchos los expertos que aseguran que en materia de grandes
    equipos mainframe IBM casi no tiene quien pueda poner en peligro su supremacía:
    “Unisys ni siquiera se presentó con grandes equipos ­explica un
    ex funcionario público que trabaja ahora en una proveedora de informática­;
    además, estas empresas no quieren ir a pérdida durante cinco años
    como hizo IBM, que entregó equipamiento a distintas dependencias como
    una herramienta de marketing en el canal estatal”.

    Son muchos los funcionarios que reconocen que las mainframes permiten
    mantener costos de operación más reducidos que los sistemas abiertos.
    Además, suelen estar catalogadas como más seguras. Sin embargo,
    hay otra realidad que no escapa a nadie: “Te dejan atado de por vida”, afirma,
    categórico, un especialista.

    Aunque la base instalada en materia de equipamiento es un misterio, la crema
    del negocio público son la Administración Nacional de Seguridad
    Social (Anses), el Banco Nación, el Banco Central, el Banco Hipotecario
    y la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip). Donde
    sí se abrió la competencia fue en las licitaciones con equipos
    chicos, en algunos casos bajo plataformas Unix, como ocurrió en el Pami.

    Aunque la principal crítica que pesa sobre algunos de los competidores
    de IBM es que no supieron interesar a sus casas matrices para plantear estrategias
    más agresivas para penetrar en el sector público, algo
    está comenzando a cambiar. Prueba de ello es la actitud que viene asumiendo
    Sun Microsystems, la compañía que en el nivel internacional viene
    librando una encarnizada lucha contra Microsoft, el imperio del software
    de Bill Gates.

    Posicionada como proveedora de hardware sólo en lo que hace a
    servidores Unix y workstations, localmente Sun consiguió importantes
    contratos con el Estado en los últimos dos años y, actualmente,
    las dependencias oficiales ya representan 25% de su facturación, que
    en el último ejercicio trepó a unos US$ 50 millones.

    De los casi US$ 200 millones que gasta anualmente el sector público,
    70% (unos US$ 140 millones) proviene de las compras de PC. En ese negocio no
    entra Sun, pero de los restantes US$ 60 millones, US$ 21 millones corresponden
    al negocio oficial de servidores. “En este rubro tenemos prácticamente
    la mitad del mercado y, en el último año, ganamos 80% de los concursos”,
    explica Michael C. Kelley, presidente de Sun Argentina.

    Por las dudas, Gustavo Torres, director de Ventas por Industria de la misma
    empresa, deja claro que la política de Sun es, en todos los casos, ir
    a las licitaciones como proveedora y no como integradora. “Por filosofía
    ­señala­, Sun no integra. Su fuerza tiene que ver con sus alianzas
    y para nosotros es mejor que nos integren. En cambio, se ve claramente que IBM
    y HP (los principales competidores en materia de servidores) van hacia el área
    de servicios.”

    Alianzas y negocios

    Esa estrategia refuerza, incluso, algunas de las alianzas internacionales que
    viene explotando Sun: por ejemplo, la base de datos DB2 (de IBM), seleccionada
    por la Anses, corre sobre la plataforma de Sun.

    El último contrato obtenido por Sun es la adjudicación de la
    informatización de dos unidades regionales, agencias y el propio servidor
    central de la DGI, negocio que tendrá un costo aproximado de US$ 10 millones.
    “Para nosotros se trató de una licitación de hardware puro,
    concretada a través de un préstamo del Banco Interamericano de
    Desarrollo (BID)”, explica Torres.

    El proyecto de la DGI prevé la implementación de Java, el sistema
    a través del cual Sun y Oracle buscan destronar a Microsoft. La ventaja
    de Java es que, sin importar la máquina que se encuentre del otro lado,
    permite contar con el procesamiento local y mantener la administración
    centralizada, al tiempo que dispone de una potente versatilidad para operar
    directamente en Internet.

    Otros contratos importantes en los que se impuso Sun fueron en la Dirección
    General de Aduanas, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec),
    la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la Superintendencia de
    ART, la Administración Nacional del Seguro de Salud (Anssal), el Registro
    de Inmuebles de Buenos Aires, los sistemas de rentas de San Luis, Salta y Misiones,
    y el Comando de Regiones Aéreas, de la Fuerza Aérea.

    Otro mercado interesante que ya están detectando los proveedores es
    el de las provincias y los municipios. Itron, la empresa del grupo Macri, es
    socia de tres consorcios que operan los sistemas de rentas de varias provincias,
    como las de San Luis y Misiones, y la ciudad de Buenos Aires.

    Quién te ha visto y quién te ve

    Si bien IBM asegura no haber sido afectada por el escándalo, lo cierto
    es que la compañía debió cambiar radicalmente su forma
    de hacer negocios con el Estado. Según el ranking de MERCADO “Las
    1.000 empresas que más venden”, publicado en julio pasado en la edición
    Fuera de Serie N° 2, las ventas de IBM cayeron 7,9% entre 1996 y 1997:
    pasó de US$ 630 millones a US$ 580 millones en un año en el que
    todo el mercado informático vivió un crecimiento superior a 15%.

    Aunque la Big Blue no hace público el balance de su filial local,
    los conocedores del mercado aseguran que la empresa fue castigada por la caída
    de varios contratos con el Estado, fenómeno que buscó compensar
    con un fuerte posicionamiento en el sector privado.

    Claro que el sector público sigue siendo un segmento clave. Por eso,
    meses atrás IBM anunció que, de ahora en más, no actuará
    en el rol de integrador. De todas formas, no quedará afuera: selló
    varias alianzas con algunos de sus grandes distribuidores y revendedores (dealers),
    quienes irán al frente en las próximas licitaciones. De esta forma,
    IBM se asegurará la provisión del equipamiento.

    “IBM ­razona un reconocido consultor del mercado informático­
    tiene todo el foco puesto en salir de los problemas que arrastra desde 1995,
    cuando estalló el escándalo del Nación. Pero creo que ya
    tocó fondo y, a partir de ahora, va a exhibir otros resultados en 1999.
    Con el Estado, a la filial local de la Big Blue le creció mucha
    grasa que ya se sacó de encima.”

    Lo que está claro es que, más allá de su nuevo rol,
    la venta a través de terceros le exigirá anudar acuerdos con empresas
    de primer nivel: “El tercero no puede ser cualquiera; debe contar con activos
    y patrimonio neto para poder participar en las licitaciones”, explicó
    la misma fuente.

    Hasta hace un par de meses, IBM estuvo negociando con Techint para sumar al
    holding de los Rocca como uno de los principales integradores capaces
    de representarla en las futuras licitaciones: “Pero finalmente no hubo acuerdo,
    por el porcentaje que habría solicitado Techint para ingresar en el negocio”,
    sostiene un analista del mercado.

    Lo que sí consiguió concretar IBM fue un acuerdo con varios dealers
    de peso, como Sonda, un integrador chileno creado en 1974 que actualmente tiene
    operaciones en 10 países del continente, 2.000 empleados y una facturación
    de US$ 400 millones al año.

    Aunque IBM ya no se ocupará de la integración, sí se encargará
    del mantenimiento de los equipos, las redes y el software de su marca
    que se encuentre instalado en clientes estatales.

    De alguna forma, la nueva política de IBM es una suerte de regreso a
    los orígenes, ya que históricamente la empresa actuaba sólo
    como proveedora de tecnología. Eso cambió con la llegada de Lou
    Gerstner a la cima de la compañía, desde donde buscó desarrollar
    una estrategia global basada en el cliente.

    En el nivel local, el poderío de IBM le permitía fijar el precio
    en las contrataciones con el Estado e, incluso, manejar los plazos de implementación
    a su antojo. “Mas allá del tema de las gratificaciones, una de las razones
    por las cuales IBM es demasiado cara es que la empresa se cubre por todos lados”,
    explica un funcionario que debió negociar personalmente con la oficina
    local de la Big Blue.

    De todas formas, más allá del desgaste que soporta desde 1995,
    los especialistas del mercado consideran que IBM tiene una ventaja competitiva
    que, a la larga, se hará sentir. “En algunas actividades que están
    creciendo notablemente, como el outsourcing, se requiere de empresas
    de gran volumen y es allí donde la Big Blue saca ventaja”, sostiene
    otro funcionario.

    Radiografía informática del Estado

    Básicamente, la historia informática de las dependencias del
    Estado se puede resumir en cinco etapas que, según los casos, fueron
    implementándose o no. Tradicionalmente se utilizaron mainframes
    centralizadas; luego hubo un período en el que se decidió dar
    libertad de acción a los distintos departamentos y, posteriormente, hubo
    un nuevo vuelco a la centralización.

    Posteriormente, en muchas oficinas se impuso el sistema cliente-servidor, que
    para algunos funcionarios presenta algunas complicaciones para desarrollar un
    esquema de seguridad. A futuro, uno de los modelos que podrían seguirse
    es el de permisos. Se trata de una estructura más libre de sistemas operativos,
    en la que la idea es que cualquier máquina genera un mensaje firmado
    por el usuario y validado por un server.

    En el mercado informático todos coinciden en que la actual administración
    nacional ya no tiene tiempo para pensar en grandes proyectos. Y, en todo caso,
    el gobierno que surja de las elecciones del año próximo deberá
    realizar un prolijo cuadro de situación para analizar si es conveniente
    avanzar con grandes y complicadas implementaciones informáticas en el
    Estado.

    De todas formas, seguirá en marcha otro proyecto polémico: el
    negocio de los documentos nacionales de identidad (DNI), cuyo contrato acaba
    de firmarse y que lleva adelante la empresa de origen alemán Siemens.
    Aunque nadie duda de la efectividad técnica, en este caso los planteos
    giran en torno del esquema que diseñó el Ministerio del Interior
    para la licitación: el plato fuerte es la informatización e interconexión
    de los 250 puestos fronterizos del país. Paralelamente, la empresa elaborará
    los nuevos DNI y también imprimirá el padrón electoral.
    Por este contrato a seis años ­prorrogable hasta 12 años­,
    Siemens espera desembolsar US$ 200 millones y facturar unos US$ 550 millones.
    Precisamente, el re-pago de la inversión llegará a través
    de la renovación de los DNI.

    “Es ridículo el esquema que utilizó el gobierno para esta licitación;
    habría sido mucho más sensato hacer tres licitaciones”, opina
    un directivo de una de las compañías que participó de la
    licitación.

    En tanto, sobre el modelo que viene instrumentando Maccarone en el Nación
    también hay críticas encendidas: “Si bien se dijo que la informatización
    iba a costar menos de la mitad de los US$ 249 millones que pedía IBM,
    lo cierto es que lo que están haciendo ahora es una aberración”,
    sostiene un ejecutivo de una empresa proveedora.

    En la Afip, su titular, Carlos Silvani, decidió cortar por lo sano meses
    atrás y sacarse de encima a IBM, cuyos contratos para implementar el
    Sijip (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones) en 1994 y posteriormente
    el Sitrib (Sistema Tributario) superaron los US$ 400 millones y provocaron innumerables
    sospechas sobre el ex titular de la DGI Ricardo Cossio.

    Lo cierto es que, actualmente, más allá de la revocación
    del contrato con el consorcio IBM-Banelco, el equipamiento instalado en la DGI
    continúa siendo utilizado y el organismo recaudador recurre a los mismos
    subcontratistas que utilizaba la Big Blue.

    Ernesto Nimcowicz

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