domingo, 21 de junio de 2026

    Juicio a los supermercados

    Es, sin duda, uno de los sectores más dinámicos y
    de mayor crecimiento. Pero no mucho más que eso es lo que
    está claro acerca del negocio de los supermercados e
    hipermercados.

    Por lo pronto, hasta sus propios límites tienen
    parámetros diferentes. Mientras la diferencia entre un
    autoservicio y un supermercado está determinada por la barrera
    de los 350 metros cuadrados de superficie, tradicionalmente se
    consideró que la distancia que separa al súper del
    híper eran los 5.000 artículos en venta. Hoy, ni
    siquiera en eso hay acuerdo: para el diputado nacional Federico
    Storani (UCR-Provincia de Buenos Aires) y para el concejal platense
    Héctor Navarro (UCR), autores de distintos proyectos de
    regulación para el sector, se es híper con 1.500 metros
    cuadrados; según la oficina local del Programa de la Naciones
    Unidas para el Desarrollo (PNUD), se necesitan 2.500 metros; en
    tanto, la consultora Claves Información Competitiva considera
    que son precisos 5.000 metros cuadrados.

    También es difícil determinar su competencia
    dentro del comercio minorista. Tradicionalmente dedicados a la venta
    de alimentos y productos de limpieza y perfumería, en los
    últimos años han abarcado prácticamente todos
    los renglones del consumo hogareño: electrodomésticos,
    indumentaria, jardinería, muebles, bazar, papelería,
    libros, discos, herramientas, pintura y autopartes tienen su espacio
    en las góndolas. Ya ni siquiera puede considerárselos
    exclusivamente como comercios minoristas: debido al volumen de
    mercaderías que manejan y a la evolución de los
    sistemas de comercialización, hoy son también empresas
    de distribución.

    Calcular con precisión su incidencia dentro de la
    economía es directamente imposible, ya que no existe
    aún una medición suficientemente abarcadora de todo el
    sector. Por encargo de la Cámara Argentina de Supermercados
    (CAS), la Fundación de Investigaciones Económicas
    Latinoamericanas (Fiel) está trabajando para llenar ese
    vacío, pero los primeros resultados estarán disponibles
    sólo en abril. Mientras tanto, las diferencias
    metodológicas ya sea por razones de cobertura
    geográfica o de inclusión o exclusión de
    categorías de comercios y rubros comercializados entre las
    encuestas que se practican hasta ahora son enormes.

    Es notorio, sin embargo, el decidido vuelco del comportamiento
    de los consumidores hacia la modalidad self-service, de lo cual son
    principalísimos beneficiarios los súper e híper,
    mucho más que los pequeños autoservicios. Semejante
    cambio de hábito que se corresponde con una tendencia similar
    en casi todo el mundo alienta una expansión acelerada de las
    grandes cadenas.

    Pero junto con ese cambio se imponen otros: la
    concentración cada vez más creciente de la oferta
    minorista, la desaparición masiva de pequeños
    comercios, la transformación de la fisonomía y, en
    muchos casos, de la calidad de vida de las zonas de influencia de
    los hipermercados, la modificación de la relación de
    poder entre la industria y el comercio, y una competencia extrema que
    por momentos roza los límites de lo aceptable ética y
    legalmente.

    Que las principales cadenas se han convertido en pesos pesados
    de la economía nacional lo prueban, por si hiciera falta, dos
    hechos. Uno es que, últimamente, Coto habría recibido
    una oferta de compra por parte del Citibank y habría
    respondido que por menos de $ 700 millones no se sienta a conversar.
    El otro es que los títulos (ADR) que Disco colocó el
    año pasado en Nueva York, por US$ 100 millones, aumentaron 42%
    en sólo seis meses.

    Más allá de lo evidente, que es bastante poco,
    generan una curiosidad que está bastante lejos de ser
    satisfecha y una cantidad considerable de debates, algunos más
    subterráneos que otros, ninguno debidamente saldado:

     

    I. ¿BAJAN LOS PRECIOS?

     

    Desde el punto de vista absoluto, es notorio que sí.
    Aunque dentro del universo de las grandes cadenas es frecuente
    observar importantes diferencias entre los precios de un mismo
    artículo, resulta muy difícil encontrar valores
    más bajos fuera del sector, aun cuando la comparación
    se haga con el más caro de los supermercados. La
    explicación, casi obvia, radica en los grandes
    volúmenes de mercadería que las cadenas compran a sus
    proveedores, lo que les permite obtener precios mucho más
    ventajosos.

    La mejor demostración de ello está en la
    proporción cada vez mayor de abastecimiento que concentran las
    principales cadenas, ya no sólo de alimentos y productos de
    limpieza y perfumería, sino también de
    electrodomésticos, muebles, indumentaria y artículos de
    librería, entre muchos otros rubros que se agregaron
    últimamente a la oferta de los híper e, incluso, de
    unos cuantos súper. La mayoría de los especialistas
    coincide en que el llamado universo self-service, que incluye
    hipermercados, supermercados y autoservicios, concentra hoy
    más de 60% de las compras minoristas de todo el país, y
    tendrá en los próximos años un crecimiento tan
    sostenido como acelerado.

    Sin embargo, lo que hasta aquí permitiría inferir
    una respuesta indudablemente afirmativa al interrogante del
    título, se vuelve relativo a la hora de analizar si los
    precios bajaron todo lo posible o hay aún más margen.

    Alfredo Coto, presidente de la cadena de supermercados que
    lleva su nombre, opina que “en general, los precios de los productos
    bajaron 30% porque disminuyó la rentabilidad de las cadenas y
    hubo un fuerte ajuste en los costos de producción de la
    industria y el comercio”.

    Federico Storani (UCR-Provincia de Buenos Aires), autor de un
    proyecto de ley que postula regular la habilitación de nuevos
    supermercados e hipermercados, sostiene que el sector logró
    mayor eficiencia sobre la base de “la precarización de las
    condiciones laborales, una relación de excesivo poder con sus
    proveedores y un sistema tributario que les otorga enormes ventajas
    frente al resto del comercio minorista”.

    El subsecretario de Comercio Interior, Marcelo Garriga, dijo
    meses atrás que los precios deberán continuar bajando
    porque los márgenes de rentabilidad que obtienen los
    supermercados son muy altos en términos internacionales.
    “Aquí trabajan con 6%, mientras en el resto del mundo giran
    alrededor de 3%”, argumenta.

    Un importante ejecutivo de una de las cinco principales empresas
    proveedoras de los supermercados coincide en que aún falta
    bastante camino por andar, pero aporta otro enfoque: “La ineficiencia
    global del sector, sumando las compañías productoras y
    los canales de distribución, está costando alrededor de
    $ 2.000 millones al año”. El principal problema, asegura, es
    la falta de fluidez en el circuito de abastecimiento. Según su
    diagnóstico, las actuales prioridades estratégicas y,
    por lo tanto, el grueso de las inversiones de las cadenas pasan por
    la expansión geográfica y por los recursos humanos. “En
    materia de eficiencia, sobre todo en el área de
    logística y distribución, la evolución y el
    interés de las principales cadenas son muy desparejos; esto
    mismo pudo observarse años atrás con la
    incorporación de los lectores de códigos de barras.”
    Hay, además, problemas culturales y de organización:
    “Cada vez que un proveedor le pide audiencia a un cliente, hay que
    hacer horas de antesala; muchas veces, los camiones deben esperar
    horas para descargar y los merchandisers se pasan horas en los
    depósitos porque la mercadería no está acomodada
    como corresponde”, afirma el directivo. Si es así, está
    claro que alguien debe estar pagando tantas horas perdidas.

    Tanto entre las cadenas como entre las compañías
    productoras está hablándose cada vez más del
    concepto ECR (Efficient Consumer Response). La definición
    más precisa y sintética al respecto la brindó
    hace poco el presidente de Unilever de Argentina, Luis Mario Castro,
    en una entrevista publicada por una revista especializada en canales
    de distribución: “Es una visión integradora que
    posibilitará la reducción de costos, el mejoramiento de
    la competencia y la satisfacción más plena de los
    consumidores”, dijo.

    Uno de los pilares del ECR es el Electronic Data Interexchange
    (EDI), un enlace inteligente de sistemas que, por ejemplo, permite
    despachar automáticamente una orden de pedido a un proveedor
    cuando se llegó a un piso estadístico de stock,
    así como generar pagos. El EDI funciona exitosamente en Chile,
    Estados Unidos y Europa, pero en la Argentina se encuentra en fase
    experimental en una pocas cadenas y firmas productoras, entre ellas
    Unilever y Molinos Río de La Plata.

    El ejecutivo consultado advierte que es poco lo que el sector
    productor puede aportar para bajar los precios. En su opinión,
    la mayoría de las empresas ya realizó los ajustes
    necesarios para permanecer en condiciones competitivas, a lo que debe
    sumarse el constante recorte de márgenes debido al creciente
    poder negociador de los canales de distribución. “Y aquellas
    compañías que cumplen puntualmente con las obligaciones
    impositivas y sanitarias, directamente no tienen más margen
    para bajar costos”, remata.

     

    Precios sospechosamente bajos

     

    Pese a todo, en más de una ocasión los precios
    bajan no sólo hasta el mínimo posible, sino más
    aún. Esto suele ocurrir cuando alguna cadena decide colocar un
    producto en oferta a un valor más bajo que el facturado por el
    proveedor. La estrategia es bastante elemental y está
    comprobada estadísticamente: atraído por unas pocas
    ofertas prácticamente incomparables, el público compra
    luego por impulso otros artículos con márgenes
    suficientes como para que el saldo sea positivo para el supermercado.
    Por eso, años atrás, cuando el debate no había
    alcanzado los decibeles que tiene en estos días, los
    especialistas en marketing usaban la expresión “una isla de
    pérdida en un océano de ganancias”. Hoy, directamente,
    se habla de “precios predatorios”, cuando no de dumping interno.

    Es el gran tema de debate en el sector, ya que no sólo
    afecta la competencia entre las cadenas, sino también la ya de
    por sí desventajosa posición de los pequeños
    comercios minoristas y la situación de las
    compañías productoras, tanto en lo que respecta a su
    relación con el resto de los canales de distribución
    como a sus propias políticas de imagen de marca. Complica,
    incluso, la relación de las cadenas con los consumidores,
    aunque no siempre éstos adviertan las maniobras: “La gente no
    cree que alguien venda por debajo del costo; cree que el otro gana
    más”, reflexiona el presidente de Norte, Alberto Guil.

    La práctica no es nueva en el ámbito local. No
    llegó, como pretenden algunos análisis ingenuos, de la
    mano de Wal-Mart. En lo que sí se diferencia la cadena
    norteamericana es en que reconoce abiertamente que apela a ese
    recurso: “No importa lo que tengamos que hacer para ser los
    únicos minoristas con precios bajos todos los días;
    vender por debajo del costo forma parte de la batalla por ser
    líder de precios en el mercado”, dijo Bob Martin, CEO de la
    División Internacional de la compañía, cuando en
    mayo pasado vino a Buenos Aires para asistir a la inauguración
    del supercenter de Villa Pueyrredón.

    En cambio, todos los ejecutivos de las demás cadenas que
    fueron consultados para esta nota se manifestaron contra la venta a
    pérdida. Aunque, también es cierto, casi todos
    admitieron que “alguna vez, aun contrariando la política de la
    compañía, en fin…”. El presidente de Carrefour
    Argentina, Bernard Dunand, aclara: “Puede ser que en algún
    momento haya un producto debajo del costo; no es permanente ni es
    nuestra política; puede responder a una lucha de precios con
    la competencia”. Coto también tiene una explicación:
    “Nunca salimos primero a vender por debajo del costo; pero si vemos
    que un producto está en esa situación una, dos, tres
    semanas, consideramos que es su nuevo valor de mercado y lo ponemos a
    ese nivel”. Guil cree que la venta a pérdida “no busca
    competir, sino destruir a la competencia”, pero advierte que, “en un
    mercado libre, el que es dueño de una mercadería puede
    venderla al precio que más le guste”.

    El director general de Tía, Francisco de Narváez,
    coincidió públicamente con el último concepto de
    Guil y agregó que “la competencia desleal no pasa por vender
    por debajo del costo, sino por no pagar los impuestos y las cargas
    sociales”.

    La manifestación institucional más directa contra
    la política de precios predatorios fue la denuncia del
    presidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y
    Autoservicios Mayoristas (Cadam), Hugo Miguens, quien en diciembre de
    1995 acusó a Wal-Mart y a Carrefour de estar vendiendo “una
    gran cantidad de productos a precios entre 20% y 30% por debajo de
    sus costos”. Cuando alguna empresa industrial, como sucede cada
    tanto, publica en los diarios una solicitada aclarando cuál es
    el precio al que vende sus productos, es cuestión de recorrer
    las góndolas para saber qué cadena está
    ofreciéndolos a pérdida.

    Miguens quien durante la última gestión de
    José Alfredo Martínez de Hoz se desempeñó
    como director nacional de Lealtad Comercial sostiene que la venta a
    pérdida “no contribuye a eliminar a los ineficientes, sino a
    aquellos que tienen menor capacidad financiera”. Admite que la
    legislación vigente “es poco efectiva: la Ley 22.262, de
    Defensa de la Competencia, fue sancionada en 1980 y refleja la
    realidad de los años ´70”. Pero aclara que “tampoco se ha
    intentado usarla: no hay denuncias y el Estado no quiere actuar de
    oficio”. En realidad, eso resultaría bastante complejo: no
    sólo habría que demostrar que se vendió por
    debajo del costo, sino, además, que se lo hizo para atacar a
    la competencia, que es lo que pena esa ley. No es el caso de aquellos
    productos que se ofrecen a pérdida, por ejemplo, debido a
    cambios de estación, de moda o de tecnología.

    “Vender por debajo del costo puede ser beneficioso hoy para el
    cliente, pero el dumping es una herramienta en la búsqueda de
    poder monopólico, y nadie busca poder monopólico para
    seguir vendiendo después por debajo del costo”, señala
    Eduardo Yvorra, prosecretario y coordinador de la Comisión de
    Etica de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa
    (Acde).

    En las últimas Jornadas del Supermercadismo Argentino,
    realizadas en septiembre pasado, el entonces presidente de la CAS,
    Ovidio Bolo, reclamó ante el presidente Carlos Menem “la
    creación de los instrumentos legales correspondientes a fin de
    asegurar la libertad sin deslealtad”. Sin embargo, cuando la
    discusión avanza sobre otros aspectos, tales como la
    relación con el resto del comercio minorista o el impacto
    ambiental de los supermercados, prefiere conservar el statu quo. En
    una mesa redonda organizada a principios de este año por el
    diario La Nación, expresó: “¿Sabe cuál es
    mi temor ? Que se vuelva a la regulación. Si la Argentina
    ha crecido extraordinariamente en estos seis años ha sido por
    no meterse a regular”.

    El sucesor de Bolo desde el 1° de enero pasado, Juan
    Mirenna presidente de la cadena Su Supermercado, de fuerte presencia
    en el oeste del Gran Buenos Aires advierte que el hábito de
    vender a menos del costo “no está en retirada” y postula
    contra ello la sanción de una legislación “breve, muy
    concisa y muy ejecutiva”. Mirenna cita como ejemplo la ley que
    entró en vigencia en España en enero de 1996, “que
    significó una reformulación comercial completa y
    terminó con la venta a pérdida”.

    Fuentes del sector revelaron que en la CAS hay algunos
    borradores con iniciativas para elaborar un código de
    autorregulación. En esos trabajos participan representantes de
    los supermercados y de las compañías proveedoras. “No
    es la solución, pero establece un marco”, confía un
    gerente de una firma industrial, quien coincide con Coto en elogiar
    como modelo a la ley antimonopolio de Estados Unidos.

    En los discursos y declaraciones oficiales nadie hace nombres.
    Off the record, en cambio, casi todos acusan. Pero si bien la
    mayoría señala a Carrefour, Wal-Mart y Coto como los
    propulsores lo que no significa que el resto de las cadenas
    esté a salvo de sospechas, tampoco en esto hay coincidencias
    totales, como no las hay acerca de la situación competitiva
    general del sector.

    Tiempo atrás, el presidente de la Comisión
    Nacional de Defensa de la Competencia, Jorge Bogo, consideró
    que se había desatado entre los supermercados una guerra de
    precios. “Por primera vez pasa eso en la Argentina y me parece bien;
    no es para preocuparse; las guerras de precios no duran para siempre
    y pueden generar beneficios para los consumidores, porque fuerzan la
    baja de los márgenes de intermediación”, dijo. El
    ejecutivo de la firma industrial líder citado anteriormente no
    está de acuerdo: “Acá no hubo aún furibundas
    guerras de precios; Carrefour todavía no puso toda la carne en
    el asador; tal vez lo haga cuando llegue (la cadena francesa de hard
    discounts) Día”, opina.

     

    A prueba de sabuesos

     

    Aunque al cierre de esta nota no había ninguna prueba al
    respecto, son múltiples las sospechas varias de ellas,
    públicas y notorias sobre irregularidades fiscales en que
    habrían incurrido algunas cadenas, lo que también, de
    ser cierto, les permitiría ofrecer precios más baratos.

    Como se sabe, desde hace meses la Dirección General
    Impositiva (DGI) investiga si Wal-Mart y Carrefour tuvieron
    responsabilidad en la compra de equipos de audio traídos
    ilegalmente al país por la firma Audio Import. Dunand explica:
    “Un día hicieron un operativo mediático espectacular,
    con decenas de inspectores en tres locales; al parecer, detectaron
    estampillas que no eran correctas. No podemos hacer el trabajo de la
    policía o el de la Aduana; esa operación no nos
    llamó la atención porque el precio de compra fue
    normal”. Wal-Mart dio en su momento argumentos parecidos.

    Dos expertos en comercio internacional coincidieron en que
    resulta curioso que las dos cadenas, que están inscriptas como
    tradings práctica usual entre las transnacionales del
    comercio minorista, porque les permite importar o exportar
    rápidamente entre sus filiales cuando razones de precio lo
    aconsejan, hayan recurrido a los servicios de una firma que no se
    cuenta entre las más prestigiosas del mercado. “Si compro
    mercadería de contrabando con los papeles en orden, estoy
    dentro de la ley, pero algo anda mal; en ese caso, el problema no es
    legal sino ético”, opina Yvorra.

    Quizá debido a su vertiginoso crecimiento, desde hace
    algunos años es común escuchar la sospecha de que Coto
    gozaría de alguna franquicia extraoficial en materia fiscal.
    “Acá estuvieron durante siete meses los inspectores de la DGI
    y no encontraron ninguna irregularidad”, se defiende el presidente de
    la compañía, quien opina: “No creo que se evada en el
    nivel de las grandes cadenas”. Guil coincide: “Este es uno de los
    pocos sectores de la comercialización en los que el Estado
    puede controlar el cumplimiento impositivo, no sólo de los
    supermercados, sino también de los proveedores. Si alguna
    cadena no está debidamente controlada es porque no se quiere,
    no porque no se pueda”.

    Un funcionario del gobierno de la provincia de Buenos Aires ata
    el vínculo entre los precios predatorios y el presunto
    incumplimiento fiscal: según él, la práctica de
    vender a pérdida les permitiría a los supermercados
    disminuir sus débitos en la cuenta del Impuesto al Valor
    Agregado (IVA). A tal punto que, asegura, una de las cadenas que
    más facturan tendría saldo favorable.

     

    II. ¿DAN BUEN SERVICIO A LOS CLIENTES?

     

    También en este caso, las estadísticas que
    reflejan el sostenido aumento del flujo de consumidores a los
    supermercados permitirían inferir una respuesta positiva. Sin
    embargo, hay algunos indicios contradictorios.

    Uno de ellos es la coexistencia de perfiles comerciales
    diferentes entre las cadenas, lo que lleva a concluir que hay
    públicos diferentes. Están las que privilegian vender
    barato, como Carrefour, Coto y Wal-Mart; otras que se distinguen por
    la variedad de la oferta, como Jumbo y Norte, y también
    aquellas que se especializan en el abastecimiento de productos
    frescos, como Disco.

    Otro punto a tener en cuenta es que se trata de una actividad en
    permanente evolución y en la que, acaso más que en
    ninguna otra, lo que es intrínsecamente un negocio de
    comercialización de bienes lo es también, cada vez
    más, de oferta de servicios.

    Y la tercera cuestión es, precisamente, la diversidad de
    opiniones al respecto, tanto entre los especialistas como entre el
    público. Mientras Miguens sostiene que “el consumidor necesita
    la mayor cantidad posible de opciones, desde un kiosco hasta un
    hipermercado”, el director de Relaciones Institucionales de Disco y
    presidente de la Asociación Latinoamericana de Supermercados
    (Alas), Carlos Paciarotti, entiende que “en poco tiempo más,
    todo se comprará en el supermercado”.

    Una reciente encuesta, realizada por el estudio Retondaro,
    Costaguta y Asociados a pedido de la Subsecretaría de Comercio
    Interior, reveló que los principales aspectos que tienen en
    cuenta los consumidores del área metropolitana para elegir el
    comercio donde abastecerse son: precios convenientes (72,3%), calidad
    de los productos (58,3%), limpieza y orden (57,6%) y calidad de la
    atención (56,5%).

    El estudio determinó que las principales ventajas que
    ofrecen los supermercados son los precios (57,2%) y la variedad de la
    oferta (53,6%), en tanto la desventaja más significativa es la
    pérdida de tiempo (21,1%). En el caso de los pequeños
    comercios, las mayores virtudes son la cercanía (66,8%) y la
    calidad de los productos (18,7%); pero 30,7% de los encuestados
    aseguró que dejó de concurrir a ellos por la mala
    atención recibida.

    Este último tema refleja otro contraste: así como
    muchos consumidores valoran la libertad que el supermercado les
    otorga para mirar y elegir la mercadería y, de paso, librarse
    de los comerciantes huraños o insistentes, otros se sienten
    incómodos ante la despersonalización que supone el
    sistema de self-service y añoran la atención del
    vendedor, que muchas veces es fuente de asesoramiento. Para moderar
    ese efecto, que los psicólogos llamarían falta de
    contención, Wal-Mart contrató a un grupo de personas
    la mayoría jubilados que tienen la misión de saludar
    a los clientes cuando entran y estar atentos para responder
    consultas.

    No es el único rasgo de calidez que se les reclama a los
    supermercados. Después de escuchar los comentarios de una
    periodista local, a la que se invitó a hablar en
    representación de los consumidores, el último plenario
    del Food Marketing International la organización que todos
    los meses de mayo reúne en Chicago a los principales
    ejecutivos de toda clase de empresas vinculadas con el negocio del
    retail en el mundo entero llegó a la conclusión de que
    los supermercados deberían concebirse con una “arquitectura
    más humana”, según cuenta Mirenna.

    De todos modos, sólo 10,4% de los entrevistados por
    Retondaro, Costaguta y Asociados respondió que no
    efectúa ningún tipo de compra en supermercados. Del
    89,6% que sí lo hace, 28,4% afirmó que concurre por lo
    menos a dos cadenas diferentes. La encuesta requirió
    también una calificación de los comercios en una escala
    de uno a diez puntos, aspecto en el que los supermercados aventajaron
    a los almacenes con 8,22 de promedio contra 7,27.

    “Los productos son, cada vez más, commodities; la
    diferencia está en el valor agregado”, opina Miguens. Ese
    valor agregado tiene diversas manifestaciones: variedad,
    estacionamiento, plazos y formas de pago, cadetes, entrega a
    domicilio. “El servicio tiene un costo que se traslada al precio
    final; por eso Norte y Disco son más caros”, sostiene un
    analista del sector.

    Sin embargo, no todos están de acuerdo con la
    teoría de la segmentación. “Lo que más le
    interesa a la gente de cualquier poder adquisitivo es el precio;
    ¿por qué va a pagar más caro lo que puede comprar
    más barato?”, razona Dunand. Coto acepta que “cada uno tiene
    su propuesta”, pero reconoce que la estrategia de su
    compañía “apunta a todo público, y por eso
    competimos en calidad, precio, productos frescos y variedad. En la
    Argentina todos queremos el público de todos”.

    Pero, como la competencia obliga, hace ya algún tiempo
    que Carrefour acepta pagos con tarjeta de crédito,
    después de haberse resistido durante años. Y una vez
    que Wal-Mart instaló una sucursal del Banco Río en su
    supercenter de Avellaneda, el Galicia desembarcó
    rápidamente en Jumbo y Carrefour, y hay varios interesados en
    poner el pie en Coto. Con más imaginación, Norte le dio
    una vuelta de tuerca al asunto y creó su propio centro de
    servicios financieros, con el soporte logístico del Banco
    Liniers Sudamericano, cuyo paquete mayoritario acaba de ser adquirido
    por el Bankers Trust de Estados Unidos. Presente por ahora
    sólo en algunas sucursales, cobra servicios e impuestos, tiene
    cajeros automáticos de la red Link y hasta otorga
    créditos personales y prendarios.

    Todas las fuentes consultadas coinciden en que el desarrollo de
    la actividad, así como la creciente competencia, generaron
    algunos beneficios indudables para los clientes. Uno de ellos es el
    buen estado de conservación de los productos en las
    góndolas, gracias a los modernos sistemas de
    distribución creados como respuesta a la necesidad de una
    rápida rotación de la mercadería. Otro es el
    mejoramiento de la calidad del packaging, producto de la naturaleza
    misma del negocio.

    También la atención en las cajas, reflejo de la
    mayor preocupación de las cadenas por el servicio, y la
    disminución de las colas, merced a la universalización
    del sistema de códigos de barras. Aunque en este sentido
    todavía falta recorrer mucho camino si se considera que en
    Estados Unidos el promedio de permanencia de un cliente en un
    supermercado es de 21 minutos. En la Argentina, todavía,
    muchas veces se emplea ese tiempo, o más, solamente en el
    trámite de la caja.

    Pero no es sólo una cuestión de ineficiencia:
    mientras en París hay un supermercado cada 17.000 habitantes,
    en Chicago uno cada 23.000 y en Santiago uno cada 26.000, en la
    Argentina habrá a fin de este año uno cada 60.000,
    según los datos que brindó el consultor Gualberto
    Arrúa en una reciente exposición en la
    Asociación Argentina de Marketing. Arrúa
    pronosticó que para diciembre próximo habrá en
    el país 31 hipermercados y 150 supermercados, y que para
    acercarse a promedios como los de las ciudades mencionadas
    deberían agregarse unos 20 híper y 100 súper.
    “Esto ratifica que no es un mercado saturado: estamos a la mitad del
    camino de este desarrollo”, dijo.

    Sólo que el futuro no será solamente más
    de lo mismo. Habrá nuevos formatos comerciales, como el hard
    discount, centros de “por lo menos 10.000 metros cuadrados con cero
    servicio”, según los describe un especialista. Esa modalidad
    está muy extendida en Europa, donde, en varios países,
    llega a concentrar cerca de 25% de las compras de alimentos y otros
    productos envasados que se pueden conseguir a precios muy bajos:
    hasta 30% inferiores a los del mercado.

    La compañía francesa Promodes, propietaria de las
    cadenas Continente y Día, es la líder del segmento,
    seguida de cerca por los grupos Pryca y Alcampo. “En Francia hay hard
    discounts instalados a 300 o 400 metros de los supermercados, en
    condiciones de competencia durísimas”, afirma Mirenna. Aunque
    ya lleva algún retraso, puesto que se esperaba para fines del
    año pasado, se sigue considerando inminente la llegada de
    Día a la Argentina. Según fuentes del sector,
    estaría gestionando la compra de la cadena cordobesa
    Supermercados Americanos.

    Lo que aún no se sabe es si el teleshopping será
    un nuevo nicho o una nueva competencia. De hecho, la empresa Virtual
    Market ya desarrolló en Buenos Aires un supermercado virtual
    que permite ordenar la compra vía Internet. Fue
    diseñado a fines del año pasado para dos locales de
    alcance barrial, con una cobertura inicial de 140 manzanas a la
    redonda. Se trata de La Gran Canasta, en Caballito, y Todo, en Barrio
    Norte, aunque en este caso ya es pasado: la cadena neuquina que era
    propietaria del local acaba de vendérselo a Disco.

    Puesto a vislumbrar lo que puede deparar el futuro, un analista
    del sector se entusiasma: “En algunos casos, hasta
    desaparecerá el cajero”.

    Tal vez no sea exagerado suponer que, en poco tiempo
    más, los carritos cuenten con un scanner y un dispositivo para
    las tarjetas de crédito o de débito automático.
    Pero eso parece estar demasiado lejos de la Argentina, donde
    todavía algunos supermercados no permiten que los consumidores
    saquen una calculadora para ir controlando el monto de su compra,
    porque temen que estén tomando información competitiva.

     

    III. ¿SON LA RUINA DE LOS PEQUEÑOS
    COMERCIANTES?

     

    Todo indica que sí. Miguens tiene una explicación
    casi filosófica: “Lo que estamos viviendo en la Argentina es
    el choque entre la modernidad y la historia”. Con dos agravantes: el
    proceso de modernización de los sistemas comerciales se
    está cumpliendo mucho más aceleradamente que en otros
    países, y el sector minorista tradicional estaba
    sobredimensionado. “Hay una fuerte similitud diagnosticó
    Arrúa durante su exposición en la Asociación
    Argentina de Marketing entre el modelo español y el
    argentino; la gran diferencia es que el crecimiento que en
    España demoró 20 años, aquí
    ocurrió en cinco.”

    La consultora Diana Matassa, una de las principales analistas
    locales del sector de canales de distribución, opina que “sin
    duda, el crecimiento de los supermercados genera el cierre o el
    aggiornamiento de los pequeños negocios”. Agrega que
    “podrán convivir con los grandes aquellos que logren encontrar
    un perfil que los diferencie, en tanto otros no podrán
    competir y cerrarán”. De todos modos, advierte que
    “está claro que inexorablemente serán menos en la
    medida en que los formatos grandes crezcan”.

    Miguens recuerda que, según los datos del Censo Nacional
    de Población, en 1994 había 530.000 comecios
    minoristas, lo que determinaba una tasa de menos de 63 potenciales
    clientes por negocio, mientras en Estados Unidos esa relación
    es de 1.400/1. “Hubo una explosión del cuentapropismo y el
    consumidor no está dispuesto a soportarlo; muchos negocios
    cierran porque no son eficientes, porque el país crece a una
    tasa baja y porque hay cada vez más hipermercados”, sostiene.

    Claro que, según Miguens, los súper no son los
    únicos malos de la película: “La incorporación
    de tecnología dice también es otro factor de cierre
    de fuentes de trabajo. Así como las ART dejaron abogados sin
    trabajo, Bimbo causó el cierre de panaderías. Eso no es
    culpa de los hipermercados, que son producto de la evolución
    natural de los tiempos”.

    Osvaldo Cornide, presidente de la Coordinadora de Actividades
    Mercantiles Empresarias (Came) una de las varias cámaras que
    representan al comercio minorista, tiene una visión
    más dramática. En noviembre pasado, al celebrar el
    Día Nacional del Comercio, dijo ante el vicepresidente Carlos
    Rucakuf que “se han perdido más de 300.000 puestos de trabajo,
    50.000 empresas han debido cerrar por la competencia desleal y el
    fisco perdió más de $ 3.000 millones en impuestos”.

    Días después de ese discurso, la Came
    acusó públicamente a la DGI, los bancos y las empresas
    emisoras de tarjetas de crédito por discriminación
    hacia los pequeños comercios. Según la entidad, la DGI
    les cobra alícuotas de 5% adicional de IVA sobre las compras
    de mercaderías y de 6% por cada venta con tarjetas de
    crédito, que las grandes cadenas no tributan; las emisoras de
    tarjetas les cobran comisiones de 8% a 10% contra 2% que les cobran a
    los híper, y los bancos les aplican tasas de interés
    mensual de 2% a 4,5%, frente a 0,75% que imponen a los grandes.

    En su momento, Bolo dijo que “son cuestiones de
    negociación entre los supermercados y las tarjetas de
    crédito” y Mirenna fue más duro: “El supermercadismo no
    tiene por qué reconocer si tiene ventajas. Cada sector debe
    encontrar sus soluciones y no esperar que venga otro a solucionarle
    los problemas”. El diagnóstico de Dunand no es meno duro: “El
    comercio minorista dice busca culpables en los supermercados, pero
    no va a arreglar su situación. Debe modernizarse y
    transformarse para ser atractivo y competitivo”.

     

    Regulación: ¿mucho, poquito o
    nada?

     

    Lo cierto es que semejante panorama inspiró un
    puñado de proyectos de regulación. El más
    conocido es el que impulsa el ministro de la Producción y el
    Empleo de la provincia de Buenos Aires, Carlos Brown, quien pretende
    concentrar en su cartera la autoridad para habilitar nuevas
    instalaciones de todo establecimiento comercial de más de
    1.500 metros cuadrados de superficie. Actualmente, esa facultad es
    potestad de los municipios.

    Pero es evidente que Brown no cree en la vocación de las
    autoridades comunales para aplicar las disposiciones vigentes, ya
    que, según afirma, “70% de los supermercados habilitados en el
    Gran Buenos Aires han sido consecuencia de excepciones a las mismas
    normas que los concejos deliberantes habían sancionado
    anteriormente”, y agrega que “esas limitaciones fueron sorteadas por
    la fuerza de la práctica y de los lobbies”.

    Al cierre de esta edición, el proyecto de Brown iba a
    ser girado a la Legislatura provincial para ser tratado en sesiones
    extraordinarias. Mientras tanto, el 5 de febrero el gobernador
    Eduardo Duhalde decidió prohibir por decreto cualquier
    excepción a las normas de planeamiento urbano en todo el
    territorio bonaerense. Por otra parte, desde fines del año
    pasado tiene media sanción un proyecto del senador provincial
    Alberto Balestrini (PJ), que postula suspender por 120 días la
    radicación de hipermercados en toda la jurisdicción
    bonaerense. Pero fuentes próximas a Duhalde anticiparon a
    MERCADO que esa iniciativa no tiene futuro. Por su cuenta, varios
    municipios entre ellos los de Berazategui, San Fernando, La Matanza,
    General Pueyrredón, Escobar y Quilmes dictaron medidas
    restrictivas o directamente prohibitivas para la instalación
    de grandes centros comerciales.

    “No estamos en contra de los sistemas modernos de
    comercialización, pero hay que ser cuidadosos para evitar
    efectos traumáticos y falta de igualdad de oportunidades”,
    advierte Brown.

    Casi idéntico es el argumento de Storani, autor de un
    proyecto de ley que tiene muchos puntos de contacto con el de Brown
    y que cuenta con el antecedente de un conjunto de proyectos de
    resolución del concejal platense Héctor Navarro (UCR),
    pero que debió aguardar el reciente comienzo del
    período ordinario de sesiones para su presentación. “De
    ningún modo hay que ahuyentar inversiones ni posibilidades de
    crecimiento, pero hay que seguir la tendencia de los países
    centrales, que han tenido que regular la actividad por su propia
    experiencia”, explica el diputado nacional. “En la Argentina, el
    sector ha crecido al compás de un capitalismo salvaje, sin
    niveles mínimos de planificación y con trazos oscuros
    en su desarrollo.”

    Brown y Storani coinciden en señalar inequidades entre
    las cadenas y los pequeños comercios minoristas, y en proponer
    diferentes categorías tributarias según el
    tamaño de las empresas. Coto no lo ve con buenos ojos: “Los
    legisladores atienden demasiado a los pequeños comerciantes,
    pero no a la evolución de los sistemas de
    comercialización”, afirma. Tampoco cree en todas las
    desventajas de los más chicos: “Es mentira dice que el
    comerciante chico no tiene capacidad de negociación por
    razones de volumen. En Europa, sobre todo en los países
    anglosajones, funcionan con éxito cooperativas de compra que
    consiguen precios excelentes. Acá mismo funcionó
    durante muchos años la Cooperativa de Almaceneros (Codal),
    hasta que la fundieron”.

    También Dunand tiene argumentos para oponerse.
    “Sólo dos países en el mundo asegura tienen
    legislación reguladora de la actividad: Francia, que tiene 223
    metros cuadrados de supermercados por habitante, y España, con
    un índice de 115 metros; en la Argentina hay apenas 21 metros
    cuadrados por habitante”. El presidente de Carrefour acepta que
    “quizá la modernización del comercio se hizo demasiado
    rápido; si las autoridades creen que es así, que
    dispongan una impasse de, por ejemplo, un año, pero no una ley
    que cree regulaciones; además, en los proyectos de ley que
    están en danza no se le pidió su punto de vista al
    consumidor”.

    La directora de la Liga Acción del Consumidor (Adelco),
    Ana María Luro Rivarola quien, como Miguens, integró
    el último gabinete de Martínez de Hoz, en su caso al
    frente de la Dirección de Prensa del Ministerio de
    Economía, tampoco está de acuerdo con el proyecto de
    Brown. “Lo que resulte más conveniente para el consumidor
    escribió en La Nación del 9 de enero pasado
    será lo que tendrá más éxito. Con ese
    criterio, no sería aconsejable instalar cuatro farmacias en un
    barrio, o cinco zapaterías. Este tipo de regulaciones tiende
    hacia abajo y no a ampliar el comercio y las facilidades del
    consumidor”.

    Los defensores de las regulaciones citan el caso de
    Japón, donde los hipermercados no pueden vender productos
    frescos, bebidas alcohólicas ni medicamentos, en virtud de una
    norma que protege a farmacias, pescaderías, verdulerías
    y otros pequeños comercios minoristas.

    “Aún hay lugar para el almacén, pero sólo
    si se transforma”, advirtió meses atrás Garriga. Coto
    coincide: “Si un almacenero, un carnicero o un pescadero dice hacen
    su negocio de proximidad con toda la tecnología, van a tener
    su mercado, como sucede en España, donde 85% de las compras se
    hacen en supermercados y 15% en mercados especializados de sector”.

    El coordinador internacional de Relaciones Públicas de
    Wal-Mart, Gerardo Ruiz, sostiene que los pequeños comercios
    “no deben intentar competir con los supermercados, sino ofrecer
    servicios diferenciados”, puesto que “si un negocio tiene una
    tradición de excelencia en el servicio y en los productos, va
    a perdurar, no importa quién sea su competidor ni cuál
    sea su tamaño”.

    Miguens cree que el minorista que sobreviva “tendrá la gran
    oportunidad de agregar valor por el lado del servicio” y subraya que
    “a los maxikioscos, autoservicios y convenience stores de las
    estaciones de servicio les va muy bien”.

     

    IV. ¿EXPLOTAN A LOS PROVEEDORES?

     

    La relación entre las cadenas de supermercados e
    hipermercados y las empresas proveedoras de mercadería es uno
    de los terrenos más espinosos de la actividad. Tanto lo es,
    que muy pocos analistas imparciales y ningún directivo del
    sector industrial aceptan hablar oficialmente sobre el tema. Para la
    elaboración de este informe, MERCADO consultó a muy
    altos ejecutivos algunos de ellos con importantes cargos en las
    cámaras empresarias de sus respectivos sectores de cinco de
    las diez principales compañías proveedoras de los
    supermercados; todos ellos aceptaron hablar con la condición
    de que se mantuviera reserva sobre sus identidades y las de las
    empresas en que trabajan. Algo similar sucedió con dos
    importantes analistas del sector.

    El punto central de la discordia es el súbito cambio en
    la relación de poder entre cadenas y proveedores, lo que
    obligó a los últimos a adaptarse a las necesidades de
    aquéllas en cuestiones tan críticas como existencias,
    logística, márgenes de rentabilidad y procesos de
    ajuste. El tema fue incluso motivo de análisis en la
    reunión que el Foro Económico Mundial celebró en
    junio del año pasado en Buenos Aires. En la ocasión,
    top managers de las principales empresas industriales del mundo
    coincidieron en la necesidad de diseñar estrategias adecuadas
    para enfrentar el desafío. “La palabra explotación no
    sería la correcta opina Matassa, pero es indudable que la
    relación ha cambiado y que el peso, en la mesa de
    negociaciones, se ha inclinado hacia las grandes cadenas.”

    Off the record, sin embargo, los proveedores se quejan y
    algunas voces imparciales los avalan no sólo de que las
    cadenas venden productos por debajo del costo, sino que
    periódicamente les envían notas de crédito, los
    obligan a aportar mercadería gratis para la apertura de cada
    nueva boca, les cobran el alquiler de cada centímetro de
    góndola y les hacen financiar viajes, fiestas y exposiciones.
    El ejecutivo principal de una gran multinacional de la
    alimentación describe su visión del panorama: “Frente a
    las compañías chicas, las grandes cadenas tienen una
    posición dominante de mercado e imponen condiciones de
    abastecimiento y precios arbitrarios. Con todas, grandes y chicas,
    manipulan fechas de vencimiento y pagan cuando quieren, con lo que
    construyen sus colchones financieros”.

    Casi todos los entrevistados dan por cierta la versión
    que asegura que Wal-Mart, apenas llegado a la Argentina,
    amenazó a Gillette después se sabría que
    repitió la operación con un grupo de multinacionales
    norteamericanas líderes con que si no le bajaba los precios,
    importaría la mercadería de otros países. La
    leyenda agrega que cuando los jefes de las filiales argentinas
    llamaban a sus casas matrices para informar, desde allí les
    ordenaban con desesperación que aceptaran, porque de otro modo
    ellas sufrirían la represalia, con volúmenes obviamente
    mucho más grandes. Dos de los ejecutivos de la industria
    coincidieron en que, con el tiempo, Wal-Mart fue suavizando su
    agresividad inicial.

     

    Titanes en el ring

     

    El tema de las ofertas a pérdida generó decenas de
    roces entre cadenas y proveedores. Hace años se publicó
    que en 1993 varias empresas de primera línea entre ellas
    Unilever, Molinos, Nestlé y Quilmes se enfrentaron seriamente
    con Carrefour por esa razón. En uno de esos casos, la cadena
    dejó las góndolas vacías y colocó
    carteles en los que responsabilizaba del desabastecimiento al
    productor. Solicitadas, cartas-documento y abogados mediante, el
    conflicto se solucionó al cabo de tres semanas, con la promesa
    formal del híper de no repetir la maniobra, lo que hasta ahora
    se cumplió. Lo que duró bastante más de tres
    semanas fueron las explicaciones que la compañía
    afectada debió darles a los demás supermercados y a los
    distribuidores mayoristas.

    Una de las fuentes empresarias aseguró que una importante
    multinacional del sector alimentario tuvo problemas con Coto, cuando
    la cadena decidió ofrecer uno de sus productos líderes
    a menos del costo. Según otro de los informantes, ni el propio
    presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Jorge
    Blanco Villegas, se salvó de los precios predatorios: no hace
    mucho, una cadena le compró a Philco 1.000 heladeras y las
    vendió huelga decir que casi inmediatamente a 20% por debajo
    del costo. Otro ejecutivo aseguró que durante el efecto
    tequila todas las grandes cadenas difirieron pagos.

    También es frecuente escuchar relatos de casos en los
    que empresas que se negaron a venderle a una cadena detectaron luego
    que su producto estaba en esas góndolas. Un ejemplo es el de
    uno de los más grandes grupos bodegueros locales, que, pese a
    que no quiso proveer a Carrefour de su línea de vinos
    más finos, un buen día los descubrió en los
    anaqueles de una sucursal del híper. Obviamente, el recurso
    fue la triangulación a través de algún
    distribuidor mayorista.

    En una entrevista publicada hace un par de meses por la revista
    especializada Autoservicios, Supermercados & Almaceneros, Castro
    el presidente de Unilever de Argentina opinó que las guerras
    de precios “son un mecanismo anormal dentro de la competencia”.
    Agregó que “en muchos casos se deteriora el posicionamiento de
    las marcas y la capacidad de innovación de la industria”. Con
    respecto de los precios predatorios, opinó que son “medios no
    éticos”.

    Un colega de Castro ensaya una reflexión más
    comprensiva. “Las cadenas dice tienen una expectativa natural de
    generar recursos y utilidades para volcarlas a la expansión.
    Es parte de las reglas de juego. El sentido de las notas de
    crédito que envían unilateralmente es garantizar sus
    expectativas de margen. Pero es difícil seguirles el tren:
    para la apertura de una nueva boca están pidiendo 2% de la
    facturación total del proveedor en toda la cadena.” Guil
    critica la práctica de remitir notas de crédito a los
    proveedores: “Es incorrecto de parte de quien las envía, pero
    más aún de parte de quien las acepta, porque contribuye
    a distorsionar la competencia”.

    Cuando se le pide su opinión sobre el tema, Dunand es
    categórico: “No recibo estas quejas que usted dice responde;
    no obligamos a nadie a trabajar con nosotros. Carrefour es muy duro
    para negociar, muy exigente con las condiciones, pero cumple con lo
    pactado. Tenemos dos objetivos, que son obtener beneficios para
    trasladar al consumidor y aprovechar las ventajas de la
    distribución moderna. Pero, a largo plazo, nuestras exigencias
    benefician al proveedor”.

    Coto, por su parte, argumenta que “en la relación entre las
    cadenas y la industria debe haber ética. Yo no puedo tomar una
    marca que tiene 50 años y romperla poniéndola por
    debajo del costo. Nosotros tenemos éxito en la
    negociación y jamás la traicionamos. Se discute muy
    fuerte pero después se cumple. Alguna vez dejamos de comprar
    alguna marca líder. No acostumbramos a enviar notas de
    crédito a nuestros proveedores, salvo casos de defectos en el
    packaging o en el palletizado”.

    “En el comercio se sincera Coto, nadie es lento. Lo de la
    mercadería gratis para las inauguraciones de nuevas bocas es
    cierto. Es parte de la negociación. Si a la empresa no le
    conviniera, ¿por qué me lo da? Y acerca de las
    triangulaciones, tampoco seamos ingenuos: para venderle a una cadena,
    un distribuidor mayorista necesita un volumen que no maneja
    habitualmente; si el productor lo abastece, ya sabe cuál es el
    destino de esa mercadería, aunque después finja
    inocencia”.

     

    ¿Quién tiene el poder?

     

    Paciarotti coincide con Guil y con algunos proveedores en que es
    común que las cadenas y las fábricas acuerden ofertas,
    pero nunca por debajo del costo. “Hoy, los supermercados concentran
    65% de las ventas totales. Eso nos da margen para negociar cosas que
    hace cinco o diez años no podíamos. En esa
    época, otros canales, como los distribuidores mayoristas,
    tenían más poder. Pero ahora el poder no lo tenemos
    nosotros, lo tiene el consumidor que nos vota todos los días.”

    Mirenna es terminante: “No hay imposición de precios, hay
    negociación. Les va mejor a las empresas que se dieron cuenta
    de que cambió el poder. Porque, ¿cuántas
    industrias facturan hoy más de $ 1.000 millones al año,
    como la mayoría de las grandes cadenas?”.

    Y allí no terminan los problemas. Un veterano analista,
    que se jacta de ser una de las personas mejor informadas sobre el
    sector, agrega datos a la lista: “Además de los
    márgenes que se les reducen, de los precios predatorios y de
    lo que les piden para la inauguración de cada boca, los
    proveedores tienen que aportar todos los años a las jornadas
    provinciales del supermercadismo, en junio, y a las nacionales, en
    septiembre. Tener presencia allí, con un stand y todo lo
    necesario, no cuesta menos de $ 50.000. Cada dos años
    está la fiesta de la CAS. En la última, La
    Serenísima puso $ 100.000 para traer a (el cantante venezolano
    José Luis) El Puma Rodríguez. Y están los viajes
    al FMI (Food Marketing International), en Chicago, todos los
    años”.

    Sin embargo, no todo es confrontación. Guil y Paciarotti
    destacan que, gracias a la estabilidad de la economía, sus
    respectivas cadenas acuerdan pautas anuales de trabajo con sus
    proveedores. “Antes recuerda el presidente de Norte había
    que hablar todos los días y cada negociación era una
    orden de compra distinta.” El director de Disco se enorgullece de que
    esa cadena sea la única que todos los años celebra una
    convención anual con sus proveedores. “Nos encerramos con
    representantes de las 1.200 empresas que nos abastecen para discutir
    y analizar errores, planes y proyectos.”

    El director ejecutivo de la consultora Claves Información
    Competitiva, Nelson Pérez Alonso, coincide con Matassa en
    destacar que últimamente han nacido alianzas entre cadenas y
    fábricas que superan la negociación por el precio y
    alcanzan a criterios de desarrollo conjunto, por ejemplo en lo
    relativo a distribución física y desarrollo de marcas
    de distribuidores.

    Según Pérez Alonso, los productos exclusivos “son de
    importancia para el supermercadista porque le permiten mejorar su
    imagen, brindar un mejor servicio y obtener mayores márgenes
    de rentabilidad”.

    Sin embargo, el fenómeno de las marcas propias (lo que
    no quiere decir que el nombre sea el mismo de la cadena, como es el
    caso de Disco y Bell´s, ni que la elaboración de los productos
    esté siempre a cargo de la propia cadena) no ha tenido el
    desarrollo que se preveía hace un par de años. Tampoco
    hay un modelo para proyectar: según Matassa, en el Reino Unido
    las marcas propias representan 40% de las ventas de los súper;
    en Francia y Estados Unidos, menos de 20%, y en España e
    Italia no llegan a 10%.

    ¿Los proveedores tienen alternativas para protegerse? Un
    analista cita el caso de Chile, donde en octubre del año
    pasado se formó la Cámara del Proveedor. “Acá
    están nucleados en la UIA y en la Copal, pero tienen miedo”,
    sostiene otra fuente. “Supongamos que le vendo 25% de mi
    producción a una gran cadena reflexiona un ejecutivo; si
    dejo de venderle, tengo dos problemas: no sólo pierdo mi
    principal vidriera, sino, ¿quién me va a comprar el
    volumen que dejé de vender?”

    Quienes tienen más razones para preocuparse son los
    productores que no cuentan con marcas líderes. “Saben que si
    la tendencia no para, van a convertirse en façonniere de las
    cadenas”, sostiene Miguens. “Las marcas son la gran defensa del
    productor frente al consumidor y a las cadenas sostiene un
    analista; hay una docena de marcas que los súper no pueden
    dejar de tener porque están muy arraigadas en la mente del
    consumidor. En algún momento llegó a haber en el
    mercado 80 marcas distintas de cerveza; hoy hay menos de la tercera
    parte. Los grandes perdedores de este negocio serán los que
    tienen marcas débiles.” En parte, Guil coincide: “Un producto
    lo hace cualquiera; lo que vale es la marca”.

     

    V. ¿GENERAN TRABAJO REALMENTE?

     

    Si se considera que se trata de una actividad en expansión,
    es obvio que sí. Si se toma en cuenta que la aparición
    de nuevas bocas genera el cierre de numerosos pequeños
    comercios, también es obvio que destruye fuentes de trabajo.
    Lo que es difícil de determinar, porque nadie lo mide
    aún ni siquiera el Ministerio de Trabajo, en cuya oficina de
    prensa admiten que no hay ningún informe ni relevamiento que
    involucre al sector, es si el saldo resulta positivo o negativo. Y
    lo que también está en discusión es la calidad
    del empleo que producen las cadenas.

    “Es fácil determinar cuántos empleos generan en
    forma directa y se pueden estimar los indirectos en la etapa de
    construcción, pero es difícil calcular cuántos
    se destruyen”, opina Matassa, quien sostiene que “lo que está
    en juego es la modernización del comercio, que tiene costos
    que para algunos pueden ser altos”.

    Seguramente, para este análisis no es un dato menor
    recordar la diferencia que marcó Arrúa con respecto al
    ritmo de desarrollo de la actividad : lo que en España
    demandó 20 años, en la Argentina se hizo en cinco. “Si
    la economía creciera sostenidamente a un índice anual
    de 6% o 7%, la destrucción de empleo que generan las cadenas
    no molestaría; pero si la tasa de crecimiento es de 3%, como
    ahora, sí se siente”, opina Miguens.

    El problema se amplifica exponencialmente: antes, los
    supermercados podían afectar básicamente a los
    almacenes y a las perfumerías. Ahora compiten con casi todos
    los rubros del comercio. “Arredo fue destrozado por Carrefour, y eso
    va a pasar en todos los sectores; ahora, que se preparen las
    librerías”, advierte un analista. La mención del caso
    de Arredo no es arbitraria: los comercios que tienen locales en
    shoppings en los que hay instalados hipermercados no están
    precisamente felices. Según fuentes de uno de los principales
    centros comerciales porteños, el día en que el
    hipermercado está cerrado, sus locales facturan el doble que
    lo habitual. Por esa razón, agregó la fuente,
    difícilmente prospere el hábito de instalar un
    híper como tienda ancla de un shopping.

    La consultora internacional Dun & Bradstreet calculó
    que los supermercados concentran 65% de las ventas de productos
    alimenticios pero sólo ocupan a 10% de los empleados del
    comercio. Un analista del sector opina que “es indudable que,
    técnicamente, los súper y los híper son fuentes
    de empleo, pero también es cierto que, básicamente, son
    demandantes de mano de obra no calificada”.

    “Es cierto que las cadenas traen capitales, pero los traen en
    activos fijos y en instalaciones que sólo son galpones con
    aire acondicionado; en materia de empleo, el personal tiene una
    enorme movilidad; allí sí que hay
    flexibilización”, opina Brown, quien sostiene que en la
    localidad bonaerense de San Martín, la instalación de
    dos híper en los últimos años generó
    1.500 empleos pero destruyó 8.000, y que en La Plata la
    habilitación de un Carrefour provocó un saldo negativo
    de 3.300 a 3.500 fuentes. El ministro asegura que “gran parte” de las
    11.000 personas que el mes pasado respondieron al llamado de Wal-Mart
    para cubrir 800 vacantes en la capital provincial “dijeron que son ex
    propietarios de comercios minoristas quebrados”.

    También Storani mencionó “la precarización
    de las condiciones laborales” como una de las cuestiones que
    inspiraron su proyecto de ley para regular la actividad de los
    supermercados. Según el diputado nacional, “hay centenares de
    denuncias” de casos que probarían que al menos una cadena
    adoptó como práctica habitual la contratación de
    empleados sólo por el período legal de prueba, para
    luego repetir la maniobra evitando que adquirieran estabilidad.

    Preocupado por la destrucción de empleo que,
    indirectamente, genera la expansión de los supermercados, en
    un contexto de creciente desocupación general, el gobierno
    nacional elaboró el Programa Belgrano de Modernización
    del Comercio Minorista. Concebida a mediados del año pasado
    por la Secretaría de Comercio e Inversiones que encabezaba
    Marcelo Regúnaga, en tiempos de Domingo Cavallo, la iniciativa
    fue expresamente ratificada por el secretario de Industria, Comercio
    y Minería de la gestión de Roque Fernández,
    Alieto Guadagni.

    El plan, cuyos aspectos instrumentales están a cargo del
    subsecretario Garriga, se propone brindar asistencia técnica,
    informática e impositiva, así como una red informativa,
    a un sector que aún emplea a más de 1.500.000 personas.
    Los analistas consultados señalaron que no se vislumbran
    todavía resultados importantes. En el marco del programa se ha
    editado un volumen que ilustra sobre las alianzas estratégicas
    y una nutrida guía de casos nacionales y regionales. Todos
    reconocen la formidable recopilación de información
    estadística realizada por los responsables del plan, lo que
    constituye un marco de referencia casi sin precedentes para el
    análisis del sector.

     

    VI. ¿ESTROPEAN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS
    CIUDADES?

     

    Tampoco en este caso se encuentra una respuesta terminante. Sobre
    todo, porque no hay un concepto uniforme de calidad de vida. En este
    sentido, los criterios de los urbanistas suelen ser bastante
    diferentes de los de las entidades que representan a los
    consumidores.

    Juan Manuel Borthagaray quien fue decano de la Facultad de
    Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos
    Aires entre 1986 y 1994 sostuvo en una reciente entrevista: “El
    desarrollo urbano va de la mano de la realidad social y
    económica. El actual statu quo ni siquiera logra defender la
    lógica de mercado del sistema capitalista. Producimos cosas
    mejores y más baratas, pero para eso necesitamos tan poca
    gente y a menudo con salarios tan bajos que, finalmente, nadie tiene
    dinero en el bolsillo para activar el mercado. Si este proceso
    continúa, la ciudad va a seguir deteriorándose: por una
    parte habrá más espacios privados y bien cuidados; por
    otra, zonas de supervivencia con una falta de servicios y un nivel de
    inseguridad mayúsculos”.

    Borthagaray agregó: “No está mal sentirse bien. Es
    lógico que entre ir de compras a una galería en la que
    en pleno verano los negocios tiran el aire caliente al pasillo
    común o pasear en una calle donde le pueden dar un
    manotón y robarle, la gente elija un centro comercial con
    temperatura agradable, calles internas en perfecto estado, seguridad.
    Pero el tema es la política pública que habría
    que realizar para que ésa no sea la única
    opción; si no, vamos a ser prisioneros de los lugares
    cerrados”.

    Una posición similar defiende el subsecretario de
    Planeamiento Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
    Carlos Lebrero, quien opina que “el principal impacto ambiental de
    los hipermercados, que son espacios privados y controlados para las
    compras, es el vacío comercial en las calles”, y advierte que
    “la pérdida de actividad urbana, tanto en los barrios como en
    los centros, es peligrosa porque puede provocar una
    disminución de la seguridad y de la calidad ambiental”.