Francia
En octubre de 1994, el primer ministro Edouard Balladurd se vio obligado a impulsar modificaciones a la legislación
anticorrupción y al mecanismo de financiamiento de partidos políticos. Dos ministros de su gabinete, el de Comunicaciones
y el de Industria, debieron renunciar y están bajo investigación por recibir, supuestamente, contribuciones ilegales de
empresas privadas.
Muchos ejecutivos de empresas que prestan servicios públicos (como la Lyonnais des Eaux, socia de Aguas Argentinas en
nuestro país) y contratistas de obras públicas han sido llamados a declarar sobre la forma en que obtuvieron sus respectivos
contratos.
Conocidas figuras como el presidente de Schneider o el de Alcatel Alsthom sufrieron breves detenciones en medio de
operativos espectaculares con gran resonancia pública mientras siguen investigados. El primero acusado de defraudar a
accionistas minoritarios; el segundo, supuestamente por distraer fondos de la empresa en trabajos en su residencia
particular.
La iniciativa de los jueces en este campo y el despliegue de publicidad que la acompaña tienen aterrorizados a
muchos prominentes empresarios. La reacción en el mundo de los negocios transita dos direcciones: más presencia
de códigos éticos y de organismos de control, y una revisión del exagerado poder que se atribuye a la figura del
presidente-director general. La creencia generalizada es que los presidentes dominan a los directorios, en lugar de
que ocurra lo contrario.
Italia
Después de tres años, en el curso de los cuales toda una dirigencia política quedó en el camino y en que centenares de
hombres de negocios resultaron con su prestigio muy lesionado, la opinión pública italiana vive una gran frustración. Los
operativos de mani pulite no finalizan en condenas ejemplares.
Durante 1994, las principales novedades fueron las acusaciones judiciales contra el ex primer ministro Silvio
Berlusconi por prácticas corruptas de su holding Fininvest. La réplica de Berlusconi fue enviar inspectores del
Ministerio de Justicia a vigilar e indagar a los magistrados denunciantes.
La primera etapa permitió decapitar a toda una dirigencia política y exponer los vínculos corruptos entre una clase
empresaria y una clase política. Ese vendaval significó el triunfo de Forza Italia, el partido formado por Berlusconi, en
marzo del año pasado. El hermano de Berlusconi, Paolo, admitió ante la Justicia haber pagado coimas por valor de US$ 200
millones a la policía financiera, para que las inspecciones sobre Fininvest no revelaran irregularidades.
Japón
Durante el año pasado, el primer ministro Morihiro Hosokawa debió renunciar por lo que para los estándares nipones
pareció una falta leve. Había aceptado préstamos personales de una empresa vinculada a la mafia.
Más espectacular, en cambio, fue el arresto y juicio del ex ministro de Construcción, Kishiro Nakamura. El caso es sobre
sobornos pagados por 30 compañías constructoras a docenas de dirigentes políticos.
Estados Unidos
Una poderosa y legendaria figura del Congreso, Dan Rostenkowski, presidente de una de las comisiones más influyentes del
Capitolio, fue acusado de malversación de fondos legislativos. Luego fue derrotado en las elecciones.
El ex secretario de Agricultura, Mike Espy, debió renunciar entre acusaciones de haber recibido pequeños favores del
lobby agrícola, al que supuestamente debía regular.
Como telón de fondo se siguió desarrollando el caso Whitewater, donde la acusación no probada todavía es que hubo
dinero clandestino procedente del mundo de los negocios que contribuyó a las campañas políticas del entonces gobernador
de Arkansas y hoy presidente de Estados Unidos, Bill Clinton.
Muchos miembros del Congreso están bajo investigación por el presunto delito de haber recibido fondos no legales para
ayudar en sus respectivas campañas políticas.