Si antes de lanzarse a la reconquista de Kuwait los estrategas de Operación Tormenta del Desierto hubieran calculado el IPE de su plan, el resultado los hubiera reconfortado. Hubieran obtenido un puntaje de 65,15, por encima del umbral del éxito. Si los planificadores del Proyecto Taurus, un emprendimiento de renovación cibernética en la bolsa de valores de Londres, hubieran hecho lo
mismo, el resultado hubiera sido 26: clara advertencia del probable fracaso que, en la práctica, se produjo estrepitosamente en 1992.
¿Qué es el IPE? La sigla corresponde a Indicador de Probabilidad de Exito (en inglés, Probability of Success Indicator, o PSI). Ya adoptada por la Borland International como procedimiento rutinario para todos los proyectos de su centro de información europeo, se trata de un esquema de pasmosa sencillez que puede ser utilizado por empresas de cualquier dimensión, o incluso por individuos para proyectos personales.
Consiste esencialmente en un interrogatorio sobre cinco aspectos del proyecto: la meta, el plan, la conducción, la asignación de tareas y la previsión de margen de error. A cada uno de éstos se le asigna un puntaje; sumados, darán una cifra entre 0 y 70 puntos. El umbral de éxito está en los 40 puntos: los proyectos con menos tienen escasa probabilidad de éxito; de 40 para arriba, la
probabilidad aumenta con el margen de exceso.
El autor del IPE, Fergus O´Connell, fundador de una empresa consultora (ETP, basada en Dublín), destaca que no ha descubierto la pólvora: el cuestionario está basado en observaciones de sentido común que debieran hacerse habitualmente, pero que muy a menudo son olvidadas. La única advertencia seria que hace es que el IPE depende de la veracidad de las respuestas: “Si se introduce basura, lo único que se obtendrá es basura”.
(Fergus O´Connell es autor de un libro, How to Run Successful Projects, que acaba de ser publicado por Paramount Publishing International/Prentice Hall).
METODO PARA CALCULAR EL IPE.
Interrogarse sobre cada uno de los siguientes puntos:
1. Meta.
Debe estar definida clara e inequívocamente. Debe contener especificaciones actualizadas y detalladas para cada nivel.
(Asignarse un puntaje de 0 a 20).
2. Plan.
Debe incluir todos los pasos exigidos por la realización del proyecto, definiendo cada tarea y permitiendo calcular cómo se empleará cada hora-hombre.
(Asignarse un puntaje de 0 a 20.)
3. Conducción.
Debe haber una sola persona investida de responsabilidad por todo el proyecto, y de la autoridad para exigirles cumplimiento a todos los demás que estén involucrados.
(Si no existe tal persona, o si la responsabilidad es compartida por dos personas, o está en manos de una comisión, asignarse un puntaje de 0. Si existe, en función de sus atribuciones asignarse un puntaje de 1 a 10).
4. Asignación de tareas.
Cada tarea debe tener un responsable (o responsables) designados.
(Asignarse un puntaje de 0 a 10).
5. Margen de error.
Debe existir una idea clara de las expectativas creadas, y del margen de maniobra que existe en caso de no satisfacerlas plenamente. Debe haber alternativas previstas en caso de fracaso.
(Asignarse un puntaje de 0 a 10. En el caso de que el proyecto se juegue a todo o nada, restarle 15 puntos al total acumulado con las demás respuestas).
Resultado: Sumar los resultados parciales; esto da el IPE.
(Si el IPE es cercano a 40, existe posibilidad de que el proyecto tenga éxito, pero raspando. De 40 a 70, probabilidad creciente de éxito. De 40 para abajo, empezar a pensar de nuevo).
GOBIERNO Y EMPRESA FORJAN UNA ALIANZA.
Ante el temor de que Estados Unidos esté perdiendo su ventaja tecnológica frente a la competencia extranjera, la Casa Blanca ha puesto especial énfasis en forjar una alianza entre el mundo de los negocios y el vasto aparato de investigación y desarrollo del gobierno. El objetivo: reducir el tiempo
que lleva mover una idea desde el laboratorio hasta el mercado comercial. Según la matriz de la nueva filosofía oficial sobre investigación y desarrollo, el gobierno federal se convertirá en socio activo de la empresa en cuanto a apoyar el desarrollo, la comercialización y el lanzamiento de nueva tecnología.
Algunos observadores (especialmente los europeos, trenzados desde hace años en disputas comerciales con Estados Unidos) han puesto el grito en el cielo: son claramente subsidios -dicen- y una nueva manifestación de proteccionismo. La decisión es una rotunda afirmación de política
industrial y en tanto tal ha sido cuestionada por los defensores a ultranza del libre mercado como una demostración de flagrante intervencionismo estatal en la marcha de la economía.
Ninguna de las dos críticas parece conmover a los dos grandes protagonistas. La idea básica es que ha llegado la hora de abandonar las relaciones antagónicas entre gobierno y sector privado. Ambos actores deben trabajar juntos, allí donde los intereses sean mutuos y compatibles.
La piedra fundamental de la nueva campaña tecnológica de la Casa Blanca es el traslado de miles de millones de dólares de fondos de investigación del Departamento de Defensa hacia dependencias civiles, para que esos fondos sean destinados al desarrollo de tecnologías comerciales que signifiquen ventajas competitivas para determinados sectores.
Por otra parte, al Departamento de Defensa se le ha pedido que dé prioridad a los denominados proyectos de uso dual, es decir, con aplicaciones militares y comerciales. En un gesto simbólico, el gobierno ha dado nuevo nombre a la supersecreta oficina de proyectos avanzados de investigación de defensa, que de ahora en adelante se llamará agencia de proyectos avanzados de investigación.
Esta dependencia tiene ya US$ 1.400 millones de presupuesto para crear algunas de las más exóticas y nuevas tecnologías del Pentágono.
Además, el gobierno tiene una red de 700 laboratorios que operan federalmente, muchos de los cuales originalmente estaban dedicados a la investigación en armamento nuclear. Esos 700 laboratorios han recibido la orden de dedicar 20% de su presupuesto total de US$ 25.000 millones a proyectos comerciales y de cooperación con empresas privadas. Esos laboratorios ahora deben ayudar a las empresas a identificar las tecnologías actualmente disponibles que han desarrollado y que pueden obtener licencias y ser transferidas al sector privado.
Entre las tecnologías claves y los proyectos conjuntos de investigación identificados por la Casa Blanca para que reciban atención especial figuran las supercomputadoras avanzadas, biotecnología, inteligencia artificial, cerámica avanzada, procesos de manufactura de la próxima generación, trenes de alta velocidad con propulsión magnética, una nueva generación de automóviles eléctricos limpios y la denominada superautopista electrónica digital.
El Departamento de Comercio ha sido designado líder de este proceso para lanzar y coordinar el nuevo esfuerzo tecnológico del gobierno. En el centro de este esfuerzo está el Instituto Nacional Comercial sobre Estándares y Tecnologías (NIST, según la sigla inglesa).
Hasta ahora, el departamento de Comercio tenía un papel prácticamente invisible en desarrollo de tecnología. Sin embargo, bajo el programa de largo plazo del Presidente, la financiación para los programas del NIST podría saltar de US$ 117 millones a US$ 1.300 millones en los próximos cuatro años, gran parte de los cuales se volcarán a ayudar a los fabricantes de Estados Unidos a obtener una ventaja sobre sus competidores extranjeros.
En el corazón de este objetivo se encuentran dos programas NIST que la Casa Blanca ha señalado para expansión, ambos concebidos durante el gobierno de Bush. El primero es el Programa de Tecnología Avanzada, donde el gobierno y las empresas privadas financian conjuntamente investigación en tecnologías de la próxima generación. El segundo es Manufacturing Extension Partnership, que fue diseñado para ayudar a la pequeña y mediana empresa a aprender cómo usar e incorporar procesos de manufactura de última generación en sus operaciones.
PRO Y CONTRA DE LA EMPREASA ECOLOGICA.
La principal consecuencia de la oleada ecológica es que en Europa y Estados Unidos ha dejado una verdadera montaña de legislación ambiental para las actividades industriales, de servicios y del comercio. En el proceso ha surgido una especialidad laboral nueva: los asesores que orientan a las empresas sobre cómo mejorar; lo que ahora se denomina gerencia ambiental.
En realidad, la gerencia ambiental es un departamento de la empresa que se ocupa de una amplia gama de subtemas. Que una empresa tenga una gerencia ambiental significa que cumple con su tarea teniendo muy en cuenta el impacto de su actividad sobre el medio ambiente y respetando la legislación vigente. Según encuestas realizadas durante 1993 en diferentes países del hemisferio
norte, las empresas prestan cada vez más atención a estas reglamentaciones.
En la actualidad el debate más candente se centra alrededor de una cuestión bastante más compleja: determinar si, desde el punto de vista comercial, conviene limpiar el medio ambiente. Los argumentos, de uno y otro lado, son atendibles. Para algunos, cumplir con la legislación regulatoria implica toda una nueva línea de costos para la empresa; para otros, la palabra verde es sinónimo de dinero. Los costos de limpiar son cada vez más evidentes. A medida que los gobiernos comienzan a aplicar las leyes ambientales, suben los costos industriales y comerciales, y la mayor parte de las veces esos costos se trasladan al consumidor.
Los entusiastas afirman que el medio ambiente y la nueva legislación ofrecen oportunidades que sólo los necios ignoran. Pero, en definitiva, se hace evidente que la tradicional confrontación entre industria y ambientalistas se está transformando en cooperación.
No es fácil elegir entre las dos posiciones. Hay pocas cifras que demuestren cuánto le está costando a la industria cuidar el ambiente. Y muchas de las razones que habitualmente se dan para explicar la conveniencia de hacerlo son poco convincentes.
Es cierto que se reduce el riesgo de una demanda judicial por infracción a la legislación ambiental.
Esta es una de las mejores razones que se esgrimen para mejorar el medio ambiente. Los abogados especializados opinan que es el temor que sienten las empresas ante posibles pérdidas económicas lo que más las lleva a tomar medidas.
También mejorar la imagen pública es un motivo poderoso, aunque los beneficios son difíciles de cuantificar. La entidad que nuclea a la industria química británica, que representa a unas 250 empresas, sostiene que la caída en la reputación de la industria química de ese país coincide con el aumento de la preocupación pública por los niveles de polución.
Mucho se habla de encontrar nuevos mercados. Funcionarios del área ambiental son proclives a afirmar que la venta de tecnología ambiental constituye una nueva oportunidad de negocios. Lo cual suele ser cierto para un reducido grupo de grandes compañías en comparación con el número de firmas afectadas por la intensificación de la legislación ambiental.
Otra receta que se suele dar es mejorar las ventajas competitivas. Uno de los argumentos más difíciles de evaluar es si el respeto por el medio ambiente brinda alguna ventaja a las empresas a la hora de vender sus productos. Para algunos, la respuesta es afirmativa. Por ejemplo, los fabricantes de automóviles, que calculan un futuro aumento en los precios de los combustibles, estiman conveniente desarrollar autos de propulsión más eficiente. Las compañías que anticipan tendencias de este tipo pueden tener oportunamente alguna ventaja frente a su competencia. Sin embargo,
podrían verse perjudicadas por la mayor estructura de costos comparadas con otros países que tienen una legislación más laxa.
Además, es difícil anticipar si los consumidores prefieren productos verdes y si están dispuestos a pagar más por ellos. La recesión en varios países de Europa puso en tela de juicio los argumentos según los cuales los consumidores están dispuestos a absorber el mayor costo de los productos
verdes. En verdad, hoy el precio es el gran elemento que determina las preferencias.
Lo cierto es que el argumento más difundido en la actualidad -y el más convencional-, según el cual el management ambiental es la varita mágica para transformar el costoso proceso de cumplir con la reglamentación en una oportunidad empresarial, no ha sido demostrado, y no toma en cuenta los
inevitables costos de limpiar el ambiente.