Hay un doble discurso: en intenciones, todo el mundo defiende el ambiente. En la realidad, los costos que demanda este cuidado puede tornar imposible la reconversión. A veces, una posición extrema en este sentido conduce a actitudes reaccionarias y en contra del crecimiento.
La mejor síntesis la hizo un empresario europeo en una conferencia en Bruselas: “A los hombres de negocios nos preocupa más estar en negro que en rojo. Y ser verdes nos pone más cerca del rojo que del negro en los balances.”
Esa es la contradicción básica. Sobre cuál es la meta están todos de acuerdo: se trata de producir sin contaminar. Así de simple. Terminar con la dicotomía “desarrollo industrial versus ambiente sano”.
Las chispas saltan cuando llega el momento de discutir los tiempos, las formas y cómo se repartirán los costos.
Desde el sector privado se reclaman cronogramas y planes de cumplimiento posible con la implantación de políticas que -a través de estímulos o subsidios, por ejemplo- alienten la reconversión. Desde la vereda pública los mensajes no fueron unívocos. Municipios, provincias y estado central no han acordado ni definido con claridad una dirección común. 1993 no fue -como muchos se habían ilusionado- el año del consenso ni mucho menos el de una Política Nacional Ambiental que todos, al menos verbalmente, reclaman.
Ya no es sólo una cuestión ética, sanitaria o de respeto a la naturaleza. Llegará el momento en que no se podrá exportar al mundo desarrollado sin observar normas de producción limpia. El caso de Japón es paradigmático: ya no recibe un sólo artículo importado con embalaje plástico. En el mismo camino se orientan el Nafta y la Comunidad Económica Europea para el futuro.
El progreso es inconcebible sin industria y no hay industria sin residuos. Según sus propias cifras, en 1993 al Ceamse (Cinturón Ecológico Area Metropolitana Sociedad Del Estado) se le escaparon de su control 600.000 toneladas de residuos que se arrojaron en Capital y Gran Buenos Aires. Procedentes de 6.000 fábricas, terminan en los ríos, las alcantarillas o cloacas y en los más de 100 basurales clandestinos que existen actualmente.
El grito en el cielo pusieron los vecinos de San Vicente y Marcos Paz cuando supieron que sus partidos formaban parte del plan de transformar en zonas aledañas un basurero industrial. Ni siquiera se los había consultado. Otra vez el consenso.
“Si aplicáramos las normas vigentes con rigor cerraríamos 80% de las industrias del conurbano”, declaró en septiembre último Ricardo Jilek, titular de la dependencia oficial encargada de cuidar el Medio Ambiente en la Provincia de Buenos Aires.
Fue el peor equipado -material y legalmente- de los tres poderes el que tomó cartas en el asunto y se llevó -para buena parte de la opinión pública- los laureles en los últimos años. En 1992 uno de los llamados jueces ecológicos -Roberto Marquevich, juez federal de San Isidro-, luego de detener y procesar a dos decenas de ejecutivos de frigoríficos acusados de contaminar el río Reconquista, se ganó las iras del ministro de Economía -entonces de gira por Alemania- al exclamar desde el otro lado del Atlántico que actuando de esa forma no vendrían inversiones a la Argentina.
“Si vienen a contaminar a la Argentina, mejor que se queden allá”, retrucó el magistrado. Las consultoras ecológicas admiten, sin embargo, que más que ahuyentar inversiones las inquietudes ecológicas de las empresas se multiplicaron a partir de los procedimientos judiciales. En julio de este año, el juez Marquevich clausuró la empresa de reciclaje de pintura Ipa Latina, en el Talar de Pacheco, debido al riesgo involucrado en la manipulación de tambores con sustancias tóxicas.
Contratistas de la empresa eran importantes compañías automovilísticas y fábricas de pintura.
Otro magistrado ecológico, el juez correccional Daniel Llermanos, de Lomas de Zamora, procesó a principios de año a directivos de Bieckert por emisión de efluentes tóxicos de su planta en Lavallol.
Poco después clausuró parcialmente la planta de la empresa Colgate en la misma localidad y detuvo a uno de sus responsables, bajo la acusación de volcar efluentes industriales contaminantes a un arroyo e incinerar residuos a cielo abierto.
Pero no todas las decisiones fueron contra las empresas. A principios de marzo del año pasado, una jueza de la provincia de Santa Cruz rechazó el amparo promovido por una ciudadana para proteger a una colonia de pingüinos de la amenaza de petroleras que iban a instalarse en la zona.
RESIDUOS PELIGROSOS.
Finalmente, 1993 fue el año de la reglamentación de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos. El Congreso la había sancionado en 1991, luego de seis años de elaboración, bajo el apremio de la presencia de amenazantes y pestilentes contenedores franceses a la espera de una autorización -que la ley impidió- para ingresar en el puerto de Buenos Aires.
La Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente demoró 16 meses en reglamentarla. Si bien fue un importante avance en materia de legislación ambiental, sus ambigüedades y oscuridades condujeron a que ni siquiera esté claro su ámbito de aplicación. Las provincias y los jueces fueron reticentes al momento de aplicar la ley, por considerar que invade las autonomías locales sobre la disposición y control de los recursos naturales.
Pero en septiembre, los baches legales y administrativos quedaron trágicamente al descubierto cuando en la localidad de Avellaneda una familia y los médicos y enfermeros que intentaron socorrerla fallecieron por emanaciones tóxicas de ácido cianhídrico proveniente de cloacas con
líquidos residuales arrojados en depósitos clandestinos. Municipio, Provincia y Estado discuten todavía temas de jurisdicción y se atribuyen mutuamente responsabilidades, errores y omisiones.
El consenso tampoco llegó al Parlamento para encontrar una definitiva sanción de principios legales aplicables a toda la nación y que sirvan de base para una política ambiental. Desde 1992, la bancada oficialista propone un Código Ambiental elaborado por el diputado Oscar Blanco, mientras que desde la oposición se insiste con una ley marco que no invada las autonomías provinciales. Los recursos naturales son propiedad de las provincias y ellas deberían ser las responsables de políticas ambientales.
El diputado radical Angel Elías propone, por su parte, una ley marco que permitiría que cada provincia avance en forma progresiva y concertada en la legislación ambiental, actuando en concordancia con un Comité Interministerial y un Comité Federal donde estén representados todos los responsables de cada una de las provincias.
El proyecto de código también crea un consejo federal ambiental y mantiene una Secretaría de Medio Ambiente. En general, las diferencias son más de forma que de fondo, y para los preocupados por el medio ambiente resulta inexplicable que 1993 haya terminado sin código, sin ley marco y -por supuesto- sin ningún diseño legislativo de política ambiental.
Tampoco existió una eficaz armonía de opiniones para incorporar al Código Penal la figura de delito ecológico. Todos están de acuerdo en este punto; sin embargo, esta omisión es otra de las frustraciones del año. La Fundación Vida Silvestre Argentina presentó 1.200.000 firmas en octubre solicitando al Congreso la pronta sanción de la ley.
IMPACTO AMBIENTAL.
Cuando sí se fumó la pipa de la paz en el Palacio Legislativo fue al votar la Ley 24.197 de Factibilidad Ambiental que establecía un procedimiento de estudios obligatorios para medir el impacto sobre el ambiente en grandes emprendimientos de ingeniería y obras públicas. La norma se sancionó por
unanimidad en las dos Cámaras. Pero el consenso quedó otra vez a mitad de camino.
El Poder Ejecutivo la vetó poco después invocando razones formales. En la Cámara Baja existe la confianza de que se conseguirán los dos tercios necesarios para insistir con la medida legislativa y los diputados esperan ser imitados por sus pares del Senado.
Desde Buenos Aires se tomaron varias iniciativas que concluyeron a principios de febrero de 1993 con la clausura de varios frigoríficos en Mataderos que no observaban las normas de higiene y salubridad.
Dos meses después, la Municipalidad cerró tres cementeras por emanación de polvillo tóxico.
El ahorro de energía no fue tampoco una de las prioridades de 1993. Dos decisiones tomadas ese año fueron a contramano de los discursos bien intencionados y de las tendencias internacionales.
El Poder Ejecutivo dio marcha atrás -alegando dificultades burocráticas- con el anunciado adelanto de los husos horarios para el verano, lo que hubiera significado el ahorro de 5% diario en el consumo energético. Parecidas consecuencias -según los defensores de la ecología- genera el aumento de las
tarifas eléctricas por el cual, a partir de noviembre, los pequeños consumidores abonan 10% más en las tarifas mientras que se establecieron rebajas a los grandes consumidores y los establecimientos industriales y comerciales.
DESARROLLO SOSTENIDO.
La preocupación empresaria sobre el problema ambiental se pudo escuchar en abril, cuando se organizó el Primer Seminario sobre Desarrollo Sostenible y Liderazgo Empresario, que reunió a hombres de negocios y expertos de todo el mundo para analizar el desafío de crecer preservando el medio ambiente. “Queremos explicar a la sociedad que no hay contraposición entre desarrollo y
ecología”, explicó Oscar Vicente, de Pérez Companc, como titular de la entidad organizadora, el Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible.
Uno de los expositores, Jorge Mentruyt de la organización Techint disertó sobre la responsabilidad de las empresas líderes en la orientación de políticas no contaminantes. Son 300 firmas que dan empleo a 20% del personal ocupado y producen 34% del PBI. “Es aquí -señaló- donde aparece la responsabilidad de llegar a sus clientes, proveedores, contratistas y asociados, de difundir los
alcances y la conveniencia de avanzar en el concepto de desarrollo sostenible”.
Desde la provincia de Buenos Aires, la Policía Ecológica, como se denomina a la División Delitos contra la Salud Pública y el Medio Ambiente realizó 200 allanamientos y 20 clausuras en distintas empresas. Con una pequeña estructura -tienen sólo dos líneas telefónicas y 20 empleados- el titular
de la unidad, comisario Ismael Oscar Beccar, asegura que la situación ha mejorado en lo que se refiere a su jurisdicción: “Las empresas se cuidan más a partir de que la sociedad, a través de sus denuncias, los jueces o los organismos municipales y provinciales, se ha puesto a controlar”, explicó
a MERCADO.
Sin embargo las organizaciones ecologistas no se sienten tan optimistas al contemplar la situación de los tres maltratados cursos de agua que atraviesan la Capital y el Gran Buenos Aires: los ríos Reconquista, Luján y Matanza, cuyo tramo final se conoce como Riachuelo. El pesimismo aumentó cuando se conocieron lo planes de la secretaria de Medio Ambiente, María Julia Alsogaray, sobre el Río Reconquista: entubarlo y convertirlo en una cloaca. Algo así como barrer la basura debajo de la alfombra, opinaron.
No parece mejor la suerte de los cauces hídricos en el sur. Los derrames petroleros ocurridos en abril sobre el Río Colorado inutilizaron las cosechas y llegaron a dejar sin agua a las poblaciones ribereñas del norte patagónico. Las provincias de Río Negro, La Pampa, Neuquén, Mendoza y Buenos Aires
demandaron judicialmente a las empresas involucradas.
Algunos ecólogos depositan su esperanza en la conciencia que tome la sociedad sobre la gravedad del problema. Según una encuesta de Gallup publicada en abril de este año, 45% de los entrevistados opinaron que debería darse prioridad a la protección del medio ambiente aún a riesgo de desacelerar
el crecimiento económico contra 11% que prefería lo segundo y 32% que equiparaba la importancia de las dos cuestiones.
“Somos conscientes de que ni nosotros ni el gobierno hemos definido claramente una política de reconversión. En 1994 vamos a tratar el tema en profundidad en el marco de un seminario”, promete el ingeniero Enrique Krombach de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires.
Todos coinciden en que, de una u otra forma, la cuestión está en pañales. Desde las instituciones públicas se esperan gestos y soluciones, como mediadoras, orientadoras y conciliadoras de intereses contrapuestos: es el renovado debate sobre el papel del Estado. Nada más ni nada menos.