Un crecimiento acelerado, que llevó a duplicar, este año, el volumen de primas registrado en 1990, la desregulación del mercado, el desmantelamiento del Inder (con su secuela de liquidaciones aún pendientes) configuran un panorama totalmente nuevo para el sector. Según la mayoría de los analistas, no más de 80 empresas de seguros estarán en condiciones de sobrevivir durante el próximo quinquenio.
Esto otorga importancia estratégica a la información desplegada en los rankings que ofrece MERCADO en esta edición: la participación de las compañías en el mercado, los líderes de cada rubro, la solvencia de cada empresa (analizada bajo diferentes parámetros), la gravitación de los créditos en el activo total, y otros datos que habrán de tener peso decisivo en el futuro cercano.
Este año, el mercado asegurador registrará un nuevo e importante impulso. El volumen de primas previsto se aproximará a $ 4.100 millones, una cifra que contrasta notablemente con los $ 1.300 millones de 1989 y los $ 2.000 millones de 1990. Este notable crecimiento se registró en un marco de constantes cambios. El más importante fue la desregulación del mercado, dispuesta a partir de 1992, que trajo aparejada la liquidación del Inder (Instituto Nacional de Reaseguros), que sin embargo todavía sigue gravitando en la plaza por las liquidaciones pendientes.
La decisión de la Superintendencia de aplicar, a partir del 30 de junio, normas muy severas en torno a los niveles de solvencia, endeudamiento y liquidez que deben exhibir las entidades condujo a que en los próximos meses unas 50 compañías deban enfrentar una grave disyuntiva: adecuar sus
estructuras a las nuevas normas o prepararse para entrar en liquidación.
Para atemperar en alguna forma la transición, la Superintendencia dictó normas dirigidas a facilitar a las empresas su adecuación a las nuevas exigencias, aunque ello implicará, para las que se acogieron al plan, un gran esfuerzo económico y financiero.
Dentro de este esquema, y para facilitar a las empresas el ingreso de fondos, se les permitió eliminar de su explotación el rubro vida y constituir con las pólizas de ese sector una nueva empresa o simplemente ceder los derechos respectivos a otra compañía. Como este renglón es uno de los de
mayor crecimiento del mercado, a las empresas les resultará relativamente fácil su enajenación y los recursos obtenidos servirán para consolidar su estructura en los otros sectores que continúen explotando.
DEPURACION ACELERADA.
La flexibilización tendrá otras consecuencias, aunque no explícitas. Las empresas con problemas de adaptación a las nuevas exigencias y que no formulen un plan de adecuación, quedarán expuestas a la decisión de la Superintendencia de eliminarlas del mercado.
La acelerada depuración que mostrará la plaza en los próximos meses -con la consiguiente ventaja para las empresas supervivientes- no impedirá que el sector continúe desenvolviéndose en un marco extremadamente competitivo, con niveles de pólizas que en muchos casos se encuentran por debajo
de los internacionales.
Uno de los grandes problemas que el mercado sigue soportando desde la era anterior a la desregulación es el derivado de los 150.000 juicios pendientes de resolución judicial, que en conjunto superarían $ 800 millones, sin contar los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes en los juicios, que constituyen una suma muy importante.
La demora en la resolución de estos conflictos está relacionada con la tradicional lentitud de la Justicia argentina y con los problemas que acarrea la actualización de los importes, por las dificultades que surgen cuando se intenta aplicar un índice aceptable por las partes para los períodos hiperinflacionarios.
Mientras persista el lastre de estos juicios -que difícilmente se definan antes de los próximos dos o tres años- las empresas del sector deberán seguir manteniendo en sus estructuras el capital necesario para atender las contingencias derivadas de estos pleitos.
El importe que implican estos litigios ($ 1.000 millones aproximadamente, incluyendo los honorarios de los profesionales intervinientes) equivale al patrimonio conjunto que exhibían todas las empresas del sector al 31 de marzo.
El patrimonio neto no es síntoma de solvencia; simplemente constituye el capital propio sobrante que tiene la empresa después de hacer frente a todas sus obligaciones.
En épocas anteriores eran muy comunes los casos de empresas que exhibían patrimonio neto negativo, muestra evidente de la total anarquía y falta de controles que caracterizaban al sector. Una empresa en esas condiciones se encontraba quebrada y no podía seguir suscribiendo pólizas, que en un mercado normal no estaría en condiciones de cumplir.
DESPROTECCION Y ALTAS COMISIONES.
Otro problema que todavía sigue sin solución es el del Inder, que según la opinión de Daniel R. Salazar, presidente de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros, continúa sin apoyar financieramente a las empresas en el momento de hacer frente a los siniestros correspondientes a pólizas reaseguradas en esa entidad, antes de que entrara en liquidación.
Los siniestros atrasados que las compañías ya liquidaron a los asegurados y en los que el Inder no hizo frente a la parte proporcional que le correspondía, alcanzan a cerca de $ 240 millones a valores ajustados, cifra que en la práctica podría ser mayor teniendo en cuenta que hubo expedientes de siniestros extraviados por el Inder.
El mercado soporta también las consecuencias de los elevados costos de intermediación, que Alberto Fernández, presidente de la Superintendencia de Seguros, considera desproporcionados. En países como México, Brasil y Chile, las comisiones en el rubro automotor rondan entre 15 y 16%, mientras que en la Argentina oscilan entre 20 y 25%.
Con los países europeos la diferencia es mucho más acentuada, puesto que las comisiones se ubican entre 9 y 12%.
También son notables las diferencias en las comisiones del rubro de incendios, que internacionalmente alcanzan a 20%, y trepan casi al doble en la Argentina.
Según Fernández, en los sistemas de ahorro previo, la desprotección del cliente es mucho más evidente; las comisiones alcanzan en promedio a 40%, a pesar de que no se requieren intermediarios.
Por ello, estos valores se distribuyen entre las empresas terminales y las compañías de seguros, que en la mayoría de los casos están vinculadas a las fábricas.
Si bien la Superintendencia está facultada para regular las comisiones, no está dentro de su filosofía intervenir con fines regulatorios en el mercado y, según Fernández, “prefiere que los valores se vayan adecuando progresivamente a medida que los asegurados conozcan todos los items que componen el valor de la prima”.
Para Salazar, la situación del mercado en el mediano plazo asoma positiva, aunque todavía las empresas deberán superar el hecho de que en muchos rubros las primas se ubican por debajo de los niveles técnicos, aunque “se observa una tendencia creciente por parte de los clientes y de los intermediarios a inclinarse por calidad y no por precio. Si esta corriente se acentúa, los valores de las primas deberían ir adecuándose paulatinamente a cifras más equilibradas técnicamente”.
Salazar considera que, a pesar de la situación extremadamente competitiva, el mercado ofrece una solvencia creciente, avalada por el respaldo que otorgan a la mayoría de las empresas las firmas reaseguradoras de primer nivel mundial. Esta situación contrasta notablemente con la que se observaba cuando el Inder actuaba como único reasegurador, ya que, en razón de su estado de insolvencia, la liquidación de los siniestros quedaba supeditada casi exclusivamente a la situación financiera de las compañías de seguros.
Luis García.
Volumen Total de Producción del Sector
1992 $ millones
Enero 370.5
Febrero 297.9
Marzo 442.1
Abril 161.1
Mayo 250.1
Junio 280.5
Julio 297.5
Agosto 270.1
Septiembre 288.4
Octubre 293.4
Noviembre 293.1
Diciembre 292.2
Total 3536.9
1993
Enero 379.8
Febrero 302.8
Marzo 354.2
Abril 332.1
Mayo 310.5
Junio 326.1
Julio 316.4
Agosto 336.1
Total 2658.0
LAS RELACIONES PELIGROSAS.
Las compañías de seguros están reguladas por la Ley 20.091, que establece las condiciones mínimas que deben cumplir las empresas del sector. Se refieren principalmente al capital (cuyo monto se relaciona con la producción, la siniestralidad o los rubros en los que opera la empresa) y a la liquidez financiera de corto plazo.
En lo que concierne al capital, la ley indica que si no se acredita 70% del mínimo estipulado, la Superintendencia de Seguros debe intervenir y suspender transitoriamente la posibilidad de que la empresa pueda emitir nuevas pólizas. Simultáneamente deberá proceder a embargarle todas las inversiones, como garantía de que esas colocaciones no serán utilizadas con otros fines ajenos a la explotación. Si el plan propuesto por la empresa para solucionar la situación no es aprobado por la Superintendencia, o la compañía no lo cumple estrictamente, automáticamente la Superintendencia debe proceder a su liquidación.
Cuando las relaciones mínimas transgredidas están relacionadas con la situación financiera, la Superintendencia dispone directamente la liquidación, que puede ser apelada por la empresa ante la Cámara en lo Comercial. En este caso, la liquidación queda en suspenso y la empresa puede seguir
operando normalmente hasta que se expida la Justicia.
Esta deficiencia evidente de la ley quedó superada con la sanción del nuevo régimen previsional, que en el artículo 155 establece, entre otras cosas, que en esas circunstancias la Superintendencia procederá también a embargarle las inversiones y a obligarla a suspender la emisión de nuevas pólizas.
Establece, además, que la resolución respectiva de la Superintendencia deberá tener estado público, aun cuando la liquidación no se encuentre firme por la Justicia.
Esta nueva disposición está destinada a evitar los problemas que surgían cuando una empresa se encontraba virtualmente en estado de liquidación y podía seguir emitiendo pólizas sin respaldo, perjudicando a los asegurados que no estaban en conocimiento de la situación por la que atravesaba.
Para que el mercado asegurador conozca el real estado de las empresas, la Superintendencia fijó los límites de referencia mínimos y máximos que deben exhibir para no entrar en la zona crítica.
Por lo tanto, los cuadros que forman parte de esta nota sirven simplemente como orientadores de los asegurados.
El índice que revela la gravitación de la cartera de créditos sobre el activo total, que según la Superintendencia no debe superar el tope de 45%, está destinado a poner de manifiesto una excesiva política de financiamiento de las ventas, lo que contribuye a restar fluidez al activo, que en una compañía de esta naturaleza debe estar compuesto fundamentalmente por inversiones con las que
deberá hacer frente a los siniestros.
Sin embargo, este índice es el menos representativo de todos, porque dentro de los créditos se incluyen los importes a cobrar en el Inder y, por lo tanto, un abultado importe en este rubro puede estar relacionado con la falta de cumplimiento del instituto, más que con la adopción de una política
comercial excesivamente expansiva por parte de la empresa.
El coeficiente que refleja la relación entre los recursos líquidos y los siniestros pendientes de pago es mucho más representativo. El mínimo de 80% entre ambos rubros se explica porque dentro de los siniestros pueden estar algunos que a la fecha de presentación del balance aún no se encontraban vencidos. La Superintendencia estima que 20% de los siniestros declarados pueden estar en estas condiciones, de ahí que establece la cobertura en sólo 80%.
En cuanto al coeficiente que revela la relación entre todos los bienes realizables y los siniestros pendientes más los compromisos técnicos, la Superintendencia considera que la cobertura mínima debe alcanzar a 100%. De esta forma queda en evidencia la posibilidad de que la empresa cumpla
normalmente con los siniestros futuros. Esto es así debido a que la reserva destinada a cubrir los compromisos técnicos refleja la proporción de las pólizas que seguían en vigencia con posterioridad al cierre del balance. De esa forma, si la empresa no estaba en condiciones de cubrir con sus activos este importe, los asegurados corrían el riesgo de no cobrar totalmente los siniestros en el momento de producirse.
L. G.
CAJA DE AHORRO.
– La Joya de la Corona –
Si se cumplen las previsiones del gobierno, la Caja Nacional de Ahorro y Seguro estará privatizada en febrero. Se espera que al nuevo llamado acudan importantes grupos internacionales, atraídos por la fortaleza y solidez de esta entidad estatal, líder absoluta del mercado. En los doce meses anteriores
al 30 de junio, la Caja mantuvo una gravitación promedio en la plaza de 13,18%, lo que equivalía, prácticamente, a la participación conjunta de las tres empresas que la escoltaban en producción (Sud América Vida, Omega y Buenos Aires).
El hecho de que 55% de su cartera esté compuesta por pólizas de seguro de vida colectivo constituye una importante ventaja, debido a que éste es el sector más rentable del mercado. El rubro automotor, uno de los segmentos donde se registra mayor competencia, y el de mayor relevancia en las restantes empresas, absorbe, en cambio, sólo una tercera parte de las operaciones de la Caja.
– Pronóstico inquietante –
NO MAS DE 80 EMPRESAS.
Una consulta realizada por MERCADO entre diversos especialistas del sector indica que, en un plazo de cuatro a cinco años, no más de 80 empresas de seguros continuarán en actividad. El vaticinio se basa, sobre todo, en el hecho de que una plaza totalmente desregulada difícilmente ofrezca oportunidades de supervivencia a compañías con ingresos anuales inferiores a los $ 30 millones.
Si se tiene en cuenta que dentro de cinco años la producción anual podría llegar $ 7.500 millones, se registraría un promedio de $ 90 millones por empresa, con la particularidad de que las más solventes y bien administradas exhibirán niveles de expansión que superarán con holgura las cifras medias del
mercado, como consecuencia del inevitable proceso de concentración que traerá aparejado la liberalización del sector.
La permanencia en el mercado de las empresas más pequeñas se vería amenazada, además, por la imposibilidad de contar con la cartera mínima de clientes para que las compañías reaseguradoras les otorguen la cobertura indispensable para que puedan seguir operando.
También son candidatas a desaparecer las grandes empresas que vienen arrastrando serios problemas, si no logran que sus accionistas concreten nuevos aportes de capital para sanear esa situación.
Una buena administración y un fuerte respaldo patrimonial parecen las condiciones imprescindibles para sostener las aspiraciones de crecimiento a mediano plazo de las compañías del sector. De todo esto surge que las compañías con mayores perspectivas de crecimiento son aquellas con buen
respaldo patrimonial. Los próximos tres o cuatro años continuarán siendo muy duros, con una lucha constante de las empresas por sobrevivir, lo que las obligará a seguir incorporando capital, aun en aquellos casos en los que no se registran actualmente problemas graves, pero sí una situación financiera ajustada.
Dentro de este esquema se prevé una presencia creciente de empresas del exterior, cuyo interés por el mercado local quedó de manifiesto en la reciente visita de un importante grupo de aseguradores norteamericanos, encabezados por el presidente del International Insurance Council y el subsecretario de Comercio de Estados Unidos.
L. G.
LAS INCOGNITAS DEL MERCOSUR.
Según lo establece el tratado de Asunción, a partir de diciembre del año próximo deberá ponerse en marcha la libre circulación de bienes y servicios dentro del área del Mercosur. En ese aspecto se lograron algunos avances interesantes entre las empresas de seguros privadas pertenecientes a cada
uno de los cuatro países miembros.
Sin embargo, aún quedan muchos problemas sin resolver derivados de las asimetrías entre los cuatro países. Emilio B. Chanfreau, director ejecutivo de La Interamericana y negociador en el Mercosur en representación de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros, sostiene que, para que la integración pueda materializarse en diciembre de 1994, deberán primero homogeneizarse el régimen de reaseguros, la carga impositiva que grava la actividad y el tratamiento de las inversiones extranjeras.
La solución a estos problemas, sostiene Chanfreau, debe provenir de los respectivos gobiernos y “todo indicaría que, faltando prácticamente un año para esa fecha y con asimetrías tan grandes entre los países del área, es razonable suponer que esa fecha podría prorrogarse o ingresar al Mercoseguros con limitaciones, postergando la integración total hasta que se solucionen
definitivamente las asimetrías pendientes”.
SEGUROS DE RETIRO.
– Pocos en la Vanguardia –
Las 28 empresas que hasta agosto intervenían en el rubro de seguros de retiro sumaron, durante los primeros ocho meses del año, operaciones por $ 135 millones. El promedio de $ 13 millones mensuales en que se había mantenido la producción durante abril, mayo y junio, pasó en julio a $ 16,2 millones para alcanzar en agosto el récord de $ 27,8 millones.
En este período, La Estrella resultó líder del grupo con una producción acumulada de $ 57,7 millones, que tuvo su tope mensual en julio con $ 9,7 millones, aunque, entre todas las empresas del rubro, el récord para un mes le corresponde a Sur, con $ 16,6 millones alcanzados en agosto.
Debido a la recuperación que registró en ese mes, su producción acumulada subió a $ 37 millones, que le permitió superar por amplio margen al tercero en el ranking (Asegurar), que en los ocho meses en cuestión centralizó operaciones por $ 16,9 millones.
Con Cénit, que ocupó el cuarto lugar con una producción de $ 7,1 millones, se llega a un total para las cuatro empresas líderes de $ 117,7 millones, lo que representa 87% del mercado total; las 24 firmas restantes participan con sólo 13%.
Cuatro de estas últimas (La Meridional, Holando Sudamericana, San Cristóbal y Aseguradores Solidiarios) absorben en conjunto 8,4% del mercado, lo que deja, para las 20 restantes, apenas 4,6%, con la particularidad de que muchas de ellas no tuvieron actividad productiva durante varios meses.