El presidente dio instrucciones a su ministro de Economía para que, en forma perentoria, pusiera fin a la inflación que estaba haciendo estragos en el país. El ministro -claro- renunció a los dos días. No es ficción; sucedió hace muy poco; en Brasil, para ser más precisos. Así relatado, el episodio parece un serio candidato a integrar una antología de hechos desopilantes: ¿quién, que no sea demasiado ingenuo, puede pensar que la inflación depende de la voluntad de un ministro? Es evidente que para poner fin a esa y otras calamidades públicas se requieren decisiones que involucran a toda la sociedad.
Del mismo modo se podría decir que toda la sociedad estuvo involucrada en la génesis del mal que ahora se busca explicar.
Redondo: con este razonamiento nos quedamos conformes y en principio está todo dicho. Pero todos sabemos que ésta es sólo una forma superficial de ver las cosas: buscando más en lo profundo aparecen cuestiones que no son tan obvias.
Cuando el sistema económico entra en colapso cuesta imaginar que toda la sociedad sea igualmente responsable. Lo mismo un gran empresario que emplea a miles de personas que el último operario de esa misma empresa. Por supuesto, nadie puede seriamente pensar que sea así. Pero ya dijimos que el ministro tampoco tiene toda la responsabilidad. Tan absurdo es culpar a uno como a otro: el operario en un extremo y el ministro en otro.
La responsabilidad, puede argumentarse, es de la clase dirigente. Los dirigentes, sean formales o informales, políticos, empresarios, sindicalistas, militares o religiosos, deberían cargar sobre sus espaldas con una parte considerable del peso de la responsabilidad. Pero los dirigentes suelen ser gente entrenada: cuando las cosas salen mal, rápidamente alegan que, en el fondo, sus acciones (y omisiones) fueron inspiradas por la voluntad y los deseos de las masas, de los que ellos serían simplemente intérpretes y ejecutores. En este punto, acaso lo más sencillo sea llegar a la conclusión
de que nunca nadie es responsable de nada.
Pero en verdad hemos llegado al corazón del problema: aunque no siempre lo tengamos presente, estamos viviendo tiempos de posmodernismo, caracterizados por el cuestionamiento a las jerarquías y autoridades y por un persistente reclamo de mayor participación en todos los órdenes. Nada más legítimo que ese reclamo, pero nuestras sociedades no han encontrado la manera de resolver satisfactoriamente un dilema esencial: la participación, cuando no va acompañada por el contrapeso de la responsabilidad, puede llegar a ser funesta. Pretender que se tiene derecho a manejar cosas –
sobre todo cuando hablamos de algo tan delicado como el poder de la sociedad contemporánea- sin asumir los riesgos implícitos es, sencillamente, suicida.
Las tecnologías actuales convergen hacia nuevas modalidades de comunicación que, de hecho, hacen posible el desarrollo de formas de gobierno participativas, de gestión popular de los negocios públicos, así como de control de la labor de los dirigentes. En cierto sentido, en esas nuevas democracias todos podremos ser dirigentes. Pero, en la medida en que estas modalidades se pongan en práctica, será necesario avanzar en la búsqueda de mecanismos que impidan el ejercicio de una participación irresponsable, impune.
Si no se encuentran esos mecanismos, habremos perdido el tiempo: estaremos viviendo la ilusión de una nueva democracia pero, en el fondo, no estaremos demasiado lejos de la situación presente, en la que casi siempre las responsabilidades se diluyen hasta el punto de desaparecer.