No hay empresa seria que carezca de proyecto estratégico. Sin embargo, la teoría en boga niega esa necesidad a la Nación. En Estados Unidos, el sentimiento dominante es que el libre comercio y las reglas del mercado son una gran teoría, pero que sólo una explícita política industrial puede aumentar la competitividad. En Argentina recién comienza el debate.
Años de abuso, de despilfarro de recursos públicos y de historias que oscilan entre la picaresca y la corrupción insensibilizaron a los argentinos con respecto a los reclamos de una política industrial. El subsidio pasó a ser una mala palabra, y los que creen que el Estado debería tener cierto protagonismo en el crecimiento económico -que los hay- se llamaron a silencio. Nadie se arriesga a sufrir el anatema fulminante de “estatista”, o a enfrentar a los nuevos cruzados del libre mercado a ultranza.
Es cierto que el Estado argentino dilapidó recursos en estériles esfuerzos de promoción industrial.
No se eligió bien a los beneficiarios, ni se exigieron resultados. No se fijaron reglas de juego. En el mundo industrializado, el Estado ha sido siempre el promotor del desarrollo económico, liberando el potencial creativo y emprendedor del sector privado. Pero en la Argentina, la moda económica, las teorías dominantes o los argumentos de circunstancia están hoy en contra de la noción de política industrial.
El debate, que ahora casi no existe, aparecerá con toda fuerza en los primeros meses del año próximo, abarcará a todos los sectores de la sociedad, y tendrá su resonancia en el Congreso.
Existe entre los argentinos la percepción creciente de que, además de la estabilidad, e incluso para consolidarla, es preciso lograr crecimiento. Y para crecer, además del pleno funcionamiento de los mercados -requisito esencial-, se necesita redefinir el papel del Estado en el estímulo e impulso a las actividades productivas. Para el sector industrial, hay un elemento más a considerar: tras el auge de la demanda de principios de año, el consumo tiende a estancarse, y al mismo tiempo se comienza a sentir con todo rigor la competencia de productos importados.
POSICIONES EN PUGNA.
Dentro del abanico de conceptos y argumentos, es posible distinguir las siguientes posiciones:
1) Los que creen que la sola idea de política industrial es herejía, que nada justifica la injerencia estatal en este campo; convencidos como están de que no existe mecanismo más eficiente de asignación de recursos que el propio mercado.
2) Los que piensan que puede ser positiva cierta actitud orientadora del Estado, pero que suponen que cualquier acción en este sentido insume recursos que no están disponibles, y precisamente por eso prefieren postergar la discusión para un momento más propicio (muchos funcionarios del área económica están en esta posición).
3) Los que consideran positiva la noción de política industrial cuando se trata de crear un ámbito propicio al desarrollo del sector privado. Cuando de lo que se trata es de reordenar las finanzas públicas, estimular la inversión y el ahorro en general, garantizar un sistema tributario equitativo y créditos a tasas de interés comparables con las vigentes en el mercado internacional.
4) Los que están convencidos de que este gobierno no tiene política industrial, ya sea que manifiesten su conformidad con esta situación o no.
5) Y finalmente, los que están seguros de que, aunque no es explícita, hay ya -por acción u omisión- una clara política industrial por parte del gobierno, con cuyos efectos no coinciden.
LOS NUEVOS VIENTOS.
El fenómeno más interesante -y menos percibido localmente- de los últimos años es el cambio de énfasis en las teorías dominantes en Estados Unidos y en organismos como el Banco Mundial y el FMI.
En Estados Unidos se ha registrado una transformación de fondo. Política industrial, la famosa dirty word (mala palabra) de la era de Ronald Reagan, dio paso a una renovación del pensamiento liderada por personalidades de la talla de Lester Thurow (su último libro, Head to Head, está dedicado al tema); Robert Kuttner (con el resonante éxito de The End of the Laissez Faire); y Robert Reich, autor del programa económico de Bill Clinton.
No fueron solamente los abusos de la desregulación (crisis en el sistema financiero, en la actividad aerocomercial, en las prestaciones de salud y educación) los que decidieron el cambio de enfoque. La persistente caída en la productividad y en el ahorro interno estadounidense, además del agrandamiento de la “brecha de la pobreza”, obligó a una indagación más profunda.
¿Cómo hacían los más poderosos socios comerciales de Estados Unidos para crecer más rápido?
¿Cuál era la fórmula de Japón, un país al que nadie discutiría su condición capitalista, aunque Adam Smith tendría dificultades en reconocer las características centrales de su propuesta en esa economía? ¿Cuál la de Alemania, una potencia exportadora que reconoce mantener 1.200 subsidios directos a la actividad industrial?
El eje del análisis, como se vio durante toda la campaña electoral en Estados Unidos, pasó por el estado de la economía y el nivel de competitividad de la industria estadounidense. La tesis de la década pasada era que, si todos los países aplicaban políticas de libre comercio y libre mercado, la industria local tendría mayor competencia y podría reducir gradualmente el déficit fiscal. Ante la comprobación de que ello no ocurría -especialmente en el caso de las potencias industriales que seguían otro rumbo-, se comenzó a reclamar nuevas medidas del gobierno de Washington para fortalecer la competitividad.
Lo que el reaganismo intentó soslayar fue el registro histórico: Estados Unidos se convirtió en superpotencia con la permanente actuación del Estado sobre la economía, subsidiando industrias que estaban en sus comienzos y poniéndolas al abrigo de la competencia internacional hasta que tuvieran adecuado nivel de fortaleza. También lo que se invirtió en infraestructura física -una evidente ayuda a la industria- y el apoyo explícito a la investigación en nuevas tecnologías son ejemplos de una tradición en política industrial.
Así fue como la economía vudú, la curva de Laffer y la obsesión por la supply side economics, dejaron paso a Michael Porter y a lo que deben hacer los gobiernos para lograr mayor competitividad. En esta línea, la prestigiosa Business Week dijo a principios de este año: “Si las palabras “política industrial” provocan alarma, hablemos de política tecnológica, de programa para la competitividad o de agenda de crecimiento. Cualquiera sea la etiqueta, lo que Estados Unidos requiere es una visión económica orientada a la economía global de los ´90″.
CARA Y CECA.
Con la fuerza de los conversos, los apóstoles de las teorías del mercado en Argentina se niegan a considerar cualquier atisbo de política industrial orientada desde el Estado. Su objetivo es el Estado mínimo. No están satisfechos con la desaparición del Estado-empresario, recibida con beneplácito por todos los sectores; quieren algo más.
Parte de la renuencia a entrar en el tema se explica por lo que la política industrial ha significado en el país durante décadas. No la determinación de objetivos o metas sectoriales. Sí el apoyo a industrias y empresas específicas que gozaron largo tiempo de beneficios y nunca estuvieron en condiciones de enfrentar la competencia externa. Créditos irrecuperables, impuestos no cobrados y muchos otros favores estériles, son el monumento a la protección de industrias del pasado en lugar de alentar las del mañana.
Muchos empresarios sostienen con honestidad que prefieren que sea el sector privado quien elija en qué invertir en el futuro. En muchos casos son también los que se quejan de una apertura de la economía orientada a favorecer la importación. Lo que no registran es que, en los casos de desarrollo exitosos, la base estuvo siempre en un acuerdo íntimo entre el gobierno y el sector privado. Hace falta un consenso y el respaldo de datos objetivos sobre cuáles son los sectores capaces de abrirse camino en la economía mundial, de incrementar exportaciones y de detectar “nichos” de demanda en el mercado global.
Otro grupo de empresarios exhibe dos posiciones definidas. La de los que añoran la vieja protección y les gustaría recrear los cotos de caza cerrados; y la de los que aspiran a un papel activo del Estado en la penetración de nuevos mercados.
Finalmente, están los que creen que el actual gobierno no tiene ninguna política industrial. A muchos les parece bien que así sea y aspiran a que se continúe por ese camino. Otros, en cambio, creen que es un grueso error.
Más interesante aún, hay quienes piensan que, aunque sea por omisión, en forma no expresa, sí tiene política industrial el gobierno. Y lo que ven no les termina de convencer. Su línea de razonamiento es la siguiente:
* El acatamiento del marco legal -situación en sí positiva- impone una nueva realidad: muchas empresas deberán reestructurarse o desaparecer. En el caso de las Pymes, esta circunstancia es notoria. Pagar impuestos y blanquear la situación laboral impone costos que antes no existían.
* El sistema financiero no da respuestas adecuadas. Pagar 2% de interés mensual es mejor que pagar 3%, pero, con tasas internacionales de corto plazo en 5% anual y de largo plazo en 9%, no puede pretenderse que las empresas argentinas sean más eficientes y logren exportar.
* Hay un modelo implícito que es el de la concentración en media docena de grupos muy grandes que, como consecuencia del proceso de privatizaciones, tenderán a crecer más.
* Existe un régimen como el automotriz que ofrece claras ventajas a las empresas del sector, protegiéndolas de la importación indiscriminada y -si se cumplen los compromisos- potenciando las exportaciones que deberán compensar las importaciones.
* La integración con Brasil es una medida positiva, ya que el modelo sugería la asociación de firmas textiles, químicas, papeleras y petroleras con otras del vecino país para especializarse y penetrar en conjunto mercados externos. Pero la diferente tasa cambiaria en ambos países está complicando dramáticamente el panorama.
* Se permite el ingreso irrestricto de empresas chilenas que ya tienen estabilidad desde hace años, gerencia asentada y probada, y un proyecto de largo plazo, que tornan más evidente el peso del “costo argentino”.
LA VERSION DEL GOBIERNO.
Según Juan Schiaretti, secretario de Industria y Comercio, “no se puede producir de todo y a cualquier precio”. Su visión es que el gobierno debe crear una estructura tributaria neutra, flexibilizar el sistema laboral, lograr un costo del dinero adecuado, un mercado de capitales y reducción en el costo energético.
Hay un concepto que Schiaretti insiste en destacar: el país no puede tener una industria de series largas de producción, pero sí una de series cortas, como las de máquinas herramientas, software, metalmecánica, matricería en general y robots para la fabricación de autopartes.
El secretario de Industria cree que el gobierno tiene política industrial, aunque piensa que el crecimiento es responsabilidad del sector empresarial. A partir de la competencia y la apertura, dice, la utilidad se logra con productividad.
Para el equipo de Domingo Cavallo, la política industrial en la Argentina tiene como meta alcanzar una economía competitiva, capaz de mantener el mercado interno y de conquistar nuevos mercados externos. Como paso previo hubo un reordenamiento macroeconómico que logró el equilibrio fiscal, dar transparencia a los mercados, generar la apertura a la economía externa, desregular y, sobre todo, brindar un marco de estabilidad.
En una reciente conferencia en la Bolsa de Comercio, el subsecretario de Industria, Carlos Magariños, afirmó que esas medidas permitieron un crecimiento del producto industrial en 16% si se compara el primer semestre de 1992 con el primero del año pasado.
Los pilares de la política industrial del gobierno, según Magariños, son:
* Financiamiento a la producción y a la inversión a tasas internacionales.
* Una estructura tributaria interna que no penalice los costos de producción.
* Costos de energía acordes con la disponibilidad de recursos energéticos en el país.
* Relaciones laborales flexibles.
* Mejores costos de infraestructura y transportes.
* Desarrollo de recursos humanos y tecnológicos.
Según el funcionario, ése es el marco general que, una vez instalado, permitirá pensar en políticas de “sintonía fina”. Es decir que, sin reglas de juego estables, no se entrará a analizar políticas sectoriales.
La clave para la reactivación del crecimiento -dijo- está en un fuerte proceso de inversiones privadas.
En lo conceptual la tesis explicitada por Magariños es que en el actual proceso deben utilizarse políticas horizontales y atender situaciones especiales de algunos segmentos industriales (en especial las Pymes), a diferencia de lo que ocurría en el proceso de sustitución de importaciones, donde todo se concentraba en políticas sectoriales. Las cuatro prioridades en las que quiere concentrarse el gobierno son:
* costos financieros.
* desigualdades impositivas regionales o provinciales.
* el precio de la energía.
* el mercado laboral.
Finalmente, el camino de la especialización intraindustrial es el más adecuado para el país, ya que permite utilizar la principal ventaja competitiva que son los recursos humanos calificados.