Qué clase de negocio es el negocio de la droga? El interrogante, esencial para encarar cualquier programa de lucha contra el narcotráfico, carece hasta ahora de respuestas precisas.
Razones de conveniencia política -que aconsejan en algunos casos inflar y en otros enmascarar las dimensiones del problema- y la propia naturaleza clandestina de la actividad tornan imposible constatar la veracidad de las estimaciones.
Las evaluaciones acerca de cuánto dinero se mueve en el mercado estadounidense de la cocaína, por ejemplo, fluctúan entre US$ 76.000 y 181.000 millones anuales. Pero, cualquiera sea la cifra correcta, lo cierto es que no más de una décima parte de esa suma queda en manos de los carteles colombianos de la droga, a pesar del protagonismo que suelen adjudicarles los medios de comunicación.
El ahora publicitado tema del lavado de narcodólares es, por lo tanto, un problema que atañe, sobre todo, a los EE.UU. Si se toma en cuenta, por otro lado, que menos de la mitad de los ingresos de los barones colombianos de la coca retorna a América latina, es necesario concluir que sólo una muy pequeña porción del negocio se realiza en la región. Los principales circuitos financieros por donde se reciclan los fondos provenientes del tráfico de drogas se encuentran en el hemisferio norte.
Para tener una imagen más concreta de la situación, vale la pena hacer algunas comparaciones. Si se acepta como válido el cálculo de US$ 181.000 millones, los ingresos generados anualmente por la venta callejera de cocaína en los EE.UU. superarían a los de toda la industria automotriz norteamericana.
Los exportadores colombianos de la droga, en cambio, manejan sumas inferiores a un tercio de lo que el público estadounidense gasta en bebidas alcohólicas, o una cuarta parte de los honorarios cobrados por los contadores públicos en los EE.UU. (según se tome la estimación más alta o más baja, respectivamente).
¿NARCODESARROLLO?.
A pesar de su importancia relativamente marginal en el marco mundial, el lavado de narcodólares ejerce una influencia significativa en las economías latinoamericanas.
El flujo de dinero proveniente de la droga proporcionó, durante la última década, una fuente adicional de divisas y estimuló una cantidad de actividades en la región. La conversión de los narcodólares en ganancias “legítimas” se realizó, fundamentalmente, a través de la compraventa de bienes raíces, la ganadería, la industria de la construcción y los clubes de fútbol.
Los traficantes y sus asesores financieros se orientaron, fundamentalmente, hacia actividades con grandes y rápidos movimientos de dinero en efectivo, en los que resulte difícil rastrear el origen y el destino de los fondos. Privilegiaron, además, las inversiones especulativas de alto rendimiento. Esto explica, en parte, la paradójica situación de Colombia, donde, durante el año pasado, la economía registró un crecimiento de 3%, en tanto que las inversiones en activos fijos descendieron en 2,7%.
Aun así, muchos economistas sostienen que el negocio de la coca cumplió un papel esencial en Bolivia para amortiguar los efectos del severo ajuste antiinflacionario iniciado en 1985, que involucró, entre otras cosas, despidos masivos de empleados públicos y trabajadores de la minería.
En ausencia de un sistema efectivo de seguridad social, la migración hacia las nuevas zonas de cultivo de coca representó una alternativa de supervivencia para miles de desempleados.
El extendido mercado negro de divisas en la región adquirió nuevas dimensiones y un diferente rol merced a la intervención de los narcotraficantes. En Perú y Bolivia, buena parte de las operaciones de importación se realiza a través de la compra de dólares en el mercado paralelo abastecido por los traficantes. En Colombia, el propio gobierno ofreció, entre 1975 y 1983, una vía
legal para la conversión de los narcodólares, al autorizar al banco central a adquirir divisas sin pedir explicaciones sobre su origen. Se estima que alrededor de US$ 1.100 millones fueron lavados mediante este procedimiento.
CAMPOS DE BATALLA.
Hasta ahora, la guerra mundial contra el narcotráfico ha venido librándose
fundamentalmente en el sector de la oferta. Según investigadores estadounidenses, 70% de los recursos de la campaña antidrogas se destina a la represión del tráfico y la erradicación de cultivos, en tanto que sólo 30% se dirige a desalentar el consumo.
Esto explica, según muchos expertos, el escaso progreso logrado en la lucha contra las drogas. La industria del narcotráfico ha demostrado una notable capacidad de adaptación y respuesta a todas las estrategias represivas. Descentralizó sus plantas de procesamiento y recurrió a diferentes medios de transporte y a nuevas rutas para eludir la vigilancia internacional. También
abrió nuevos mercados (tras un rápido crecimiento en Europa, ha comenzado a incrementar sus redes de distribución en Japón). Ha logrado, incluso, diversificar rápidamente sus productos: los carteles colombianos, que hicieron fortuna con la marihuana y en los años ´80 se pasaron al negocio de la cocaína, incursionan ahora en el comercio de la heroína.
Las erradicaciones de cultivos, voluntarias o forzosas, exhiben, por otra parte, una historia de persistentes fracasos. En el primer caso, sigue resultando extremadamente difícil persuadir a campesinos latinoamericanos de que reemplacen sus plantaciones de coca por otros productos agrícolas para los que no existen precios ni mercados garantizados.
En cuanto a las campañas de destrucción de cultivos, los resultados suelen ser invariablemente insuficientes o efímeros. En Perú, Ecuador y Bolivia hay vastas extensiones de tierras disponibles para la producción de coca, y en apenas doce meses las nuevas plantaciones están listas para producir entre cuatro y seis cosechas anuales.
El negocio de la droga parece responder, en definitiva, al principio de que, mientras exista un ávido y extendido mercado, siempre habrá una industria dispuesta a correr todos los riesgos para abastecerlo.
Quienes sostienen que cualquier posible solución al problema del narcotráfico debe buscarse en el lado de la demanda admiten que los programas de educación, y los esfuerzos comunitarios y gubernamentales para combatir el consumo, suelen ser menos espectaculares que los operativos de represión, y sus resultados raramente pueden observarse en un corto plazo.
Sin embargo, la experiencia de la campaña contra el tabaco en los EE.UU. proporciona un fuerte argumento en favor de esta postura. En este caso, una poderosa industria debió resignarse a perder enormes porciones de su mercado (alimentado, también, por una conducta adictiva) merced al éxito de un programa de educación e información pública.
