El problema crucial en Argentina -y en el resto de América Latina- es la debilidad del Estado. Hay que modernizarlo y aliviarlo de todo lo que no sabe y no debe hacer. Pero sin renunciar a su papel esencial: el arbitraje entre intereses antagónicos en juego. La ciudadanía desembarca el exceso de
equipaje de los ideologismos y apoya los cambios urgentes que reclama la sociedad. Al privatizar, se ha renovado el debate.
No hay países que tengan una economía poderosa y un Estado débil. El debate sobre la necesidad de la reforma ha sido deliberadamente plagado de confusiones. Lo que hubo consenso en corregir fue el exagerado intervencionismo estatal en lo económico, por ineficiente. En cambio, preservar intacto el poder de regulación del Estado, su capacidad de arbitraje, es esencial.
Los defensores del Estado mínimo quieren que se ocupe del orden, de la administración de justicia y de pocas cosas más.
Quienes creen que el Estado es la fuerza que concilia y armoniza los intereses contradictorios que coexisten en cualquier sociedad, rechazan de plano esta visión.
Los primeros prefieren dejar todo librado a la “mano invisible del mercado”. Los segundos requieren que la mano concreta del Estado corrija los excesos del mercado (y se abstenga de incurrir en otros).
Entre nosotros, las arbitrariedades de la burocracia, la ineficiencia administrativa y el fracaso en la gestión fuego de algunos teóricos económicos. En el Primer Mundo, en el industrializado, el Estado ha sido el promotor del desarrollo económico. Casi siempre, fijando las reglas de juego para liberar el potencial creativo y emprendedor del sector privado.
Cuando el presidente Bush explicó que el objetivo nacional de EE.UU. es explorar Marte en los próximos 30 años, con una inversión de US$ 400 mil millones, anunció una empresa estatal a la que se convoca al sector privado. Cuando los industriales estadounidenses reclaman al mismo mandatario que imponga restricciones a las importaciones desde Japón, reconocen que, a veces, la mano “concreta” puede convenir más que la “invisible”. Cuando los 12 de la CEE deciden tener un mercado único, a partir de 1992, lo hacen para que las economías nacionales crezcan sin fronteras ni normas restrictivas (en lo interno del bloque).
En cuanto a Japón, un paradigma del capitalismo -aunque seguramente al mismísimo Adam Smith le costaría reconocerlo-, basta recordar algunos de los consejos que dejó Saburo Okita en su última visita:
* Orientar el cambio. El mercado es el mecanismo más idóneo para producir y comerciar bienes. La orientación estatal se requiere para que la herramienta se aplique a las actividades con mayor posibilidad de crecimiento.
* Establecer prioridades. Es el Estado quien debe promover el ahorro, estimular la inversión e impulsar el desarrollo científico y tecnológico.
* Alentar las industrias con futuro. Es preciso desestimular las actividades anacrónicas, del pasado, y en cambio vigorizar las que tendrán futuro.
* Más competencia internacional. El Estado debe persuadir al sector privado a incursionar en las áreas que tienen mayor potencial para competir en la escena internacional.
* Invertir en infraestructura. Sin adecuadas vías de comunicación, puertos, telecomunicaciones, no es posible mantener un sostenido ritmo de desarrollo.
* El gran mediador. Es el Estado el único que puede arbitrar entre los diferentes intereses sectoriales en pugna, y quien puede mitigar las desigualdades sociales, tanto por razones de equidad como por motivos económicos (con mayores ingresos hay un crecimiento del producto).
Como tan bien lo ha expresado el sociólogo francés Alan Touraine, el problema crucial de toda América Latina, hoy, es la debilidad del Estado. Lo que complica el debate es la falsa opción entre estatistas y privatistas.
Los primeros tienen la falsa idea de que el Estado puede y debe hacerlo todo. Los segundos quieren ponerle bandera de remate. Entre nosotros por lo menos, los estatistas se han convertido en enemigos de la modernización, sometidos a una antigua idea de la soberanía y de los intereses estratégicos de la Nación.
Los privatistas a ultranza quieren reducir al mínimo la esfera de actividad estatal y convertir al Estado en botín de guerra de intereses económicos antagónicos.