A principios de la década de los 90, era evidente que el sistema de jubilación de reparto había colapsado. Por cada trabajador activo había tres pasivos (y la situación se ha agravado). Fue así como se abrió camino la idea del sistema de capitalización, por el cual cada trabajador iba aportando para su fondo de retiro. Nació entonces el sistema privado a cargo de las administradoras de fondos de pensión, las AFJP.
La idea era que con inversiones prudentes, estos recursos se irían multiplicando para garantizar una jubilación adecuada, a la par que desarrollando un mercado de capitales nacionales para reforzar el proceso de inversión doméstica.
Para ello, las AFJP tenían normas restrictivas de inversión para minimizar el riesgo.
Naturalmente, al canalizar sus aportes al sistema privado millones de personas en actividad económica, se restaban recursos al sistema de reparto que, mientras tanto, debía sostener a los ya jubilados. Transitoriamente, entonces, el Estado debía contribuir con los fondos suplementarios.
Ésta es la génesis del creciente déficit estatal, más allá del criticado gasto público. Casi la mitad del presupuesto se dedica hoy a partidas previsionales. Si no fuera por esta circunstancia, hubiera habido superávit primario durante todos estos años.
La situación se complicó cuando las AFJP comenzaron a incrementar su cartera de títulos de la deuda pública, ante la renuencia a prestar de inversionistas extranjeros en una economía convertida en una aspiradora de fondos financieros externos.
Peor aún, el ministro Cavallo presionó para que cada vez fuera mayor la compra de bonos de la deuda pública, y luego por decreto se las obligó a adquirirlos cuando ya era evidente que se aproximaba el fin de la convertibilidad.
Si las AFJP hubieran invertido en moneda extranjera o en bonos de países centrales, seguramente el ahorro de los futuros jubilados estaría a salvo y exhibiendo crecientes rendimientos. Pero eso no era posible, por disposición legal, porque se hubiera contrariado la intención de armar un mercado argentino de capitales, y porque este comportamiento hubiera sido tildado de antipatriótico.
Por eso es ridícula la acusación de que las AFJP hicieron inversiones dudosas o especulativas. ¡Desde cuándo colocar recursos en títulos de la deuda pública nacional es una maniobra especulativa! Más sensato habría sido como hizo el entonces gobernador Kirchner de Santa Cruz colocar fondos excedentes en bancos extranjeros. Pero en el caso de las AFJP, se habría violado la ley.
Puede argumentarse que las administradoras cobran comisiones excesivas por el servicio que prestan, y eso puede corregirse. Pero es absurdo responsabilizarlas por algo que debieron hacer contra su voluntad.
En la Argentina, la comprensión del capitalismo es, por lo menos, extraña. El riesgo es elemento esencial del sistema capitalista. A ningún empresario se lo acusa con responsabilidad penal por haber invertido mal. Quiebra y asunto terminado.
Que lo digan, si no, los millones de ahorristas de los fondos de inversión estadounidenses que han visto volatilizados sus recursos por decisiones erradas en empresas tecnológicas o por maniobras delictivas tipo Enron. Se puede juzgar penalmente a gerentes inescrupulosos que actuaron al margen de la ley, pero no a los fondos que, con la información disponible, creían que hacían una buena inversión.
El mismo sistema de la convertibilidad es un buen ejemplo bien cercano del modo en que concebimos el capitalismo. Un depósito denominado en moneda extranjera es una inversión, sujeta al riesgo cambiario. Hubo quienes, sabiéndolo, contrataron un seguro de cambio, y fueron pagándolo como uno paga el seguro de incendio, para cobrar la indemnización si la casa se quema. La mayoría no lo hizo, simplemente porque no creía que, al depositar dólares en un banco, estuviera corriendo un riesgo. La genuina indignación de los ahorristas proviene de su convicción de que les deben devolver sus dólares a la paridad antigua. No lo saben, pero en el fondo están pidiendo un seguro de cambio retroactivo y gratuito.
La falta de cultura capitalista es evidente. Nuestra mentalidad, más inmobiliaria que capitalista, identifica el valor de una empresa con el valor de realización, o el valor de reposición; nunca con un flujo de caja descontado. Los populistas prefieren derogar la ley de la oferta y la demanda, eliminar el riesgo. Se podría creer que, en cambio, los liberales sí comprenden el capitalismo. Tampoco. Suponen que cualquier acto del Estado es intervencionista o proteccionista y representa una vuelta al pasado. Lo que nuestros liberales entienden por capitalismo se puede resumir en la frase laissez faire, laissez passer. Dejar hacer, dejar pasar es una idea pre-capitalista.
Ahora, se prepara la reforma al sistema de jubilación, tanto privado como estatal.
¿Qué nos depara el futuro?
Hay quienes argumentan que, si con la devaluación todos los argentinos vieron mermados significativamente sus ingresos, ¿por qué los jubilados también argentinos deberían ser la excepción?
Cualquiera sea el método que se elija, hay una nube sobre el horizonte: ya se sabe que en 2005 habrá que pagar compromisos externos y que no habrá recursos que vengan del exterior. ¿De dónde saldrán esos pagos? Seguramente las AFJP serán convocadas otra vez para cerrar la brecha. Tal vez las empresas que administran los fondos de jubilación privada no tengan pérdidas, pero el quebranto será como ahora para los aportantes, los futuros jubilados.