COLOFÓN |
Concretamente se lo acusa de no adoptar las medidas necesarias para impedir el colapso en 2008 de los tres bancos más grandes del país: Kaupthing, Landsbanki y Glitnir. El cierre de esos bancos provocó la mayor debacle financiera en la historia de Islandia.
Defensores y detractores del ex primer ministro se preguntan hasta qué punto un dirigente político es responsable de sus decisiones en política económica y de si el Gobierno islandés podía haber hecho algo para impedir el hundimiento de una banca que había crecido tanto que los bancos tenían activos por valor de 923% del PBI del país.
Si bien el juicio no logró encontrar responsabilidad directa del Gobierno en las operaciones de los bancos, la gente en las calles de Reykjavik se regocija al ver a un político enfrentarse cara a cara con sus acusadores. La primera ministra Johanna Sigurdardottir cree que la profunda investigación criminal que se está realizando contra financistas corruptos facilitará la “reconciliación nacional” y “restañará las heridas que provocó el colapso”.
Los vecinos que apedrearon el Parlamento en 2009 exigiendo respuestas por el desastre económico y financiero están comenzando a cosechar los beneficios de aquella furia.
La acción del Gobierno
Cuando en octubre de 2008 se hizo evidente que era imposible salvar a los bancos, el Gobierno central tomó cartas en el asunto, protegió las cuentas domésticas y dejó en la vía a los acreedores internacionales. El banco central impuso control de capitales y creó nuevos bancos sobre los restos de los anteriores fracasados. Los nuevos bancos se hicieron cargo de los activos domésticos de los bancos colapsados. Además, mediante acuerdo con el Gobierno, condonaron préstamos equivalentes a 13% del PBI, aligerando así el peso de la deuda de más de un cuarto de la población.
Islandia, con solo 320.000 habitantes, era un ejemplo del auge crediticio de aquel momento. Sus bancos se expandieron en el extranjero y los inversionistas, especialmente de Gran Bretaña, apostaron a la corona isleña por su alto rendimiento.
Clave en la recuperación de la isla fue un programa del FMI por US$ 2.100 millones otorgado en noviembre de 2008, poco después del espectacular colapso de los tres grandes bancos del país. El programa incluía medidas controversiales, como el control de capitales y una decisión de no ajustar la política fiscal durante el primer año. También buscaba asegurar que la reestructuración de los bancos no significara que los contribuyentes tuvieran que pagar las pérdidas del sector privado.
La economía islandesa depende fuertemente de la industria pesquera que genera 40% de los ingresos de exportación y emplea a 7% de la fuerza laboral. Es sensible a la fluctuación de los precios internacionales de sus principales exportaciones: pescados y derivados, aluminio y ferrosilicio.
En la última década, la economía se diversificó hacia la manufactura y la producción de servicios, especialmente en los campos de software, biotecnología y turismo. El país no necesita importar petróleo pues cuenta con abundantes fuentes geotermales y de hidroenergía, que además atraen la inversión extranjera, especialmente de firmas de alta tecnología que buscan instalarse donde la energía es barata y verde. La crisis dejó muchos proyectos en suspenso.
Gran parte del crecimiento económico anterior a la crisis se produjo como resultado del aumento de la demanda interna, a su vez consecuencia de la expansión del sector financiero. Los bancos nacionales se expandieron en mercados extranjeros y tanto la población como las empresas se endeudaron en monedas internacionales. Con el deterioro de las condiciones financieras globales en 2008 la corona se depreció frente a otras monedas y la exposición de los bancos islandeses, cuyos préstamos y otros activos totalizaban más de nueve veces el Producto Bruto Interno del país, se volvió insostenible.
