Andes Corporación Minera S.A., titular del Proyecto Minero Los Azules, participó de una audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) en el marco de la Resolución 79/2026 para exponer su oposición a la asignación de prioridad de capacidad de transporte solicitada por Vicuña Argentina S.A. en la línea de 500 kV Nueva San Juan–Rodeo.
La compañía sostuvo que Los Azules no se encuentra en una etapa conceptual y enumeró antecedentes vinculados con su desarrollo: estudios eléctricos presentados ante Transener, habilitación firme como agente del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) emitida por la Secretaría de Energía y un cronograma de inversión aprobado por el Estado Nacional. En ese contexto, planteó que la resolución afecta de manera directa su acceso a la capacidad de transporte en el corredor troncal que requiere para su puesta en marcha.
Durante la audiencia, Miguel Gil, gerente de Ingeniería de Los Azules, cuestionó los criterios utilizados para la asignación de capacidad en el tramo troncal. “Asignar el 90% de un 71% de un número que no fue auditado, bajo una hipótesis que la propia CAMMESA reconoce como simplificada, y por 25 años, no es regulación”, dijo Gil, gerente de Ingeniería de Los Azules.
En la misma intervención, el directivo agregó: “Es transferir un activo público a un privado sin fundamento técnico verificable”, dijo Gil, gerente de Ingeniería de Los Azules.
Además, en la audiencia se identificaron tres puntos críticos en la estructura motivacional del acto administrativo. En primer lugar, se señaló que el informe técnico del Área de Análisis Regulatorio del ENRE no realizó un análisis independiente, sino que reprodujo lo informado por Cammesa. En segundo término, se indicó que el Dictamen Jurídico se autoexcluyó de ponderar cuestiones técnicas o fácticas. Por último, se cuestionó que el artículo 12 de la resolución aplicó un estándar técnico riguroso para excluir el grupo transformador de la Estación Rodeo —por la naturaleza de su carga— mientras que sobre el tramo troncal en 500 kV empleó criterios notoriamente más laxos.
En ese marco, Los Azules solicitó al ENRE que ejerza las facultades revocatorias previstas en el artículo 17 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y revise el artículo 9 de la Resolución 79/2026 antes de que el expediente derive en una instancia judicial. También planteó que la audiencia pública abre una instancia para corregir el acto y preservar la coherencia del sistema regulatorio.
En relación con el encuadre de su presentación, la compañía afirmó que su oposición no apunta a frenar otros desarrollos y propuso un esquema “técnico, proporcional y multiusuario” para compatibilizar proyectos, asignar capacidad en función de demanda real, liberar capacidad no utilizada y establecer revisiones periódicas. También sostuvo que la planificación eléctrica debe sustentarse en fundamentos técnicos transparentes, con trazabilidad de modelos, supuestos y escenarios regionales, y que el acceso abierto y la utilización equitativa de infraestructura estratégica se vinculan con la previsibilidad regulatoria, el uso de recursos públicos invertidos y el desarrollo productivo futuro de San Juan.
