El desempeño comercial del langostino argentino en los mercados europeos convive con un reclamo de organizaciones de la sociedad civil por mayor información pública sobre el manejo de los recursos del Mar Argentino y el funcionamiento interno de la industria. El planteo parte de que se trata de una riqueza pública cuya administración debe ser conocida y auditada por la ciudadanía.
En ese marco, distintas agrupaciones ambientales impulsan el tratamiento de una Ley de Transparencia Pesquera. El objetivo es que la gestión del sector sea de acceso público y verificable, con datos sobre registro de embarcaciones, licencias otorgadas, criterios de asignación e identificación de beneficiarios finales. También piden libre acceso a la información ambiental vinculada a los descartes al mar y a los mecanismos estatales destinados a prevenir posibles conflictos de intereses.
El abismo entre trazabilidad y transparencia
El reclamo distingue entre la trazabilidad exigida por compradores internacionales y la transparencia que demanda la sociedad. Que un producto pueda rastrearse hasta su origen resulta relevante para cumplir normativas aduaneras, pero no responde preguntas sobre quién recibe permisos o bajo qué criterios se otorga el derecho a explotar el mar.
La especialista en Política Pública e Incidencia de Sin Azul No Hay Verde, Mariana Regueira, sostuvo que los sellos y certificaciones pueden contribuir a mejorar prácticas y ofrecer garantías a los mercados, pero advirtió que “no reemplazan la información pública necesaria para evaluar integralmente la sostenibilidad en la pesca”, dijo Regueira. Para la especialista, en una actividad extractiva como la pesca de arrastre, la sostenibilidad exige conocer qué embarcaciones operan, quiénes reciben las cuotas, con qué criterios se asignan y cuáles son los resultados de la fiscalización estatal.
Regueira también remarcó la necesidad de prevenir la pesca ilegal y reducir los descartes, además de garantizar que el avance industrial no desplace a la pesca artesanal y de subsistencia. En esa línea, señaló que estándares internacionales como FiTI ofrecen una hoja de ruta para publicar información y consideró que el proceso de acceso de Argentina a la OCDE representa una oportunidad para incorporar transparencia y conducta empresarial responsable a la planificación estratégica del sector.
Controles ambientales y sanciones
El reclamo incorpora la dimensión ecológica y pone el foco en la fiscalización oficial. El coordinador de Sin Azul No Hay Verde, Juan Coustet, planteó que no alcanza con afirmar que existen controles si la sociedad no puede conocer qué se audita, cómo se realizan las fiscalizaciones, qué resultados se obtienen y qué ocurre ante incumplimientos. “La riqueza del mar no puede convertirse en prestigio privado sin rendición de cuentas”, sentenció Coustet.
El directivo recordó que la Ley Federal de Pesca prohíbe el descarte al mar, aunque señaló que es una práctica habitual en flotas de arrastre. También mencionó informes técnicos del INIDEP sobre el volumen de especies desechadas, como la merluza, y cuestionó la falta de información sobre sanciones: “Poco sabemos sobre qué sanciones se aplican a los buques que incumplen la normativa y afectan los ecosistemas marinos”, lamentó.
La agenda de reclamos ya se formalizó en el Congreso de la Nación, tras un conversatorio en el Senado y una reunión informativa en la Cámara de Diputados, con el objetivo de destrabar el tratamiento de la Ley de Transparencia Pesquera para que la comercialización millonaria de recursos nacionales deje de funcionar bajo secreto.
