Denunciar acoso escolar debería activar una respuesta de protección para que un chico pueda aprender sin miedo y sostener su continuidad educativa sin quedar expuesto a nuevas agresiones. Sin embargo, cuando el foco se desplaza hacia cuestionar a la familia que pide ayuda, el hostigamiento puede persistir y el reclamo termina convirtiéndose en un nuevo frente de conflicto.
La médica pediatra y psiquiatra infantil Florencia Sanabria sostiene que el debate sobre bullying debe incluir qué ocurre después de la denuncia y cómo se evalúan las respuestas escolares. En ese marco, retoma el caso de una adolescente de Catamarca que denunció hostigamiento durante un viaje de egresados a Bariloche. La información publicada describe agresiones entre estudiantes y una actuación institucional que está siendo investigada. La escuela sostuvo que intervino cuando tomó conocimiento y, según plantea la especialista, “las responsabilidades deberán esclarecerse”.
Qué se considera una respuesta efectiva
Sanabria remarca que reunirse con los padres, labrar un acta o anunciar que se habló con los alumnos no demuestra por sí solo que el problema esté resuelto. El criterio, plantea, debe ser el impacto concreto en la vida del alumno. “La respuesta debe evaluarse por lo que cambia en la vida del chico”, señaló la especialista.
En esa lógica, describe un mecanismo frecuente: la descalificación de quienes reclaman. La madre puede pasar a ser “conflictiva” y el padre “exagerado”, mientras el pedido de intervención se interpreta como una amenaza a la convivencia o al prestigio del colegio. Para la autora, ese corrimiento de eje deja de concentrarse en las agresiones que deben detenerse y se centra en la incomodidad que produce quien las señala. “La insistencia de una familia no debería utilizarse para desacreditar el sufrimiento de su hijo”, afirmó Sanabria.
Cuando una escuela conoce el hostigamiento y no adopta medidas efectivas, la omisión debe ser examinada: qué hizo la institución, por qué no logró frenar las agresiones y cómo corregirá su respuesta. En ese punto, la especialista advierte que pedir paciencia sin establecer protección ni plazos concretos deja a la familia frente al mismo riesgo que motivó la denuncia.
Represalias, revisión independiente y el rol de los adultos
La columna también aborda posibles represalias posteriores al reclamo, como presiones para retirar al alumno, descalificaciones sostenidas o decisiones que afecten su continuidad escolar. Que una medida ocurra después de denunciar no prueba por sí solo una represalia, pero la institución debe poder explicar sus decisiones y permitir que sean revisadas. Además, cambiar de escuela puede ser necesario para proteger a un niño, aunque si la familia se ve empujada a hacerlo por falta de respuesta, el costo vuelve a recaer sobre quien sufrió el hostigamiento.
Sanabria agrega que la inacción transmite un mensaje al grupo: si las humillaciones se repiten y las medidas adultas no consiguen detenerlas, quien hostiga puede interpretar que esa conducta tiene un costo bajo. Por eso, sostiene que la respuesta debe incluir también a quien ejerce el acoso: ante conductas persistentes o graves, las escuelas deberían convocar a su familia y promover una evaluación profesional. La Academia Estadounidense de Psiquiatría Infantil y Adolescente recomienda una evaluación integral cuando el hostigamiento continúa, sin que eso implique demorar la protección de la víctima.
Entre los pasos operativos, propone registrar los hechos, escuchar a los involucrados por separado y definir medidas concretas para reducir el riesgo, con responsables, plazos y verificación de resultados. Cuando la actuación del colegio está cuestionada, plantea una instancia externa: la supervisión educativa debería poder examinar lo ocurrido, escuchar a la familia y controlar el cumplimiento de las medidas.
