La adopción institucional de activos digitales volvió a instalar la discusión sobre seguridad y resiliencia operativa tras dos incidentes recientes: una brecha de seguridad por US$ 6.300 millones vinculada a una plataforma cripto y el hallazgo de carteras físicas (hardware wallets) manipuladas con chips espía maliciosos. Ambos episodios, con vectores de ataque distintos, pusieron el foco en la arquitectura que sostiene la custodia y en los riesgos que exceden el resguardo de claves privadas.
En el primer caso, el problema se asocia a vulnerabilidades en la infraestructura organizativa y en los procesos de autorización de transacciones, que pueden dejar expuestos los activos digitales incluso sin evidencias de una vulneración de las claves privadas. En el segundo, la manipulación física en la cadena de suministro compromete las garantías de seguridad de los dispositivos de almacenamiento, un riesgo que se vuelve relevante para esquemas de autocustodia basados en hardware.
Límites del “almacenamiento en frío”
Para Crypto Finance, parte de Deutsche Börse Group, estos incidentes exponen las limitaciones de considerar el almacenamiento en frío como una solución integral. La autocustodia mediante dispositivos físicos puede reducir la exposición a ciertas amenazas online, pero depende de la integridad de la cadena de suministro, de la generación segura de claves y de controles de acceso individuales. “Los acontecimientos recientes demuestran por qué la autocustodia no constituye una estrategia completa de mitigación de riesgos”, dijo Stijn Vander Straeten, CEO de Crypto Finance Group.
Un informe de 2026 elaborado por Global Digital Finance junto con Block, TRM Labs y Coinbase aporta un recorte cuantitativo del uso de carteras autogestionadas en transferencias de stablecoins: el 80% de las operaciones fue inferior a US$ 1.000 y aproximadamente el 97% no superó los US$ 10.000. En contraste, las transferencias de entre US$ 50.000 y US$ 500.000 representaron menos del 1% del total de operaciones, pero concentraron cerca de un tercio del volumen transaccionado. El reporte identifica la gestión de tesorería, las operaciones de liquidez y los pagos empresariales como posibles casos de uso de esos montos.
Gobernanza y controles para clientes institucionales
Esa concentración de valor en un número reducido de transacciones refuerza la necesidad de estructuras formalizadas de custodia y de mecanismos sólidos de autorización para instituciones que administran posiciones significativas en activos digitales. “Depender de un único punto de fallo supone un riesgo operativo inaceptable”, explicó Vander Straeten.
En el plano técnico, la custodia profesional para clientes institucionales se apoya en arquitecturas de seguridad multicapa, con módulos de seguridad de hardware (HSM) con redundancia geográfica, segregación estricta de funciones y controles operativos auditados de forma independiente. En servicios sujetos a supervisión prudencial, las claves privadas se almacenan en HSM resistentes a manipulaciones y certificados conforme al estándar FIPS 140-2 Nivel 3, ubicados en instalaciones de alta seguridad.
La discusión también alcanza a vehículos de inversión regulados, incluidos los productos cotizados en bolsa (ETP) y los fondos tokenizados, que permiten obtener exposición a activos digitales sin asumir la gestión directa de claves privadas. En ese marco, la custodia institucional se vuelve un componente de infraestructura para combinar supervisión regulatoria, resiliencia operativa y gobernanza transparente.
