Diversas organizaciones civiles plantearon que decisiones consideradas estratégicas para el futuro ambiental y económico del país se toman “lejos de la mirada pública” y reclamaron mayor transparencia sobre quiénes se benefician con la explotación de bienes comunes. El foco se concentró en medidas vinculadas a la tierra y al Mar Argentino, con cuestionamientos a la disponibilidad de información y a la ausencia de debate público.
Uno de los ejes señalados fue la derogación de la Ley de Tierras Rurales mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Las organizaciones sostienen que esa decisión eliminó límites normativos para que corporaciones y capitales extranjeros adquieran grandes extensiones vinculadas al agua dulce, la biodiversidad y la producción en zonas fronterizas. También advirtieron que la flexibilización territorial avanza sin discusión “de cara a la sociedad” y deja el destino de enclaves de la Patagonia sujeto a intereses del mercado internacional.
En paralelo, mencionaron que la Comisión de Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados mantiene frenada la ley de transparencia pesquera. Para las agrupaciones, esa parálisis consolida un “blindaje institucional” que impide conocer datos básicos sobre la explotación de los recursos y sostiene un esquema de hermetismo en el sector.
Una agenda común para tierra y mar
“Lo que está ocurriendo en la tierra y en el mar no son hechos aislados, sino que expresan una misma falla de gobernanza”, afirmó Mariana Regueira, responsable de Políticas Públicas e Incidencia de Sin Azul No Hay Verde. En esa línea, agregó: “Cuando las decisiones sobre bienes naturales estratégicos se toman sin debate público, sin información accesible y sin participación ciudadana, el problema es ambiental, económico, pero fundamentalmente es institucional”.
El planteo también se extendió a la administración del Mar Argentino y a la relación entre promoción comercial y acceso ciudadano a información sobre el manejo del recurso. Durante los primeros días de octubre, una delegación integrada por 15 empresas exportadoras viajó a la feria Argentina Week, en la ciudad de París, para ofrecer langostino salvaje y vieira a compradores europeos. Esa misión comercial contó con respaldo de la Secretaría General de la Presidencia y del Consejo Federal Pesquero.
Trazabilidad y acceso a la información
Las organizaciones marcaron diferencias entre la trazabilidad exigida por aduanas para exportar y la transparencia hacia la sociedad civil. En ese marco, buscaron instalar preguntas sobre quién accede a licencias, qué controles rigen en altamar y qué nivel de concentración existe en la administración del Atlántico Sur. Además, reclamaron la adopción de estándares como la iniciativa FiTI, herramientas anticorrupción de las Naciones Unidas y directrices de la OCDE.
Al referirse a ese punto, Juan Coustet, coordinador de Sin Azul No Hay Verde, sostuvo: “Lamentablemente, en Argentina parece haberse vuelto una constante que un grupo reducido de personas decida sobre el destino de nuestro patrimonio natural”. Entre los pedidos concretos, las organizaciones mencionaron una solicitud formal ante el Consejo Federal Pesquero para crear un registro público de embarcaciones y dos proyectos de ley impulsados por el diputado Maximiliano Ferraro: uno de trazabilidad, con 10 años sin tratamiento ni aprobación, y otro para crear un Registro Público de Embarcaciones con información sobre licencias y cuotas y beneficiarios finales.
