El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires precisó el alcance del nuevo régimen nacional para licencias profesionales interjurisdiccionales y remarcó que la jurisdicción aplica condiciones y procedimientos establecidos por la normativa nacional. La aclaración se produjo tras versiones sobre modificaciones en el sistema de emisión y renovación de este tipo de credenciales.
La Provincia está adherida al Sistema Nacional de Licencias de Conducir y, en ese marco, ejerce funciones delegadas por el Estado Nacional para la emisión de Licencias Nacionales de Conducir profesionales de carácter interjurisdiccional. En esa línea, el organismo sostuvo que “las condiciones para la obtención y renovación de estas licencias no fueron definidas por la Provincia de Buenos Aires”, y las vinculó con el Decreto N.º 196/2025 y con la reglamentación dictada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
El cambio central del nuevo esquema fue la eliminación de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI) como trámite y credencial independiente. Desde esa modificación, la habilitación para realizar transporte interjurisdiccional se instrumenta a través de las Licencias Nacionales de Conducir profesionales clases C, D y E. La emisión de esas licencias queda a cargo de las provincias que suscribieron el convenio de delegación con la ANSV.
Buenos Aires integra el Sistema Nacional de Licencias de Conducir desde 2010 y, como el resto de las jurisdicciones adheridas, realiza las tareas delegadas aplicando las condiciones, requisitos y procedimientos definidos por la normativa nacional. En este marco, el Gobierno Nacional dispuso que las evaluaciones psicofísicas, las capacitaciones y las evaluaciones teórico-prácticas necesarias para obtener o renovar licencias profesionales interjurisdiccionales se realicen “exclusivamente por prestadores registrados y habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial”.
El régimen también introdujo cambios en la formación de precios del trámite. No se estableció una tarifa nacional de referencia para las prestaciones asociadas a evaluaciones y capacitaciones. En consecuencia, los valores son fijados y cobrados por cada prestador habilitado, sin intervención económica de la Provincia ni de los Centros de Emisión de Licencias de Conducir municipales. En ese contexto, la cartera provincial consideró “incorrecto atribuir al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires decisiones vinculadas con los requisitos, el esquema de prestadores o los costos” de las evaluaciones.
Ante dificultades de implementación, en particular por la oferta limitada de prestadores habilitados en distintas regiones bonaerenses, el Ministerio dispuso una prórroga excepcional de 60 días para el vencimiento de las licencias profesionales alcanzadas por el régimen. La medida busca que los trabajadores completen los nuevos requisitos sin perder la posibilidad de continuar desarrollando su actividad.
El organismo también expresó preocupación porque el esquema deja a los trabajadores sujetos a un mercado de prestadores privados sin una tarifa de referencia estatal, una situación que puede derivar en diferencias significativas de costos y afectar el acceso equitativo al trámite en todo el país.
