La Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) y el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) impusieron una sanción económica de $290 millones al Colegio Profesional Inmobiliario porteño (CPI/CUCICBA) por incurrir en abuso de posición dominante y “persecución sistemática” contra profesionales vinculados a modelos de redes y franquicias.
La investigación acreditó una desproporción estadística: mientras los corredores asociados a redes comerciales representan menos del 2% del padrón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, concentraron el 20% de las causas disciplinarias iniciadas por la entidad. El dictamen oficial también expuso un conflicto de intereses estructural del modelo colegiado, al señalar que las autoridades que regulan y ejercen la potestad disciplinaria son, al mismo tiempo, competidores comerciales activos dentro del mismo mercado.
En ese contexto, Mariano García Malbrán, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (Camesi), advirtió: “Este fallo trasciende a un solo Colegio”, y agregó que “en muchos Colegios inmobiliarios del país se da exactamente la misma situación, y esta resolución es un llamado de atención para todos ellos”.
Una “tercera vía” regulatoria
Camesi planteó una propuesta normativa bajo el lema “Ni monopolio ni terreno sin reglas”. El enfoque parte de que la alternativa a los monopolios corporativos no debe ser una desregulación ciega, sino una reforma integral que ponga al consumidor en el centro y separe la habilitación profesional de la garantía patrimonial.
La iniciativa se estructura en cuatro ejes. El primero propone una matrícula no obligatoria, con la supresión del monopolio de matriculación en manos de los colegios profesionales, con el objetivo de evitar barreras artificiales de entrada.
El segundo eje plantea la creación de un Registro Nacional Biométrico de Corredores: un registro público, único y federal, con validación de identidad biométrica, para que cualquier ciudadano pueda verificar la idoneidad y antecedentes del profesional sin intermediación de entidades con intereses comerciales.
Seguro obligatorio y supervisión estatal
El tercer punto es un Seguro de Responsabilidad Profesional Obligatorio, que sustituye el régimen sancionatorio colegial por la exigencia de una póliza. El esquema busca garantizar una cobertura patrimonial directa y ejecutable ante errores, omisiones o perjuicios al cliente.
Por último, la propuesta incorpora una supervisión estatal independiente, con mantenimiento del control gubernamental sobre obligaciones críticas como la prevención del lavado de activos y el deber de transparencia hacia las partes. En la argumentación del esquema, García Malbrán sostuvo: “La matrícula y las facultades disciplinarias existen para ordenar la actividad y proteger al público, no para condicionar, perseguir o excluir a un corredor por el modelo de trabajo que elige”.












