El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) estimó que el descarte de merluza común por parte de la flota industrial trepó a 92.336 toneladas en el Mar Argentino, con ejemplares juveniles y adultos que quedan atrapados en redes de arrastre y luego son arrojados por la borda.
La magnitud del número se traduce en términos de disponibilidad alimentaria: ese volumen alcanzaría para garantizar una porción diaria a cada uno de los 46 millones de habitantes de la Argentina durante casi nueve días seguidos. También se dimensiona desde la logística: trasladar esa masa equivaldría a movilizar 3.333 camiones semirremolque cargados a su capacidad máxima de 30 toneladas.
Si esos vehículos se alinearan sobre la Ruta Nacional 3, formarían una hilera de casi 70 kilómetros, una extensión comparable a la distancia entre Trelew y Puerto Madryn. En el documento, esa comparación busca ilustrar el volumen físico involucrado en el descarte.
Señales biológicas en el norte y el sur
El informe técnico del INIDEP también plantea señales de deterioro biológico de la especie en distintas áreas. En el sector norte, los investigadores describen una sobreexplotación asociada a una biomasa reproductiva por debajo del límite seguro de 150.000 toneladas.
En esa misma zona, el texto menciona un “colapso histórico” reflejado en una caída del 82% en las capturas declaradas durante las últimas tres décadas y una escasez de juveniles. En el sur, el diagnóstico se centra en el descarte dentro de la propia pesquería merlucera: lejos de reducirse, aumentó 12,7 % en el último período evaluado.
El antecedente de Chile y el control con cámaras
Como referencia regulatoria, el documento repasa el modelo chileno. La legislación de ese país obliga a las naves pesqueras industriales y artesanales de más de 15 metros a grabar de forma continua sus faenas. Cada vez que la red toca el agua, un sistema de cámaras documenta la actividad para que el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura supervise las imágenes y detecte infracciones.
Ese esquema derivó en sanciones económicas. El caso citado involucra al buque factoría Unzen, una embarcación de casi 92 metros controlada por una multinacional japonesa: la revisión de videos permitió comprobar desvíos de merluza hacia la cinta de descarte y la planta de harina de pescado, con una multa superior a US$ 300.000. En los últimos cinco años, el organismo chileno abrió decenas de expedientes y recaudó más de US$ 1 millón en multas; además, fallos de la Corte Suprema rechazaron justificaciones comerciales basadas en daños, tamaño o valor de mercado.


