En las Jornadas Internacionales de ATVC y CAPPSA, la preocupación por el futuro miraba hacia arriba. Las constelaciones de órbita baja, los acuerdos de espectro con operadores satelitales, la inteligencia artificial y la piratería ocuparon la mayor parte de los paneles. Hernán Verdaguer había definido a la Mesa TIC como “una herramienta para avanzar” frente a los desafíos que venían. Nadie imaginaba que el primero llegaría tan pronto, ni que lo haría desde el Boletín Oficial y no desde la órbita.
El viernes 6 de noviembre se publicó la Disposición 7/2026 del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), que aprueba los Requisitos Técnicos de Seguridad de la Cadena de Suministro para Equipamiento destinado a Infraestructuras Críticas de Telecomunicaciones. La firma Walter Fabián Agüero, designado al frente del organismo el 2 de noviembre. Fue, por lo tanto, una de sus primeras decisiones. Esa misma noche, la ATVC difundió un comunicado en nombre de las entidades representativas de la industria TIC con un pedido concreto: abrir una instancia de diálogo y consulta pública antes de avanzar con nuevas obligaciones.
Qué dice la norma
En su letra, la disposición es una norma técnica para el Estado. Es obligatoria para el Sector Público Nacional, incluidas las empresas y sociedades estatales, cuando compren, contraten, instalen u operen equipamiento crítico. Para el resto es de adhesión voluntaria. Cubre hardware, software y firmware, con sus actualizaciones, y prevé cuatro niveles de criticidad: crítico, elevado, moderado y reducido. El CNC tiene 90 días para identificar las infraestructuras alcanzadas y asignarles un nivel. Mientras tanto, rige un listado provisorio.
El punto central está en los dos niveles superiores. Allí el proveedor deberá acreditar que el fabricante tiene un sistema de gestión de la cadena de suministro certificado según la norma SCS 9001, de la Telecommunications Industry Association (TIA) de los Estados Unidos. Habrá una transición de 36 meses, durante la cual alcanzará con demostrar que se inició el trámite. Para los equipos de mayor riesgo, además, se exigen actualizaciones de seguridad durante al menos cinco años y una evaluación independiente. El texto contempla también algo que inquieta a cualquier operador: la posibilidad de ordenar, por disposición fundada, el reemplazo de equipamiento ya instalado.
La letra chica: el artículo 9
Si la norma se agotara en las compras del Estado, el debate tendría otro tono. Pero el artículo 9 le encomienda al ENACOM evaluar la incorporación de estos requisitos a la homologación de materiales y a las obligaciones de los licenciatarios TIC. Es decir, a todo el mercado: los grandes operadores, los cableros del interior, las cooperativas y las pymes que integran la propia ATVC. Esa extensión todavía no se aprobó. Pero ya está planteada.
El detalle que convierte un estándar técnico en un asunto geopolítico está en el reglamento de la propia TIA. La entidad no certifica a empresas que el gobierno estadounidense considera no confiables. En la práctica, eso deja afuera a Huawei, ZTE, Hikvision, Dahua, Hytera y DJI. La disposición no nombra a ningún fabricante ni excluye a nadie por su nacionalidad. No hace falta: el filtro lo aplica el certificador.
El contexto refuerza esa lectura. La medida se inscribe en el acuerdo de cooperación bilateral con los Estados Unidos por US$ 15 millones, destinado a reemplazar equipamiento chino en redes gubernamentales y a crear un centro de operaciones de ciberseguridad. En junio, además, la Argentina había adherido a Pax Silica, la coalición impulsada por Washington para asegurar las cadenas de suministro de inteligencia artificial y tecnologías avanzadas. El embajador Peter Lamelas celebró la disposición en X.
Lo que objeta la industria
El comunicado de las cámaras evita la confrontación. Comparte “plenamente” el objetivo de fortalecer la seguridad y resiliencia de las redes. Recuerda que la infraestructura argentina es de clase mundial, integra múltiples proveedores y tecnologías, y ya está sujeta a certificaciones internacionales y a la homologación de las autoridades. Pero la objeción de fondo es técnica, y es precisa: SCS 9001 evalúa procesos de gestión de la cadena de suministro, pero no certifica por sí misma la seguridad técnica de los equipos. Condicionar las exigencias a un único esquema privado de certificación, sostienen, puede convertirse en una barrera para la inversión, la competencia y la expansión de la conectividad.
El CNC ya respondió esa objeción en los fundamentos de la norma. Esquemas como Common Criteria o NESAS verifican un producto puntual, mientras que SCS 9001 audita al fabricante a lo largo de toda la cadena, y por eso, dice el organismo, no son equivalentes. Las dos posiciones son técnicamente defendibles. La discusión real es otra: si un país debe atar la habilitación de sus redes a una certificación cuyas reglas define una entidad privada extranjera en la que no tiene voz.
Los antecedentes regionales son escasos y poco alentadores. El estándar no fue adoptado como obligatorio por los Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido, Japón, Corea ni Australia. Solo lo incorporaron Costa Rica y Paraguay. En Costa Rica, la Justicia suspendió parcialmente el decreto. En Paraguay, que lo exigió en su subasta 5G de 2025, dos de los cuatro operadores se bajaron de la licitación. Nokia y Ericsson, en cambio, dijeron que cumplirían la condición.
El costo de cambiar de proveedor
El problema no es abstracto. Buena parte de las redes de fibra, de telefonía móvil y de videovigilancia del país funcionan con equipamiento de esos fabricantes. Para un operador grande, la homologación obligatoria implicaría rediseñar su política de compras. Para una cooperativa del interior, que eligió esos equipos por precio, financiamiento y soporte, podría significar algo más serio: no poder ampliar la red con el mismo proveedor con el que la construyó. Los Estados Unidos destinaron casi US$ 5.000 millones a reemplazar equipos de Huawei y ZTE en las redes de 85 operadores, la mayoría rurales y pequeños. La Argentina no tiene un fondo equivalente a la vista.
Hay, además, una ironía difícil de pasar por alto. En las Jornadas, buena parte de la conversación giró en torno de la competencia de las constelaciones satelitales de órbita baja. Son de capital estadounidense y les disputan a las redes terrestres, sobre todo en el interior, el cliente que esas redes tardaron años en conectar. Una exigencia que encarezca o demore la expansión de la infraestructura terrestre no hace más que inclinar esa cancha.
El regulador y la mesa
La pelota queda ahora en el ENACOM, intervenido desde octubre por Andrés Michelazzo, con mandato hasta el 4 de enero de 2027. Si decidiera incorporar el requisito a la homologación, la propia disposición prevé evaluar su notificación ante la OMC y su compatibilidad con el Mercosur. Son dos frentes que por sí solos garantizan una discusión larga. Tanto el ENACOM como el CNC dependen de la Jefatura de Gabinete.
Para la industria, el episodio es también una prueba de su arquitectura institucional. La ATVC que firma el reclamo es la misma que en las Jornadas exhibió su ejercicio federal, donde conviven Telecom, Red Intercable y las cooperativas. La preside Federico Fornelli, gerente de Relaciones Regulatorias de Telecom, y su vicepresidente primero es Lucio Gamaleri, titular de Red Intercable. Que operadores de escalas tan distintas hayan hablado con una sola voz, y en cuestión de horas, dice algo sobre la madurez de ese espacio. Que el pedido sea simplemente que los consulten antes de decidir dice algo sobre el lugar que el Gobierno les asignó en esta discusión.
Hace apenas unos días, el sector se preguntaba quién sería el dueño de la relación con el cliente: el que tendió el cable, el que paga la licencia o el que gira a 550 kilómetros de altura. Ahora sabe que hay un actor más en esa ecuación, y que no es un competidor. Es el que decide qué equipos se pueden usar para competir.
