La diputada provincial Gabriela Lizana reclamó que se transparenten las condiciones de funcionamiento y el esquema de cobro del escáner de camiones y cargas instalado en el Puerto Seco de Mendoza. El planteo apunta a conocer los fundamentos jurídicos y económicos del cargo denominado “Verificación C. RX”, cuyo valor fue fijado en US$ 330 por operación, y a reactivar el tratamiento legislativo de solicitudes de información que permanecen sin avance.
En agosto, la legisladora presentó los expedientes E-88347 y E-88403 para requerir información detallada sobre la adquisición y operación del equipamiento, las autorizaciones correspondientes y el esquema de cobro asociado al servicio. Según indicó, ambas iniciativas continúan paralizadas en comisiones legislativas, lo que impide acceder a documentación y antecedentes que permitan evaluar el alcance y la validez administrativa del cargo.
“Estamos hablando de un costo que incide directamente en la competitividad de las empresas mendocinas que exportan e importan. Lo que pedimos es muy concreto: saber quién autorizó ese cobro, en qué norma se fundamenta y cómo se determinó la cifra de 330 dólares”, declaró Lizana.
Debate normativo y cruce con el comercio con Chile
La discusión por el cobro del escaneo también quedó vinculada a la Resolución N.º 401, aprobada por el Senado provincial. Esa norma solicita evaluar la habilitación del Circuito Operativo Mendoza–Uspallata–Libertadores y contempla la incorporación del escáner del Puerto Seco. En ese marco, Lizana planteó que cualquier iniciativa orientada a mejorar controles y agilizar el flujo comercial debe contemplar reglas claras sobre los costos que afrontan los operadores.
“Es fundamental mejorar los controles aduaneros, agilizar el comercio con Chile y reducir los tiempos de espera. Sin embargo, esta modernización debe ir acompañada de absoluta transparencia en los costos que afrontan nuestros operadores de comercio exterior”, señaló.
Pedidos a comisiones y reunión informativa
Ante este panorama, Lizana solicitó que las comisiones de Economía y de Legislación y Asuntos Constitucionales activen el tratamiento de los proyectos. Además, propuso convocar a una reunión informativa con autoridades del Ministerio de Producción, del IDITS, representantes de la ARCA y actores del sector logístico y de comercio exterior.
Dentro de los puntos a clarificar, la legisladora remarcó la necesidad de precisar la naturaleza del cobro. “Necesitamos determinar si estamos ante un servicio logístico adicional o ante un control aduanero obligatorio. No es una diferencia menor: de esa calificación depende qué normativa resulta aplicable y qué organismo tiene la facultad de autorizar su cobro”, explicó.
Finalmente, señaló que sus iniciativas no prejuzgan sobre la legalidad del monto, sino que buscan acceder a antecedentes administrativos, jurídicos y económicos para evaluarlo. “Modernizar los controles es prioritario, pero saber quién paga, cuánto paga y por qué motivos también lo es. Lo que corresponde ahora es que la Legislatura debata estos pedidos y que los organismos responsables aporten la documentación correspondiente”, concluyó.
