La industria naval argentina presentó en la Feria Internacional de Puertos (FIP 2026), en Mar del Plata, un diagnóstico sobre su capacidad instalada, el impacto socioeconómico del sector y los principales desafíos para la construcción y reparación de embarcaciones. La exposición se realizó en el Hotel Sheraton de esa ciudad y puso el foco en medidas para potenciar el trabajo federal y la sustitución de importaciones.
La disertación estuvo a cargo de Florencia Garrido, Contadora Pública Nacional, presidenta de la Cámara de la Industria Naval de Mar del Plata (CIN), vicepresidenta de la Federación de la Industria Naval Argentina (FINA) y directora del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata en representación de la Municipalidad de General Pueyrredón. En ese marco, sostuvo que el sector cuenta con una base productiva ya instalada: 350 talleres y astilleros navales distribuidos a lo largo del litoral marítimo y fluvial del país.
Empleo e integración nacional
Entre los datos sectoriales presentados en el encuentro, se planteó que la industria naval privada genera más de 5.000 empleos directos, cifra que se duplica al incorporar a los astilleros públicos. También se indicó un efecto multiplicador de tres empleos indirectos por cada puesto directo, asociado a servicios de ingeniería, logística y provisión de insumos.
En términos de valor agregado, se señaló que las embarcaciones construidas en gradas nacionales alcanzan un promedio de 70% de contenido local industrial, con niveles que superan el 90% en el segmento de barcazas. En relación con la cadena de proveedores, Garrido afirmó: “Cada barco que se construye o repara en el país moviliza a más de 200 pymes”, comentó la directiva.
Renovación de flota y regulación
En el segmento pesquero, se destacó el impacto del DNU 145/19, marco bajo el cual se construyeron 37 buques pesqueros en astilleros nacionales durante los últimos siete años. No obstante, Garrido advirtió que el proceso se encuentra detenido por la falta de rentabilidad del sector armador, la ausencia de crédito de largo plazo y la incertidumbre en la administración de cuotas de pesca.
Además, se plantearon alertas regulatorias por la sustitución del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) por una declaración jurada mediante el Decreto 273/25. Sobre la licitación de 18 nuevos permisos para buques poteros, se indicó que siete unidades serán importadas usadas y 11 se construirán en China, con un plazo de 20 días para que los astilleros locales presenten ofertas. En ese marco, Garrido sostuvo: “La industria naval argentina no pide privilegios ni mercados cautivos”.
La presentación también proyectó oportunidades vinculadas a la infraestructura de la Hidrovía, con demanda potencial de dragas, remolcadores, areneros y barcazas, y a desarrollos asociados a la energía Oil & Gas y Vaca Muerta. Como caso de ingeniería naval local, se mencionó el desarrollo de la unidad C81, concebida para tareas de practicaje, transporte de personal y apoyo a monoboyas en plataformas offshore.
