El déficit invisible

Si al cierre del ejercicio del año pasado los datos de la economía de los municipios de la provincia de Buenos Aires eran preocupantes, con la profundización de la crisis y a partir de la devaluación, los números de esas administraciones sobrepasaron los peores pronósticos.

Las cifras oficiales son contundentes: con respecto al primer cuatrimestre del año pasado la recaudación de las tasas municipales cayó 30%, el piso de la coparticipación provincial se redujo de $ 1.050 millones a $ 908 millones, no hay una sola línea de crédito y 70% de los municipios deben sueldos a empleados y pagos a proveedores, además de la deuda de $ 350 millones que mantienen con el Banco Provincia. A esto se le suma la dificultad para achicar los gastos, dado que las variables susceptibles de ajustar rápidamente son muy pocas porque más de 60% del presupuesto, unos $ 1.800 millones al año, corresponde a sueldos de personal.

Según Carlos Fernández, subsecretario de Política y Coordinación Fiscal del Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires, en este contexto y a partir del segundo semestre del año pasado, se produjo un ajuste natural porque “no quedaba otra”. El funcionario sostiene que “no hay fuentes de financiamiento, no hay recursos propios y tampoco hay préstamos; se vienen ajustando los gastos de la forma que se puede, sin recurrir a las bajas nominales sino de horas extras, viáticos y contratos”, enumera.

En el conurbano, los recursos genuinos de los municipios (todo lo que no es coparticipación) son generados, básicamente, por la tasa de Seguridad e Higiene, que está ligada a la actividad comercial, y el impuesto inmobiliario. En el interior de la provincia, son producto de la tasa de Conservación de la Red Vial. De acuerdo con el presupuesto de 2002, esta recaudación tendría que generar ingresos aproximados por $ 2.000 millones anuales, cifra poco probable teniendo en cuenta que, además de la caída comercial -que repercute en algunas tasas-, el índice promedio de incobrabilidad es superior a 50%.

“La caída del cobro de tasas se está profundizando según los municipios. Las consecuencias de la crisis no son las mismas, por hacer una comparación muy gruesa, en San Isidro que en José C. Paz”, ejemplifica el funcionario.

En términos generales, todos viven la caída de las tasas de cobrabilidad. Hay municipios que están cobrando 20% de lo que emiten y otros que están en 60%. Estas cifras dejan a los municipios del conurbano mucho más vulnerables que a los del interior, dado que los ingresos por recursos propios de los primeros, que agrupan a 65% de la población de la provincia, alcanzan 70% de su presupuesto. En cambio, más de 60% del presupuesto anual de los municipios del interior llega a través de la coparticipación provincial.

Para Ricardo Angelucci, investigador del Instituto de Estudios Fiscales y Económicos (Iefe), “la caída de la actividad económica hizo que todos los municipios que tienen un fuerte ingreso por las tasas ligadas a la productividad perdieran capacidad de recaudación. En cuanto al impuesto inmobiliario, el problema radica en que es lo primero que la gente deja de pagar cuando sus ingresos comienzan a depreciarse”.

Con respecto al interior provincial, el investigador distingue dos realidades: por un lado, los municipios más chicos, de 20.000 a 40.000 habitantes como Tordillo, Laprida y Tapalqué, que dependen casi exclusivamente de la coparticipación y que en algunos casos financian hasta 80% del presupuesto municipal; por el otro, ciudades intermedias como Mar del Plata, Tandil, Olavarría, San Pedro o Pergamino, con números que se acercan a los del conurbano aunque siempre se encuentran más ligados a la producción de la zona.

Aquellos municipios declarados en estado de emergencia por las inundaciones, como Alberti, Pehuajó, Hipólito Yrigoyen, Trenque Lauquen, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Alem, Puán y Chacabuco -entre otros-, prácticamente perdieron todos los ingresos y están virtualmente en cesación de pagos, por lo que la parte financiera y de obras públicas se resuelve con anticipo de la coparticipación, además de haberse dado condonaciones de tasas en forma masiva.

Con el fin de generar mejores resultados en la recaudación, una de las variables que maneja el Ministerio de Economía bonaerense es la descentralización tributaria. La estrategia que se está implementando se basa, en una primera etapa, en el recupero de deuda impositiva provincial atrasada. Un artículo en la Ley de Presupuesto 2002 señala expresamente que se va a fijar una retribución muy importante (prácticamente de 50% de lo que ingresa por la gestión municipal) en el recupero de esa deuda, que podría rondar los $ 1.000 millones.

La Matanza, caso testigo

Atento a su cantidad de habitantes (cerca de 1,3 millón) y a su composición socioeconómica, La Matanza es un buen parámetro para establecer cómo afectó la crisis nacional a las administraciones municipales.

Según datos de la Intendencia, en el año 2000 y a pesar de la recesión, la recaudación aumentó 5% en los tributos de jurisdicción municipal y el ejercicio cerró con un superávit de $ 7,5 millones en un presupuesto ejecutado de $ 176 millones. Si bien durante el primer semestre de 2001 no mostró grandes fluctuaciones, la recaudación comenzó a bajar a partir de la segunda mitad del año y el ejercicio cerró con una caída de 15% con respecto al año 2000. En tanto, el primer cuatrimestre de este año ya marca una caída de 30% de los ingresos por este concepto.

Para Daniel Nigro, secretario de Hacienda de La Matanza, “los municipios han ido asumiendo actividades pero no se han creado las fuentes de financiamiento para atenderlas. Hoy tenemos casi 50 establecimientos de salud que está atendiendo La Matanza y, como no hay una tasa por la cual el municipio pueda recaudar y financiar este enorme gasto, las cuentas se complican”.

Los gastos del presupuesto de La Matanza se dividen de la siguiente manera: la administración central, que incluye áreas de servicio como el mantenimiento de jardines de infantes, se lleva $ 55 millones; $ 60 millones se invierten en salud con obra pública, la misma cifra que se destina a los servicios urbanos (incluye recolección de basura). Acción social insume $ 6,5 millones y $ 5,7 millones el Concejo Deliberante. El municipio tiene 5.500 empleados, lo que representa 4,5 empleados por cada 1.000 habitantes.

“Ni vamos a echar gente porque no sobran los empleados, ni vamos a reducir sueldos porque no consideramos que los empleados municipales tengan que ser la variable de ajuste”, sostiene Nigro. “Pero hay que decir que la situación se va agravando día a día, porque no sólo cae la recaudación sino que, además, ahora están subiendo nuestros costos.”