La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) rechazó la implementación de un esquema de cobro sobre el tránsito pesado dispuesto por la Municipalidad de Ramallo, en la provincia de Buenos Aires, y lo caracterizó como una barrera al comercio. La entidad sostuvo que, por su diseño y alcance, la medida opera como una aduana interior y un peaje municipal encubierto.
El foco del planteo está en el ex Camino Provincial Ruta 87, conocido como Acceso Sánchez. Se trata de una arteria de 5,1 kilómetros que conecta la Ruta Nacional 9 con el parque industrial y el Puerto de San Nicolás. La CAC remarcó que no existen rutas o caminos alternativos para el ingreso y egreso del tránsito pesado, por lo que el cobro se vuelve obligatorio para los camiones.
Tarifas y mecanismo de cobro
La comuna instrumentó el sistema a través de la Licitación Pública N°3/25, con la adjudicación para la colocación de pórticos tecnológicos. En ese marco, se establecieron tarifas que alcanzan hasta $37.000 por pesaje dinámico y $25.000 adicionales por el ingreso a predios.
La CAC cuestionó el nivel de esos valores y su fundamento económico. “El cobro desmedido e irregular en el Acceso Sánchez constituye un virtual peaje municipal encubierto afectando gravemente el tránsito pesado, la logística de las empresas y la competitividad de la producción nacional”, dijo la Cámara Argentina de Comercio y Servicios.
Además, sostuvo que el monto “es desmedido y no guarda ningún tipo de relación con los costos de conservación del tramo vial”, al generar un costo por kilómetro que, según señaló, supera ampliamente las tarifas de los principales corredores viales y puentes interjurisdiccionales del país.
Pedido de intervención y antecedentes
La entidad indicó que el esquema se suma a una sobretasa del 2% por cada litro de combustible que la comuna cobra desde el mes de enero. En ese contexto, respaldó las acciones administrativas y judiciales iniciadas por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) y acompañó el pedido de “urgente intervención del Ministerio de Economía de la Nación y de las autoridades provinciales correspondientes” para disponer la inmediata suspensión del cobro y restablecer condiciones normales para el desarrollo de la actividad comercial e industrial.
En paralelo, la CAC señaló que durante los últimos meses se pronunció contra conductas similares, entre ellas las aduanas paralelas internas, la creación de tasas municipales y la exigencia de impuestos como el gravamen aplicado al combustible, por su efecto sobre la presión tributaria subnacional.
También calificó como “paradigmático” el caso de la provincia de Misiones, donde describió regímenes de recaudación aplicados sobre cargas en tránsito que “constituyen auténticas aduanas interiores”, al obligar a las empresas a asumir costos adicionales por retenciones impositivas o por desvíos para evitar ingresar al territorio provincial.
