No en vano el título de nuestra última columna fue Feliz Año Nuevo… 1992 (ver Mercado 31.12.90) porque ya era evidente que más allá del proceso de ajuste que con tantas dificultades debe transitar la Argentina a lo largo de 1991, hay que computar el proceso de sostenimiento del actual escenario coyuntural cuasirecesivo originado en esta profunda distorsión de precios relativos, consecuencia del reestablecimiento de la situación de quiebra del Estado Argentino a través de una creciente presión fiscal (tanto impositiva como tarifaria) sobre el sector privado.
El equipo económico entiende que el proceso de revaluación del austral o del atraso cambiario, como señalan los críticos de la política económica de corto plazo, refleja el éxito de la gestión económica en cuanto a haber alejado casi definitivamente el riesgo de la hiperinflación y estar comenzando a establecer las condiciones necesarias para un sostenido proceso de estabilidad. El
atraso cambiario tomando como base junio de 1985 en términos de índice de precios mayoristas corregido por la inflación internacional es del orden del 50 por ciento, lo cual indica que el tipo de cambio debería ser del orden de A 9.300.
Aceptando una cierta revaluación del austral, digamos del orden del 20 por ciento, como consecuencia del proceso iniciado de privatización y los progresos realizados hasta ahora de las cuentas fiscales, se tendría que el tipo de cambio en el mercado debería ser del orden de A 8.000.
Naturalmente estas consideraciones podrían ser fácilmente controvertidas, afirmando que el mercado de cambios es libre y que la cotización del dólar refleja el juego de la oferta y la demanda.
Ciertamente, cualquier analista con espíritu oficialista puede afirmar lo indicado en el párrafo precedente, sin embargo, una visión más cuidadosa del mercado cambiario permite observar que sería libre si también lo fuera el mercado financiero, y si el Banco Central no interviniera en los mercados de cambio y financiero y la banca oficial sólo pudiera tomar fondos a plazos mínimos de
60 días (por establecer un plazo mínimo poco atractivo en la actualidad para los grandes colocadores de fondos). Estas distorsiones llevan a que las tasas de interés “libres” no sean tales y sean excesivamente positivas en términos reales; con una inflación esperada que no supera el 10 por ciento para enero, hubo días del mes con tasas hasta del 30 y el 50 por ciento mensual, lo cual
garantiza una situación recesiva de mínima hasta una hiperrecesión potencial.
Corrida
El exceso de oferta de divisas en el mercado de cambios refleja el superávit de la Balanza Comercial y la sostenida presión fiscal sobre el sector privado que provoca el desatesoramiento de divisas y que es parte de ese exceso de oferta. El presidente del BCRA declaró que esperaba una turbulencia menor en el mercado de cambios para diciembre y una mayor para febrero (el miércoles 6 es la efemérides del día en que se puso en marcha la primer hiperinflación). No obstante la turbulencia se adelantó hacia el viernes 11, cuando los acontecimientos de la crisis del caso Swift provocaron una corrida cambiaría que obligó al BCRA a vender 150 millones de dólares en un solo día. Es claro que el respaldo del departamento de Estado al Embajador Todman hizo suponer que las excepcionales buenas relaciones del gobierno del Presidente Menem llegaban a su fin y que el escenario de atraso cambiario finalmente concluía de modo traumático. La necesidad de priorizar el cambio de portafolio y eventualmente cancelar los pasivos en Bonex y/o en dólares pasándose a australes, desató la rápida suba del tipo de cambio y de las tasas de interés, éstas últimas a niveles extravagantes.
Con el cambio en el gabinete de ministros y el endurecimiento del BCRA con la banca oficial de provincia se calmó el mercado de cambios, aunque revaleciendo tasas de interés excesivamente altas en términos reales, como modo de atender esta nueva crisis de coyuntura y continuar utilizando la política monetaria como sucedáneo de la política fiscal, debido a la crisis inminente que sobreviene en el sector fiscal por la insuficiencia de la recaudación tributaria, con un nivel de gasto público relativamente rígido y sin recursos suficientes aun para financiar la racionalización administrativa.
La misión del FMI que arribará en estos días a Buenos Aires, se encontrará seguramente con el incumplimiento de las metas fiscales del 4° trimestre de 1990, particularmente la meta de superávit fiscal operativo que está establecida en 300 millones de dólares mensuales. La posición del equipo económico será seguramente reformular la definición de ese superávit, lo que supone que deben
computarse los ingresos que recibió el Tesoro por las privatizaciones y las ventas de áreas petroleras en los últimos meses. No sería lógico que el FMI aceptara este criterio, debido a que ello implicaría convalidar la insuficiencia del ajuste fiscal. Se estima que el superávit promedio, incluyendo esos
ingresos extraordinarios, es de 200 millones de dólares, con lo cual ni aún con esa redefinición la meta estaría cumplida.Suponiendo que el FMI acepte igual desembolsar el último tramo del stand by vigente, porque se dé por satisfecho con la performance de la economía argentina, dado que refleja una tendencia positiva, queda por resolver si habrá un nuevo stand by o si la Argentina puede
acceder a un préstamo de facilidades extendidas.
Esto último parece difícil habida cuenta de la insuficiencia del superávit fiscal y que tiene como asignatura pendiente la reforma completa del Estado, tanto en lo relativo a las privatizaciones, como la reasignación de recursos productivos y al mejoramiento de la lucha contra la evasión fiscal.
La cuestión se centra entonces en si es salvable o no el stand by vigente y si habrá o no desembolsos en febrero próximo. Lo preocupante es que habrá que afrontar pagos del orden de los 700 millones de dólares en ese mes, entre los vencimientos del Bonex ´82 y otros pagos externos, lo cual obliga a incrementar las compras de divisas con emisión (no hay superávit fiscal por ahora) con bastante incertidumbre sobre la evolución de la demanda de dinero (previsiblemente en baja) afrontar la caída de reservas por debajo del mágico nivel de 2.000 millones de dólares. El BCRA comprometió pagos de 60 millones de la divisa estadounidense a la banca acreedora desde este mes y otros 10 millones a partir de marzo, todo lo cual obliga a incrementar la presión fiscal nominal y real, aceptar una mayor devaluación del austral, lo cual produce mayor costo fiscal, debido a que el endeudamiento del sector público está mayormente en dólares.
La decisión de ponerle límite al endeudamiento de la banca oficial de provincia, supone que la Tesorería reemplace al BCRA en la atención de los desequilibrios financieros de las provincias, lo cual implica que el BCRA deberá atender las necesidades de emisión para la Tesorería. La variable del ajuste, que no es lo mismo que la variable de ajuste, es necesariamente la cotización del dólar, en un marco de alza del tipo de cambio con un control de la cantidad de dinero e índices de inflación relativamente más altos (que por otra parte reflejan los desequilibrios subsistentes) como estrategia para eludir el riesgo de la hiperrecesión inminente o de la hiperinflación latente.
Mientras se avance en la aplicación del Plan Erman VII puesto en marcha el lunes 14, la política cambiaría y monetaria juega un rol protagónico, a punto tal que deberá contribuir a promediar las tendencias recesivas y las inflacionarias; de lo contrario, como ahora los plazos se han acortado (según admitió el ministro Erman González) no habrá posibilidad alguna de una nueva versión del
Plan Erman y entre marzo y abril se hará un replanteo a fondo de la política económica de corto plazo, con los consiguientes cambios en el elenco gubernamental y, quizás, en el modelo de mercados relativamente libres.
Quiebras
Como la crisis productiva y financiera del sector privado está a la vista, con el fin de la feria judicial debería iniciarse un proceso de quiebras y convocatorias de acreedores como hace años no ha vivido la Argentina. Los empresarios pueden desatesorar y financiar sus pérdidas hasta un límite (debido a
ganancias acumuladas con anterioridad); superados esos límites, o sobreviene una licuación de pasivos, o vienen compradores del exterior (lo que es por ahora poco probable) a hacerse cargo de las empresas, o se utilizan los mecanismos que provea la legislación concursal.
Como las pérdidas del sector privado se están generalizando, es previsible que comience a caer la recaudación fiscal y previsional como parte del proceso previo a la cesación de pagos, dada la desaparición virtual del crédito debido a las tasas nominales superiores al 20 por ciento mensual.
Como les dije, el año 1991 es extremadamente difícil; el inicio de enero es ciertamente caliente,con el agravante ahora del conflicto bélico en el Golfo Pérsico. Parafraseando inversamente a un viejo cantor de jazz norteamericano: “todavía no hemos visto… Io peor”
