¿Cuál es la propuesta para la banca oficial?

En Argentina se avecina guste o no una completa reestructuración del actual sistema financiero.
Nadie duda que hacia fines de 1992, habrá un nuevo mapa bancario en el país. Menos entidades, un número inferior de sucursales, y reducción de personal. Activamente se perseguirá una política de fusiones, compras y alianzas, que dejará en pie un grupo de bancos que concentrarán buena parte de los depósitos.
La inevitabilidad del proceso se origina en un crecimiento desmesurado del sector, pero también en el desafío que impondrá aún en breve la integración en el Mercosur y a su tiempo el arribo de poderosos competidores brasileños.
La reconversión de la banca oficial es un viejo empeño donde todavía son escasos los resultados. Los avances logrados computan el cierre del Banco Hipotecario, y una importante reducción en la estructura y personal del BANADE (Banco Nacional de Desarrollo) concretada en dos fases: la primera, el año pasado significó el retiro voluntario de 1.200 empleados (proceso
financiado con recursos aportados por el Banco Mundial); la segunda, supondrá el traslado de otros 300 agentes a la DGI. Quedarán 1.500 empleados para recuperar una cartera de US$ 1.290 millones si se computan exclusivamente los préstamos superiores a US$ 5 millones.
Tal vez porque es más fácil ver “la paja en el ojo ajeno…”, se conocen diversos trabajos sobre la posible reestructuración de la banca oficial. Con relación al sector privado, se prefiere el discreto ámbito de las conversaciones reservadas antes que la estridencia de ventilar en público los problemas que, obviamente, también existen.
Hay que aceptar que los términos del problema son diferentes: la banca estatal, en forma sistemática ha sido utilizada para generar recursos a ser fagocitados por la insaciable máquina de gastar en que se han convertido los gobiernos, nacional, provinciales o municipales, según sea el caso.
No está en juego que la banca oficial sea ineficiente por definición aunque bien merecería el tema un detenido análisis sino la utilización política que se ha hecho en el manejo de estas instituciones y que significaron, para 1990, una pérdida conjunta del orden de US$ 900 millones.
Una investigación reciente que mereció especial atención por haber recibido el premio anual de ADEBA (Asociación de Bancos Argentinos), es el realizado por Daniel Marcelo González, Juan Javier Negri y Martín Ezequiel Zarich. El trabajo, más alla de lo informativo y descriptivo, tiene el indudable mérito de encerrar una propuesta. Los autores proponen la conveniencia de mantener un solo banco público, de perfil exclusivamente mayorista, sin sucursales que intermedien fondos o presten servicios al público.
En esta iniciativa, la entidad recibiría fondos de dos únicas fuentes: partidas asignadas en el presupuesto nacional o préstamos del exterior que fueran otorgados con la condición de ser canalizados a través de entidades públicas. El nivel de endeudamiento tendría evidentes limitaciones, ya que recibiría aprobación previa del ministerio de Economía. En líneas generales, las teorías sobre lo que debe hacerse con la banca oficial, se agrupan en tres categorías:
*Se propicia la virtual desaparición de los bancos estatales, o en todo caso, la concentración en uno solo con las características descriptas.
*Con matices, la reconversión a fondo del sector oficial. Bien limitando el número de entidades o de servicios que prestan, bien sugiriendo un sistema mixto. En esa corriente, José Carlos Jaime, quien fuera vicepresidente 2º del Banco Central cuando Adolfo Diz era el titular, señaló a MERCADO que a su juicio lo más acertado sería proceder a una progresiva privatización del Banco de la Nación, que en una primera etapa funcionaría como entidad mixta, y recién después de cierto tiempo considerar la conveniencia de su total transferencia al sector privado.
*Finalmente están los que defienden la existencia de una banca oficial, libre de los actuales vicios financiación artificial de gasto público , pero con vigorosa presencia como herramienta del sector público a fin de asegurar la eficiencia de la política sectorial que adopte el gobierno. Son ellos los que recuerdan la reciente experiencia española y ponen de relieve su significación.
El gobierno de Madrid impulsó la reconversión del sistema financiero, alentando fusiones para que queden menos bancos privados pero más poderosos para afrontar la competencia de los gigantes europeos dentro del escenario de un mercado único a partir de 1992. Ante la renuencia de la banca
privada, decidió concentrar los bancos oficiales en una sola entidad: la nueva Corporación de Banca Española controla 12% del sistema financiero hispano y ha obligado a una febril actividad privada para concertar alianzas y fusiones en forma acelerada.
Más difícil es sugerir qué hacer con la banca provincial, cuyo destino depende de los gobiernos locales. Pero lo que está claro el reciente caso del Banco de La Rioja es un buen ejemplo es que deberán arreglarse con recursos propios ya que no hay más redescuentos especiales del Banco Central. El dilema es de hierro: o se sanean o perecen.