Las agresiones contra integrantes de la Policía y la Guardia Civil en España implican una carga fiscal cuantificable, además de sus consecuencias físicas y psicológicas. El estudio “El coste de la violencia contra los agentes de Policía y Guardia Civil en España”, elaborado por la Universidad Nebrija, estimó que los episodios registrados en 2021 generaron un costo directo de 417.154.281 euros para el Estado español.
El trabajo parte de una premisa operativa: “cada agresión a un agente desencadena una cadena de actuaciones que moviliza recursos sanitarios, policiales y judiciales durante semanas, meses o incluso años”. En esa secuencia, el costo no se limita a la atención inmediata, sino que se expande hacia tareas administrativas, diligencias, tramitaciones y procesos que demandan personal y presupuesto.
Para construir la estimación, los investigadores analizaron datos procedentes del Ministerio del Interior, el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Trabajo, el Consejo General del Poder Judicial, el Instituto Nacional de Estadística y otras fuentes oficiales. Esa información se combinó mediante un modelo de estimación económica. El objetivo declarado fue doble: calcular una cifra y abrir un debate sobre el impacto de este tipo de violencia en la sociedad y en la gestión de los recursos públicos.
Uno de los hallazgos principales es la composición del gasto. El estudio concluye que el mayor impacto económico no proviene de la atención sanitaria a los agentes lesionados, sino del proceso posterior que se activa tras cada agresión. Las investigaciones policiales asociadas a estos hechos representan más del 83% del costo económico directo estimado, con un valor aproximado de 348 millones de euros anuales, al considerar los recursos necesarios para esclarecer casos, identificar responsables y desarrollar diligencias policiales.
A ese componente se suman 41,1 millones de euros vinculados al funcionamiento de la Administración de Justicia, que incluyen tanto el costo de los procedimientos judiciales como las costas derivadas de los procesos. Por otra parte, las consecuencias físicas de las agresiones generan un impacto económico de más de 28 millones de euros, cifra que abarca asistencia médica a agentes heridos, costos por bajas por enfermedad e indemnizaciones asociadas a lesiones permanentes. El estudio estimó que las bajas por enfermedad derivadas de estas agresiones duraron una media de 36,6 días, y que una parte de los agentes afectados sufrió secuelas permanentes con costos adicionales para la Administración.
Los autores también caracterizan el cálculo como una estimación conservadora. El trabajo señala que la falta de información pública desagregada impide incorporar costos indirectos que recaen sobre las administraciones, como daños sobre bienes públicos y privados, pérdida temporal de efectivos disponibles por bajas laborales, incremento de la carga de trabajo del resto de agentes, costos penitenciarios asociados a condenas y otras consecuencias sociales y económicas.
El estudio se inscribe, además, en un contexto de preocupación institucional en Europa. En mayo de 2025, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo realizó una misión a Algeciras y Barbate para analizar riesgos y la creciente violencia contra fuerzas policiales y sus consecuencias para la seguridad pública y el entorno económico. En marzo de 2026, el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo publicó un informe sobre la profesión policial como actividad de alto riesgo, en el que señaló que los agentes están expuestos a amenazas y agresiones físicas y verbales capaces de provocar daños tanto físicos como emocionales.
