El descarte sistemático de especies sin valor comercial inmediato en el Mar Argentino modificó la conducta alimentaria de la fauna autóctona en las costas patagónicas y volvió a exponer limitaciones en los controles sobre la actividad pesquera. La práctica, sostenida durante cuatro décadas, se asocia con cambios en la dieta de mamíferos marinos, desequilibrios poblacionales y un volumen de captura descartada que se mantiene en niveles elevados.
Un trabajo de investigación desarrollado durante los últimos 25 años en la zona norte del Golfo San Jorge confirmó que la disponibilidad constante de alimento arrojado por las embarcaciones sustituyó presas habituales por crustáceos en crecimiento. En evaluaciones sobre el lobo marino común y el lobo fino, se registró una caída marcada en el consumo de merluza y, en paralelo, un incremento sostenido en la ingesta de langostino y munida.
Enrique Crespo, biólogo e investigador del Cenpat, describió el proceso como un cambio ecosistémico gestado a lo largo de 40 años, vinculado a una práctica extractiva que devuelve al agua el material que no encaja en las exigencias del mercado comprador. Esa “abundancia artificial” de materia orgánica arrojada desde la cubierta de las embarcaciones altera la vida en el fondo marino y opera como un factor de desequilibrio poblacional.
Entre los efectos señalados figura el crecimiento de la gaviota cocinera, que quintuplicó su cantidad de ejemplares en las últimas cuatro décadas al convertirse en la principal beneficiaria del descarte industrial. Ese fenómeno se relacionó con ataques directos a la ballena franca austral y con problemas operativos para el tránsito aéreo en aeropuertos patagónicos.
En la costa, los episodios de aparición de peces muertos en las playas de Puerto Madryn se presentan como una manifestación visible de un problema cotidiano en mar abierto. Un registro reciente, tras el ingreso de buques que buscaron refugio por inclemencias del tiempo en Punta Cuevas, expuso el manejo inadecuado de capturas accidentales cerca del litoral, ya que la cantidad de ejemplares hallados desestimó cualquier hipótesis de una pérdida fortuita.
El volumen de material arrojado mantiene niveles considerados alarmantes desde la década de los noventa, etapa en la que la apertura a flotas internacionales incrementó significativamente la extracción. Al dimensionar el daño ambiental, Crespo advirtió que los cálculos estiman unas 300 mil toneladas de fauna acompañante tirada al mar cada año, incluyendo peces óseos, tiburones, rayas e invertebrados devueltos sin vida.
La falla estructural para contener el fenómeno se atribuyó a la ineficiencia de los sistemas de inspección a bordo y a la ausencia sistemática de sanciones efectivas. Aunque existen normas que prohíben expresamente el descarte, la fiscalización se describió como insuficiente y sin controles estrictos en las zonas de operación.
Desde la fundación Sin Azul No Hay Verde, su coordinador Juan Coustet sostuvo que el “volumen arrojado produce un desbalance que afecta de manera directa a todas las especies que no son el objetivo del comercio” y agregó que los controles “brillan por su poca presencia o inclusive por su ausencia”.
Entre las alternativas técnicas se planteó el diseño de una logística de recolección en navegación con embarcaciones de acopio para llevar el material a puerto y procesarlo como harina de pescado o alimentos balanceados. Crespo señaló que “el tema resulta sencillo de solucionar” mediante educación e inversión, y que la resolución requiere decisión política, financiamiento público y privado y un plan integral de fiscalización independiente de presiones corporativas.
