Jingye Steel Co., Ltd. cuestionó la estatización total de British Steel dispuesta por el Gobierno del Reino Unido y reclamó una compensación por las pérdidas que atribuye a esa decisión. La compañía sostuvo que la medida se instrumentó mediante legislación de emergencia, sin consulta previa y sin una indemnización considerada justa.
El grupo repasó su ingreso a British Steel cinco años atrás, cuando la siderúrgica “se encontraba al borde de la quiebra”. Afirmó que, en el plazo de un año, logró “poner fin a nueve años consecutivos de pérdidas”. En ese período, indicó que realizó inversiones para actualizar líneas de producción, volver a asumir internamente actividades que estaban tercerizadas y reactivar los altos hornos.
En su descripción del impacto económico y laboral, la empresa señaló que, en el momento de mayor actividad, British Steel empleó a 4.887 trabajadores. Además, estimó que se generaban unos 30.000 puestos de trabajo en los eslabones previos y posteriores de la cadena productiva. En términos de contribuciones, cuantificó pagos acumulados por 1.025 millones de libras esterlinas en salarios y pensiones, junto con 180 millones de libras en impuestos.
Jingye ubicó el desempeño de la operación en un contexto de dificultades globales y locales, al mencionar “los implacables desafíos derivados de la pandemia del COVID-19, el Brexit, la guerra entre Rusia y Ucrania y la crisis energética”. En ese escenario, sostuvo que se mantuvo “fiel a su palabra”, “generando valor de forma constante para British Steel y la sociedad británica mediante acciones concretas”.
Según la compañía, en julio de 2026 el Gobierno británico aprobó legislación de emergencia para estatizar por completo los activos de Jingye en el Reino Unido, invocando razones de “interés público”. En su planteo, remarcó que, hasta el momento, no se brindó una “compensación justa”.
En su posicionamiento, Jingye afirmó que respeta “el ejercicio soberano de los derechos de cada país de conformidad con la ley”. Sin embargo, advirtió que poner bajo propiedad estatal inversiones extranjeras legítimas mediante legislación de emergencia “—sin consulta previa ni indemnización—” es incompatible con el consenso internacional sobre compensación por expropiación y puede impactar en la confianza de inversores internacionales en el clima de inversión del Reino Unido.
En ese marco, reclamó una “indemnización rápida, adecuada y efectiva” por todas las pérdidas que atribuye a la medida y anticipó que recurrirá “a todas las vías legales necesarias para salvaguardar sus legítimos derechos e intereses de inversión”.
