A mediados de noviembre, cuando los ministros de Economía y presidentes de bancos centrales de Mercosur se reunieron en Río de Janeiro, el punto más importante de su temario fue la “convergencia” de las respectivas políticas económicas. Como cabría esperar, su atención se centró en la situación del país anfitrión, Brasil.
Uruguayos y paraguayos fueron los más locuaces. Juan José Díaz Pérez, ministro de Economía y Hacienda de Paraguay, dijo que ya era hora de que Brasil siguiera el ejemplo de liberalizar totalmente el negocio cambiario, abriera la economía y la competencia extranjera y eliminara subsidios.
Ramón Díaz, presidente del banco central uruguayo, dijo, por su parte, que la estabilidad en Brasil era esencial para la creación del mercado común: “Sin Brasil no hay Mercosur”, sentenció.
Esto se debe en parte al reciente rebrote inflacionario en Brasil y a la aparente impotencia del gobierno de Fernando Collor para contenerlo. Pero los ministros también debieron abordar cuestiones más prácticas.
ARANCELES.
Una de las principales fue el sistema arancelario externo común, sorteado elegantemente en ocasión de la firma del tratado de Mercosur, en marzo, pero crucial para el lanzamiento del mercado común en 1995.
En marzo, los socios se habían dividido en dos bandos: por un lado, Uruguay y Paraguay pedían un arancel común lo más bajo posible; por el otro, Brasil y Argentina trataban de retener un nivel suficientemente elevado para seguir protegiendo a determinados sectores. Cuando se realizó la reunión de Río, el “megadecreto” de la desregulación ya había colocado a la Argentina junto a Uruguay y Paraguay.
La rapidez con que se llegó a un consenso sorprendió a todos. “Hemos avanzado mucho más que lo esperado”, dijo el ministro de Economía uruguayo, Enrique Braga. Los cuatro socios dijeron que se habían puesto de acuerdo sobre el criterio básico para fijar el arancel común.
Fue justamente el brasileño Marcilio Marques Moreira el encargado de anunciar que el arancel será “el más bajo posible”. Marques también admitió indirectamente la validez de otras quejas: aunque desmintió que su gobierno estuviera susidiando sectores a través de bajas tarifas de los servicios públicos, admitió que éstas estaban “fuera de sincronización” (queriendo decir que estaban retrasadas respecto de la inflación y que los contribuyentes estaban soportando la diferencia).
OBJETIVOS.
Los socios también coinciden en que las políticas económicas deberían apuntar a los objetivos comunes de reducir el déficit fiscal, liberalizar el comercio exterior y combatir la inflación.
Domingo Cavallo se negó a presionar a Brasil: “Se trata de un proceso gradual. Confiamos en que para 1994 habremos avanzado lo necesario para el mercado común. En este momento no tiene sentido uniformar las políticas cambiarias, ya que cada país enfrenta una situación diferente”, dijo.
Cavallo tiene buenas razones para decir que tres años es un período prudente para introducir cambios importantes: hasta marzo de 1991, la situación argentina era señalada como el obstáculo para la convergencia.
La declaración de Cavallo también sugiere implícitamente que los rebrotes inflacionarios son apenas uno de los elementos para juzgar las perspectivas del comercio subregional. La tabla que complementa esta información, en la que se comparan las tasas de inflación y la variación de las tasas cambiarias del dólar, muestra lo que estuvo ocurriendo hasta fines de septiembre. En ese período, Brasil fue el único país de los cuatro que no permitió la sobrevaluación de su moneda. La brecha se está cerrando con rapidez, pero los otros también tienen que hacer sus propios ajustes.