La Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) actualizó su monitoreo semestral sobre el cumplimiento de la Ley N.º 25.917 de Responsabilidad Fiscal en las provincias. El relevamiento, correspondiente al cierre del ejercicio 2025 y con fecha de corte al 31 de marzo de 2026, evaluó a 22 jurisdicciones adheridas al régimen federal.
El índice general de cumplimiento cayó a 70,9 puntos. El registro implicó una baja de 3,4 puntos frente a septiembre de 2025 y una caída de 6,8 puntos respecto de marzo de 2025. En esa comparación, la entidad planteó que “la tendencia es clara: el promedio viene bajando”.
El seguimiento se basa en los requerimientos de publicación de información fiscal y presupuestaria previstos en el artículo 7º de la ley y sus modificatorias. En particular, el artículo establece que cada provincia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el gobierno nacional deben publicar en su página web el Presupuesto anual y las proyecciones del Presupuesto plurianual, luego de presentadas a las legislaturas correspondientes, y la Cuenta anual de inversión. Además, con un rezago de un trimestre, deben difundir información trimestral de la ejecución presupuestaria (base devengado y base caja), del gasto clasificado según finalidad y función, del stock de deuda pública —incluida la flotante— y del pago de servicios, detallando el tipo de acreedor. La norma también requiere información sobre el nivel de ocupación del sector público, con detalle de planta permanente, transitoria y personal contratado.
En el grupo de mayor cumplimiento, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe repitieron el puntaje perfecto de 100. Fueron las únicas jurisdicciones que presentaron “toda la información requerida por la ley dentro de los plazos establecidos”.
Detrás, en el grupo de cumplimiento alto (entre 80 y 90 puntos), se ubicaron Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Chaco, Formosa, La Rioja, Neuquén, Santa Cruz y Tucumán. En estos casos, la publicación fue en tiempo y forma, con la salvedad de los datos de planta de personal, que quedaron pendientes.
El informe también clasificó un grupo de cumplimiento intermedio (entre 75 y 65 puntos), integrado por Catamarca, Salta, Santiago del Estero y Misiones, y un grupo de cumplimiento bajo (de 55 a 30 puntos), compuesto por Buenos Aires, Chubut, Mendoza, San Juan, Corrientes, Jujuy, Río Negro y Tierra del Fuego.
En la evolución frente al informe anterior, de las 22 jurisdicciones evaluadas, siete mejoraron, ocho se mantuvieron y siete empeoraron. Tucumán registró el mayor salto (+55), seguida por Santa Cruz (+45) y Neuquén (+25). En el otro extremo, Tierra del Fuego cayó 60 puntos, mientras que Jujuy y Río Negro retrocedieron 55 puntos cada una. La Pampa y San Luis quedaron fuera del análisis por no estar adheridas, y la entidad volverá a medir en septiembre.
