Las campañas electorales para las elecciones del 11 de marzo se ponían en marcha al ritmo de un verano particularmente caliente. Los sondeos encargados por las autoridades coincidían en otorgar el primer lugar a las huestes del peronista Frejuli -Frente Justicialista de Liberación- aunque sin la mayoría absoluta necesaria para eliminar la segunda vuelta.
“Cámpora al gobierno, Perón al poder” era la consigna que de algún modo reflejaba una realidad aparentemente incontrastable. Por el lado radical, el “Balbín solución” apuntaba a erigir al viejo dirigente casi como un remedio para los males del país. La Alianza Republicana Federal del debutante brigadier Ezequiel Martínez lo presentaba como “El presidente joven”, o también “El que
sabe y puede”, mientras el veterano Francisco Manrique apelaba a “Los que tienen fe pueden”. La Nueva Fuerza de Alvaro Alsogaray regalaba miles de remeras con el logo partidario -una serie de círculos concéntricos inspirados en la escarapela con el centro rojo-, en tanto machacaba los oídos con su jingle en el que sostenía que “los argentinos queremos goles”.
Las agencias de publicidad, en algunos casos vinculadas al aparato partidario -como el peronista Santiago Mele o el radical Richard Pueyrredón- movían presupuestos por primera vez impactantes para la tradición política argentina. Había comenzado la batalla de los mass-media.
PROYECTOS EN PUGNA.
Enfrentados a un mismo cuestionario, los candidatos presidenciales de las dos principales fuerzas en pugna, Héctor Cámpora por el Frejuli y Ricardo Balbín por la UCR, expresaban sus visiones -por momentos comunes, por momentos abiertamente contradictorias- acerca de los puntos claves de sus futuros programas de gobierno.
Con respecto a la tasa de inflación, Cámpora asumía la gravedad de la situación y propugnaba “una firme pero gradual desaceleración”, contando con la “existencia de un gobierno fuerte, respaldado por el poder popular y dotado del suficiente consenso para lograr la colaboración de todos los sectores económicos y sociales”. Apostaba a “un desarrollo programado de la producción de bienes y servicios, distinguiendo las causas que la generan y los mecanismos que la propagan”; el crónico estrangulamiento proveniente del sector externo, por un lado, y las pujas sectoriales por apropiarse de un producto nacional que no crecía satisfactoriamente, por el otro.
Para Balbín, “la estabilidad monetaria requiere un efectivo control sobre el sector externo”, aunque ello implicara “afectar intereses muy respetables vinculados a las finanzas internacionales”. Una política de precios e ingresos concertada que preservara el salario real y la rentabilidad de las empresas nacionales era la receta propuesta.
El candidato justicialista defendía “la planificación global, sectorial y regional de la economía”, con la participación de las entidades representativas de la realidad socioeconómica; “si no la asume el Estado -planteaba- lo harán por su cuenta y beneficio los monopolios”. Balbín proponía la intervención estatal en todos los sectores básicos de la economía; “la planificación con criterio
moderno terminará con las improvisaciones y dará pautas claras y estables para orientar la inversión pública y privada”.
La cuestión de las remesas de utilidades de las empresas extranjeras radicadas en el país concitaba el
acuerdo: ambos planteaban que debían limitarse a todo lo que implicara “contraprestaciones ciertas” o “servicios efectivamente útiles y necesarios”. Asimismo, ambos se oponían a un mercado de cambios único y de libre fluctuación, y apoyaban el retorno de las convenciones colectivas de trabajo
establecidas por la Ley 14.250.