La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentó el reporte “Ley de financiamiento universitario. Los límites democráticos y de derechos al argumento fiscal”, centrado en la crisis del sistema de educación superior en Argentina y en el uso de la “restricción presupuestaria” como argumento estatal para no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario.
La norma fue promulgada luego de un proceso de insistencia legislativa frente al veto presidencial de octubre de 2025. Aun así, su aplicación efectiva permanece suspendida por decisión del Poder Ejecutivo, que alegó falta de previsión de recursos. Ese escenario trasladó el conflicto al ámbito judicial: el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) consiguió una medida cautelar contra el Poder Ejecutivo, aunque su ejecución está suspendida.
El reporte ubica en el centro de la discusión el costo fiscal de cumplir con la ley. En ese punto, se mencionan estimaciones diversas que oscilan entre $2,5 y $3,6 billones. Además de los argumentos jurídicos, el Poder Ejecutivo manifestó su inquietud por el costo fiscal que supondría cumplir con la norma y el impacto sobre el equilibrio de las cuentas públicas.
Sobre ese planteo, el documento sostiene que, cuando hay derechos fundamentales en juego —como el derecho a la educación—, el Estado enfrenta límites para invocar la “restricción presupuestaria” si la situación de escasez fue creada, al menos en parte, por decisiones propias recientes. Bajo ese criterio, el informe propone analizar medidas como la modificación del impuesto sobre los Bienes Personales en 2024.
Esa modificación, aprobada por el Congreso a instancias del Poder Ejecutivo, implicó una merma recaudatoria estimada en torno al 0,2% del PIB anual en 2024 y 2025. A valores actuales, esa pérdida equivale a $5 billones en dos años, siempre de acuerdo con los cálculos incluidos en el reporte.
El documento también reúne indicadores sobre el desempeño presupuestario y salarial del sistema universitario nacional. Entre 2023 y 2025, la ejecución real del gasto cayó 29%, hasta el nivel más bajo desde 2006. En términos per cápita, el financiamiento por estudiante se redujo a $2,4 millones, el valor más bajo al menos desde 2004. En el plano salarial, en marzo de 2026 el salario de un profesor asistente con dedicación semiexclusiva se ubicaba 25% por debajo del nivel registrado tres años antes.
