La Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles se realizará del 24 al 29 de abril en Santa Marta, Colombia, con la participación de representantes de 53 países, organizaciones sociales, comunidades, academia y el sector privado. El encuentro se propone debatir cómo superar la dependencia de los combustibles fósiles y avanzar hacia una transición energética en un contexto global atravesado por tensiones geopolíticas.
La agenda de la conferencia se estructura en tres ejes: la necesidad de superar la dependencia económica de los combustibles fósiles, la transformación de su oferta y demanda, y el impulso de avances mediante la cooperación internacional y el multilateralismo. El marco de discusión incorpora, además, el escenario de conflictos armados y la volatilidad de precios de los combustibles fósiles, variables que, de acuerdo con el planteo del documento, exponen la fragilidad del sistema energético actual y profundizan desigualdades entre países.
En paralelo a la agenda oficial, del 24 al 26 de abril se llevará a cabo la Cumbre Popular por un Futuro sin Combustibles Fósiles, un espacio impulsado por la sociedad civil con participación de más de 900 organizaciones. El objetivo es profundizar consensos en torno de principios y demandas para una transición socioecológica justa. Esas definiciones se incorporarán al proceso oficial a través de la Asamblea del Pueblo, un ámbito formal convocado por el gobierno de Colombia previsto para el 27 de abril.
Ariel Slipak, economista y coordinador del área de Investigación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), afirmó: “Luego de una COP30 en la cual el lobby fósil impidió que el documento final planteara una hoja de ruta”. En el mismo pasaje, sostuvo que la conferencia representa una oportunidad para construir un camino de abandono de los combustibles fósiles con énfasis en planteos del Sur Global y en transformaciones sistémicas orientadas a la justicia socioecológica.
Camila Mercure, coordinadora del área de Política Climática de FARN, señaló que la transición energética se volvió necesaria, pero también se presenta como un campo de disputa por su diseño, sus tiempos y la distribución de costos y beneficios. También advirtió sobre los riesgos socioambientales asociados a la extracción de minerales para la transición y planteó: “Sin transformaciones estructurales, existe el riesgo de reproducir nuevas formas de extractivismo”.
En Argentina, de acuerdo con el último Balance Energético Nacional, los combustibles fósiles representan cerca del 86% de la matriz energética, mientras que las energías renovables alcanzan el 13,9%. En el plano fiscal, el análisis de FARN sobre el proyecto de Ley de Presupuesto 2026 indicó un deterioro de incentivos a las renovables, con la eliminación de la actividad “Desarrollo de Iniciativas de Promoción de Energías Renovables” y el desfinanciamiento del “Proyecto de Eficiencia Energética y Energía Renovable en la Vivienda Social Argentina”, que en 2023 ejecutó $3.529 millones (a precios de 2025) y para 2026 prevé $260 millones. En contraste, los subsidios a empresas hidrocarburíferas registran un aumento real del 6% respecto de 2025, hasta $651.600 millones asignados a la oferta de hidrocarburos.
