-¿Cuáles fueron los hitos de la década de Menem?
-Un hito es, entre otras muchas acepciones, “un mojón para conocer
la dirección de los caminos y los límites de un territorio”. En
ese sentido, en esta década pueden señalarse varios que han influido
de manera determinante en la política, la economía y la cultura.
Señalaré aquellos que considero más importantes. En la
Argentina de los ´80, el estallido de la crisis externa fue acompañado
por una severa crisis fiscal motivada por la estatización de la deuda
externa privada y el deterioro de varias fuentes de financiamiento que habían
sido utilizadas durante décadas por el Estado. A fines de 1989, Menem
lanzó una combinación de políticas de estabilización
y de reformas estructurales. El corte entre un período y el otro fue
el Plan de Convertibilidad puesto en marcha en 1991. Sus mecanismos institucionales
permitieron alcanzar la estabilidad de precios y colocaron a la organización
económica dentro de un nuevo régimen de funcionamiento.
-¿Y las reformas estructurales?
-La política de ajuste estructural comenzó a perfilarse con
la aprobación, por parte del Congreso, de dos piezas claves: la Ley de
Emergencia Económica y la Ley de Reforma del Estado, que implicó
la privatización de gran número de empresas públicas. Aquí
es necesario destacar que, mediante la aprobación de esas dos leyes,
el Congreso delegó en el Poder Ejecutivo y esto es clave para conocer
la dirección de los caminos que tomará el ajuste
la facultad de legislar por decreto los detalles de las nuevas políticas.
Este fue un hito porque se avanzó sobre un territorio peligroso,
en tanto se le otorgaron excesivos poderes al Ejecutivo. Dentro de este avance
se encuentra la autorización, mediante una ley, para la ampliación
del número de miembros de la Corte Suprema, de cinco a nueve. El gobierno
consiguió así acumular los recursos institucionales para concentrar
el poder de decisión con vista a la puesta en marcha del ajuste.
-Para muchos, esta década también pasará a la historia
como la de la explosión del desempleo.
-Otro hito, sin duda. Desde la crisis del ´30 hasta los ´80 la tasa de desempleo
fue normalmente inferior a 4%. Durante los ´80 no subió de 6%. Un desempleo
de dos dígitos, como el actual, es un corte drástico con el pasado
y compromete la eficacia de cualquier política social, pone en riesgo
grave la cohesión social y tiene un impacto negativo sobre la sustentabilidad
política. Esto es más grave aún por la indiferencia del
Estado ante el deterioro sin pausa de la educación, la salud y la seguridad
social. El fundamento del sistema democrático es la igualdad de oportunidades.
Haber arrasado con esta condición básica del estado de derecho
es haber definido una dirección y delimitado un territorio
entre incluidos y excluidos. La oleada neoconservadora impuso la concepción
de que la política es ineficiente y que debe estar tutelada por los mercados.
Que, para satisfacer a la sociedad, la política debe, primero, satisfacer
a los mercados. Al someterse a esa concepción se ató de pies y
manos a la Nación bajo el lema “lo único que se puede hacer es
aceptar la globalización tal cual viene”. No hace falta decir que el
correlato de esta concepción fundamentalista fue un debilitamiento de
los lazos solidarios con las naciones latinoamericanas determinantes para
el fortalecimiento de nuestra capacidad para definir políticas independientes
y un seguidismo, que me atrevo a calificar de vergonzante, de cualquier
decisión que tomara Estados Unidos.
-¿Cuáles fueron las novedades del período en materia
de cultura política?
-El doctor Menem ha demostrado a lo largo de estos 10 años que no se
somete, o se somete mal, a las restricciones consustanciales al juego pluralista
democrático. Hizo y hace un uso escasamente republicano del poder presidencial.
El oficialismo practica la política al modo de una cruda relación
de poder, en lugar de una acción que contribuya a instaurar en la sociedad
la legitimidad de las instituciones. En este contexto cultural, la democracia
no ha salido indemne y si no fue totalmente impregnada es porque la utopía
de 1983 se mantiene viva en la opinión pública que, con vigilancia
alerta, batalló por frenar cierta tentación autoritaria, tratando
de arribar a un compromiso entre los ideales y la pesada realidad político-cultural
actual.
-Más allá del contexto legal para el funcionamiento institucional
del país, ¿la reforma constitucional de 1994 aportó algo
en materia de cultura política?
-La reforma de la Constitución Nacional, como resultado de un proceso
de diálogo y consenso entre la sociedad y sus representantes, fue uno
de los acontecimientos más importantes en materia de cultura política.
Por primera vez en este siglo, todos los partidos, sin exclusiones de ninguna
naturaleza, participaron activamente en su elaboración. Hoy tenemos una
Constitución más progresista, acorde con el fin del siglo. Pero
las construcciones institucionales no son construcciones sobre una tabla rasa.
Se llevan a cabo a partir de tradiciones políticas preexistentes y dentro
de las circunstancias históricas que les sirven de telón de fondo.
En los últimos años, una concepción filosófica del
poder y la sociedad que hoy se debilita velozmente insistió
hasta el hartazgo en que desmantelando el Estado íbamos a tener un nuevo
Estado, cuando en realidad eso es imposible sin una tarea deliberada de construcción
racional. No se tuvo en cuenta que esto implica una acción decidida en
la administración de la justicia, en la administración de la educación
y en la administración misma del Estado. Para que haya Estado debe haber
instituciones fuertes. Para que haya mercado debe haber un orden legal eficaz
y, para reconstruir este orden, el sistema representativo vale decir:
los partidos políticos debe pactar áreas de consenso.
-A más de cinco años de su celebración, ¿el
Pacto de Olivos cumplió las expectativas y finalidades con que la Unión
Cívica Radical decidió suscribirlo?
-Repito: la nueva Constitución es un avance sustancial para la democracia
argentina. La reforma constitucional y su resultado están en las antípodas
del modelo cultural, jurídico, institucional y político dominante.
¿Que hay que hacerla cumplir? ¿Que todavía en algunos aspectos
no es operativa? ¿Que se intenta violarla? Claro que sí. Por eso
es necesario estar atentos y batallar para hacerla efectiva, como lo hicieron
durante casi un siglo y medio los hombres y las mujeres de nuestra historia.
Pero, además, vale la pena recordar que en aquel momento el oficialismo
estaba dispuesto a todo con tal de seguir en el poder, aun a violar el estado
de derecho mediante métodos inconstitucionales. Si en estos dos últimos
años, con la opinión pública desfavorable, con mecanismos
explícitos que impiden la reelección, incluso con buena parte
del justicialismo que se oponía a la maniobra, hubo intentos de violar
la Constitución, en aquel entonces cuando el oficialismo todavía
gozaba de un buen nivel de popularidad no cabía la menor duda de
que iba a pasar por encima de todas las leyes con tal de eternizarse en el gobierno.
Estaba en riesgo la legitimidad de las instituciones y había que impedirlo.
Con la reforma constitucional hemos salvaguardado la paz política y logramos
evitar a los presidentes futuros cualquier tentación autoritaria, cualquier
avance sobre la Justicia o sobre el Congreso de la Nación. Esto no significa
desconocer que aún siguen proliferando las justificaciones cuasitotalitarias
del decisionismo presidencialista y, a veces, del pragmatismo ajurídico
más aberrante cuando se trata de justificar los actos del poder. Pero
repito: a través de la deliberación y el consenso alcanzamos a
acordar una Carta Magna que, además de reaseguro de la convivencia pluralista,
es una carta de derechos y mandatos para trabajar hacia el futuro. Ya no puede
haber marcha atrás.
-¿Qué significado tiene la aparición de la Alianza
como alternativa de poder?
-La conformación de la Alianza debe ser incluida dentro de las novedades
del período. Porque es la expresión de un proceso de maduración
de las fuerzas políticas y significa una respuesta política largamente
esperada por amplios sectores sociales que reclamaban la unidad de las fuerzas
progresistas frente al avance del neoconservadurismo.
-¿En qué avanzó y en qué retrocedió
la Argentina entre 1989 y 1999?
-Hemos avanzado, sin duda, en estabilidad. Y eso es ya un derecho adquirido.
Hemos perdido, hemos retrocedido, y mucho, en igualdad y fortaleza institucional.
Después de 10 años nuestra democracia tiene tres heridas centrales:
una profunda y extendida desigualdad social; un grave deterioro de las instituciones
fundamentales del estado de derecho, manipuladas durante una larga década
a favor de intereses subalternos; y, tercero, serias dificultades económicas,
resultantes de un fundamentalismo de mercado que llevó a un endeudamiento
creciente, déficit fiscal y dificultoso aumento de la productividad y
la competitividad.
-¿Cuál es el estado del Estado?
-Hoy tenemos una República dañada. Un Estado ausente. Se ha
exhibido una clara falta de convicción democrática a través
de graves avances sobre el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el manejo
amañado de la información y la difusión pública.
Se produjo una grave distorsión de los organismos vinculados con los
controles republicanos. Se interrumpieron los programas sociales que hubieran
limitado los efectos más perniciosos del ajuste sobre los sectores populares,
aun sabiendo que su permanencia no hubiera significado ningún obstáculo
para la aplicación de un plan económico de austeridad. Se sometió
la educación y la salud a los criterios fiscales de coyuntura. Se destruyeron
las fuentes de financiación del sistema previsional. Se produjeron privatizaciones
desatinadas que afectaron el interés nacional y desatendieron los reclamos
de los usuarios. Se perdió la capacidad de decisión nacional en
materia de política exterior. Un caso paradigmático es YPF, que
hoy monopoliza 42% de la producción de petróleo, 35% del gas natural
y 45% del mercado doméstico de nafta y gasoil. Mientras, los usuarios
sufren los precios semejantes a los de los países importadores de petróleo.
-¿Cuál es la herencia en materia económica?
-La deuda pública creció 51% desde 1991, el año de la
convertibilidad. Los compromisos externos aumentaron en US$ 37.755 millones
y acumulaban US$ 112.357 millones a fin de 1998. La deuda pública en
1998 triplicaba el déficit fiscal. Teóricamente, cada integrante
de esta sociedad debe US$ 3.586 de la deuda pública. La relación
entre deuda total y PBI pasó de 31,3% en 1997 a 34,1% en 1998. Las políticas
que se implementaron condujeron inexorablemente a la concentración económica
y a la concentración de ingresos, a la pobreza extrema de los grupos
más desprotegidos y a la pauperización de la clase media, al debilitamiento
extremo de importantes sectores industriales y al desmantelamiento de otros,
con la consiguiente desocupación. En marzo cerraron 200 pequeñas
empresas, el índice más alto desde 1997, con la consiguiente pérdida
de trabajo para 20,2% de obreros.
-¿A qué conduce semejante situación?
-Lo que se ha logrado es que en nuestro país existan problemas sociales
muy graves y que las instituciones no respondan como deberían hacerlo.
En estas condiciones, las mayores posibilidades para los individuos son las
del fracaso. Hoy el crecimiento ya no beneficia a los que trabajan. El trabajo
ha perdido su valor. El resultado, luego de 10 años, es una sociedad
distinta, jerarquizada, producto de una pseudomodernización basada en
la desigualdad, la pobreza y la exclusión. Hay otra modernización
posible. Es aquella que se basa en la democracia participativa y la ética
de la solidaridad. Y en este sentido hemos avanzado. Hoy existe una conciencia
social de que es urgente resolver la demanda de bienes públicos: educación,
salud, empleo, seguridad y control de la corrupción.