El gobierno se propone aplicar las más importantes normas prudenciales y de control, a las que echó mano el Banco Central (BCRA) para impulsar una reestructuración del sistema financiero tras la crisis del efecto tequila, para inducir un reordenamiento en el sector asegurador durante los próximos tres años, que permita mejorar la calidad de los servicios y disminuir el riesgo de que los asegurados se queden sin cobertura.
La decisión de avanzar en la reestructuración de este sector fue adoptada por el secretario de Finanzas, Daniel Marx, tras realizar con sus colaboradores una evaluación de los problemas que enfrentan algunas compañías de seguros y delinear un menú de alternativas a seguir en una serie de reuniones que mantuvo el último verano con el ministro de Economía, José Luis Machinea.
Sólo una vez definida esta política, Economía se concentró en la búsqueda de un ejecutor. Eso fue lo que demoró hasta marzo la designación del nuevo titular de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), Ignacio Warnes, economista de la universidad Di Tella.
La estrategia oficial requiere introducir modificaciones sustanciales a la ley 20.091, de entidades aseguradoras y su control. En este sentido, no se la puede considerar novedosa: de hecho, los cambios que ahora se impulsan tienen como base una propuesta elaborada por la gestión menemista, como parte de uno de los tantos compromisos asumidos ante el Banco Mundial para destrabar financiamiento. La diferencia es que la actual administración ya tomó la decisión de poner en marcha las reformas que la anterior gestión sólo enunció.
Al explicar la iniciativa, Warnes suele repetir que lo que se busca es “alinear el control de la actividad aseguradora con la práctica internacional”. La idea básica es dotar a la SSN de los instrumentos necesarios para que pueda realizar tareas preventivas de supervisión del sistema. Pero también darle poder para que pueda sanear el mercado en caso de que detecte situaciones de peligro.
“Propiciamos la implementación de lo que se da en llamar un sistema de alertas tempranas, para poder mirar los riesgos que las compañías asumen y, en el caso de que sean considerados excesivos, poder contar con mecanismos de adecuación o de aporte de capital”, detalla Warnes.
El objetivo no es sólo que las compañías aseguradoras incrementen paulatinamente su patrimonio, sino mejorar la calidad de la auditoría que realiza la SSN, mediante la instrumentación de una serie de medidas más estrictas de control. Para ello se intenta imponer un nuevo marco regulatorio que las obligará a transparentar sus balances; informar periódicamente sobre la calidad de sus carteras y “someterse a la evaluación de calificadoras que mediante una serie de notas deberán analizar la solidez de cada aseguradora que opere en el mercado local, como desde hace cuatro años están obligados a hacerlo los bancos”, adelanta Marx.
En la actualidad las compañías de seguros sólo están obligadas a hacer chequear su solvencia por evaluadoras independientes cuando realizan coberturas de créditos hipotecarios. Pero en el futuro se estima que a partir del 2002 deberán someter a examen todos sus números y operaciones, y permitir que los auditores les pongan una nota que refleje el grado de protección real que dan a sus clientes.
El fantasma de Pou
La sola enunciación de estas medidas delata la intención oficial de trasladar a las aseguradoras el esquema de regulación y supervisión aplicado a los bancos desde fines de 1995. Y es precisamente esta interpretación lo que eriza la piel de muchos de los empresarios del sector, que empiezan a temer por su supervivencia. Para entender por qué ocurre esto sólo hay que examinar la experiencia del sector bancario.
En medio de la tormenta que desató el tequila, la Argentina sentó las bases de lo que sería la nueva estructura del sistema financiero. Con la arquitectura conceptual de su actual titular, Pedro Pou, el BCRA diseñó un esquema de controles, exigencias, evaluación e intervención en el mercado que determinó su fisonomía actual: un sistema mucho más concentrado, fuertemente extranjerizado y con una serie de ponderadores que en los hechos discriminan a las entidades nacionales más pequeñas o las que, por su definición, tienden a atender sectores más vulnerables de la economía.
Consecuencia: de las más de 250 entidades financieras activas en aquel entonces, sólo perduran hoy unas 120. Con todo, semejante depuración no significó mayores costos para los usuarios del sistema. Ahora se buscará repetir esa experiencia entre las aseguradoras, por lo que se comprende la inquietud que se ha generado entre los jugadores de este negocio.
El sector asegurador, que administra primas por casi US$ 6.400 millones, acumula pérdidas desde hace 10 años por un total de US$ 1.600 millones, cifra que equivale a 90% del patrimonio neto con que cuenta actualmente el total de las compañías activas. Esta situación de fragilidad, que alcanza a más de un tercio de las empresas y se concentra básicamente entre las 130 que se mantienen en funcionamiento en seguros generales, según una estimación oficial, aumenta el riesgo de dejar sin protección a miles de asegurados.
De allí que la intención gubernamental sea que la transformación no resulte traumática: “Lo que buscamos no es incrementar la situación de incertidumbre que ya existe entre los asegurados; por el contrario, apuntamos a reducirla”, señaló al presentar la iniciativa oficial al Congreso el subsecretario de Servicios Financieros, César Deymonnaz.
La otra pata del esquema
La malla de contención para evitar que la depuración golpee de lleno a los asegurados será la modificación por decreto de las funciones del Fondo Fiduciario de Capitalización Bancaria (FFCB), el instrumento mediante el cual se entregó dinero a los bancos que absorbieron en los últimos años a otros bancos en problemas.
De allí salieron unos US$ 800 millones que, por ejemplo, sirvieron para financiar al Citibank la toma del Banco Mayo. Y de allí saldrán ahora los fondos para persuadir a las compañías de seguros más solventes de que asuman el control de otras que, a juicio de la SSN, se encuentren en dificultades tales que pongan en peligro su subsistencia y la protección de los dueños de las pólizas.
De esa manera, el FFCB, que cesó su actividad al finalizar febrero, renacería en breve con funciones mixtas de hospital de aseguradoras y caja para financiar el traspaso a manos privadas de los bancos provinciales que aún quedan bajo domino público (como los de Catamarca, Tierra del Fuego, Chaco, Corrientes y Formosa). Por eso será rebautizado como Fondo Fiduciario de Servicios Financieros.
Otra cuestión fundamental para poner en marcha el nuevo esquema pasa por las atribuciones que se confiarán a la SSN. Así como una reforma a la ley de entidades financieras le dio poder al BCRA para retirar del mercado a los que no cumplieran con las normas prudenciales, ahora se busca dotar a la SSN de un instrumento similar. Por ejemplo, podrá intimar a las compañías para que presenten en un plazo perentorio un plan de saneamiento si se hubieran detectado niveles inadecuados en el cumplimiento de pagos o sentencias judiciales.
Precisamente esta posibilidad es una de las que más molesta a los empresarios del sector. “Cuando uno se excede al conferir atribuciones, puede dar lugar a la arbitrariedad y discrecionalidad del funcionario; especialmente, cuando uno comprueba que no aparece el grado de moderación que puede dar un órgano asesor al estilo del consejo consultivo de aseguradores previsto en la ley vigente”, opina un ejecutivo de una importante compañía de seguros generales.
El temor revela una creciente resistencia a la aprobación de las reformas, que básicamente se concentra entre las aseguradoras locales. “Tenemos múltiples objeciones al proyecto, que en los próximos días haremos conocer a las autoridades y transmitiremos a los legisladores”, advierte Roberto Sollito, titular de la Asociación Argentina de Compañías de Seguro, la cámara que reúne a la mayor cantidad de compañías nacionales.
De acuerdo con lo que se evalúa en esa entidad, la adecuación
y el ajuste del sector se podrían llevar adelante sin modificar la ley
20.091 y tan sólo “cuidando que la SSN cumpla en tiempo y forma con las
amplias facultades que esta norma le otorga”. Para afirmar su posición,
uno de sus directivos recuerda que en los últimos 10 años desaparecieron
del mercado unas 120 compañías y que las aseguradoras ya se encuentran
obligadas desde hace tres años a mayores exigencias de capital y reservas,
“por lo que no es prudente hablar de un efecto traumático que implique
desprotección para los tenedores de pólizas”.
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