El primer año del gobierno de la Alianza ha estado signado por la explosiva combinación de estancamiento económico con una profunda crisis política. Podría discutirse si la primera circunstancia es condición de la segunda. Pero lo concreto y real es que ambos fenómenos se mantienen vigentes.
Consecuencias evidentes de esa perversa dinámica son los cambios de orientación que, desde los inicios de la gestión De la Rúa, ha mostrado la política económica. En sus comienzos, la idea rectora era que los problemas de lento crecimiento, altos niveles de desempleo y pobreza, agravamiento de la desigualdad en la distribución de los ingresos, y escasa competitividad externa podían llegar a abordarse, en el marco de una difícil situación fiscal heredada, a partir de una fuerte señal hacia los mercados de capitales que indicara que la Argentina iba a poner en orden sus cuentas públicas para reducir el déficit y, por lo tanto, las necesidades de financiamiento externo.
Se esperaba que, como ocurrió cuando se produjo la crisis del tequila, un fuerte ajuste fiscal estimularía un mayor ingreso de capital, descendería la prima de riesgo país, y con ella las tasas de interés, comenzaría a recuperarse el nivel de actividad y, de ese modo, las tasas de desempleo y pobreza tenderían a disminuir, mientras la competitividad externa de la economía mejoraría a partir de la disminución de los costos de producción unitarios que induciría el proceso de reanimación.
Señales en la oscuridad
Pero los beneficios que se esperaban de un fuerte ajuste fiscal no se produjeron. En un marco de alta volatilidad, la prima de riesgo país se mantuvo en altos valores y, con ello, los costos del dinero. No se materializó el ansiado ingreso de capitales y la reactivación de la economía siguió ausente. De este modo, ni el desempleo ni la pobreza mostraron síntomas de retroceso, ni llegó siquiera a atenuarse la desigualdad en la distribución de los ingresos.
En esas condiciones, el resultado de las cuentas públicas no alcanzó los metas previstas y, por lo tanto, hubo que pedirle al FMI que permitiera un mayor nivel de déficit.
Excepto por las exportaciones de combustibles, que crecieron significativamente al amparo de la favorable coyuntura de precios internacionales, los demás productos que la Argentina coloca en los mercados externos exhibieron escaso dinamismo: los problemas de competitividad no mostraban indicios de mejoría.
Obstáculos externos
Hay varias razones que explican por qué no funcionó la señal de un fuerte ajuste en las cuentas públicas. La primera, y más evidente, tiene que ver con las condiciones económicas y financieras internacionales:
- bajaron los precios externos de los principales productos que exporta la
Argentina; - el peso, atado al dólar, se revaluó frente a la mayoría
de las divisas europeas y, en menor medida, con respecto al yen; - un proceso similar se produjo a partir de la devaluación de la moneda
brasileña; - las tasas de interés externas tendieron a elevarse, como consecuencia
de que la Reserva Federal de Estados Unidos actuó preventivamente frente
a las posibilidades de recalentamiento de la economía; - los flujos de capital privado destinados a los países emergentes
se redujeron luego de los fuertes sacudones financieros del período
1997-99.
Desde adentro
Pero también hay razones de índole interna. Por lo pronto, la relación deuda/PBI creció fuertemente en los últimos seis años, lo que, sumado al aumento de las tasas de interés, condujo a que comenzara a instalarse entre los tenedores de bonos soberanos la idea de que el país podría no honrar sus compromisos de pagos externos.
Es necesario tener en cuenta, además, que, luego del proceso de privatizaciones de los años ´90, son pocos los negocios que pueden resultar atractivos para que se oriente hacia la Argentina un flujo importante de inversión extranjera directa como el que se registró entonces.
En estas condiciones, a las que habría de sumarse el impacto de la crisis política dentro de la coalición gobernante, no resulta sorprendente que la estrategia ensayada por el ministro José Luis Machinea no alcanzara los resultados esperados.
De hecho, durante este año, las reservas del balance de pagos mostraron una tendencia decreciente. Lo que significa que el flujo de capital ha sido inferior al déficit de la cuenta corriente.
Esto condujo a un replanteo de la estrategia oficial. Básicamente, los responsables de la política económica reconocieron que resultaría difícil introducir nuevos ajustes fiscales, por razones políticas, pero también por su impacto recesivo sobre el nivel de actividad.
De ahí que el enfoque que se inició con los relevos de figuras en el gabinete económico se haya concentrado en alcanzar objetivos fiscales de más corto plazo; esto es, mantener dentro de un rango razonable la relación deuda/PBI y, al mismo tiempo, contener el gasto público para poder poner en marcha una reducción de tributos que incentivara la inversión y, en menor medida, el consumo.
La hora del blindaje
Sin embargo, aunque las medidas recibieron un tibio apoyo por parte del ámbito empresario, resultaron insuficientes para aventar los temores de los inversores locales y externos, quienes no abandonaron la sospecha de que el país podría estar transitando hacia un virtual estado de default. Esto se expresó en el incesante crecimiento de la prima de riesgo país, en el cierre momentáneo del acceso a los mercados externos de capital, y en el alto e insostenible costo a pagar para contar con los recursos disponibles en el ámbito local.
De ahí, entonces, que el gobierno decidiera poner en marcha otro conjunto de medidas que le permitiera contar con el mayor respaldo financiero posible por parte de los organismos multilaterales de crédito y de algunos países desarrollados: lo que se dio en llamar un blindaje financiero.
Con el aval del FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el actual secretario del Tesoro de Estados Unidos, y de los gobiernos de Alemania y España, el operativo consiste en poner a disposición de la Argentina créditos contingentes que, sumados a los que deberían aportar un puñado de bancos locales (condición impuesta por el FMI para pilotear el blindaje), serían equivalentes al monto que, por intereses y amortizaciones debería cubrir, cada año, el sector público hasta el 2005; alrededor de US$ 20.000 millones.
Con ello, deberían disiparse los temores de los inversores acerca de la capacidad de la Argentina para hacer frente a sus compromisos de pagos externos. La prima de riesgo país tendría que descender y, al mismo tiempo, la tasa de interés. En esas condiciones, el nivel de actividad podría reanimarse, ya que la mayor confianza estimularía el ingreso de capitales y, de ese modo, las cuentas fiscales mostrarían una mejora.
Las autoridades reconocen, simultáneamente, que no es posible seguir ajustando las cuentas públicas en condiciones de estancamiento económico. De ahí, entonces, que se acepte que el nivel de déficit de este año será superior al que poco tiempo atrás se convino con el FMI, y que el del año próximo también será más alto. Recién en el 2005 se alcanzaría el equilibrio fiscal.
Ello exigirá que se modifique la ley de solvencia fiscal para adecuarla a la nueva situación. Según señaló el secretario de Hacienda, Mario Vicens, tanto el nivel del gasto primario como el del déficit estarán definidos en valores absolutos; lo que significa que en el período 2001-2005 no podrán aumentar aunque haya crecimiento del PBI. La mayor recaudación sería apropiada, principalmente, por la Nación y, en menor medida, por las provincias. Nada se dice con respecto al uso que se daría a esos recursos.
Todos a la mesa
Otro de los requisitos impuestos por el operativo blindaje es la adopción de medidas fiscales que aseguren que el país se mantendrá, en los próximos cinco años, dentro de un marco de contención del gasto público, tanto en el orden nacional como provincial. El compromiso debía materializarse en un acuerdo formal entre el gobierno central y las administraciones provinciales.
Finalmente, y luego de ásperas negociaciones, la presión externa terminó por ablandar a los gobernadores justicialistas, quienes firmaron el acuerdo. Claro que, para ello, fue necesario que las autoridades aceptaran una cláusula gatillo con respecto al nivel de gastos ante situaciones de emergencia en las áreas de educación, salud y seguridad.
El monto de las transferencias a las provincias será de $ 1.364 millones durante el 2001 y 2002. A partir de entonces, se incrementarán según el promedio móvil de lo recaudado en los tres años anteriores; aunque la Nación garantiza un monto mínimo creciente para el período 2003-05.
Esto plantea un interrogante acerca de qué harán las provincias con esos mayores recursos, si no son destinados a pagar mayores intereses por la deuda pública. Porque, al mismo tiempo, se estaría congelando el gasto primario nominal.
Otra de las concesiones fue la progresiva transferencia a las provincias del control de una parte del gasto social que antes realizaba el gobierno federal.
Ganar tiempo
La operación blindaje incluye otros requisitos adicionales: para asegurar la solvencia fiscal a largo plazo, el país deberá continuar realizando reformas estructurales en dos áreas vitales, el régimen previsional y el de coparticipación federal de impuestos.
En ambos casos, la idea central es que la Nación resulte favorecida por las medidas: por un lado, que se reduzcan a largo plazo sus prestaciones a la seguridad social y, por el otro, que para atender los costos de transición del sistema de reparto hasta su extinción, el nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos otorgue mayores ingresos al gobierno de la Nación.
En suma, el operativo blindaje apunta a lograr dos objetivos. En primer lugar, despejar del horizonte los riesgos de un default. Vale la pena tener en cuenta que, desde fines de junio y hasta el 16 de noviembre, las reservas internacionales computables en el balance de pagos disminuyeron en US$ 4.500 millones.
El segundo pero no menos importante objetivo es tratar de ganar tiempo. Tiempo para poner en marcha las reformas que podrían brindar, a largo plazo, mayores seguridades con respecto a la solvencia en las cuentas públicas y para que el marco internacional muestre signos de mejoría.
Porque a ningún observador se le escapa que ni las medidas anunciadas
ni el pacto firmado con los gobernadores permiten asegurar que los problemas
de competitividad que arrastra la economía comiencen a revertirse.
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