Hacia fines de 1983, la Argentina se aprestaba a iniciar una nueva etapa de su historia luego de décadas de ilegalidad, conflictos sociales, terrorismo de Estado y deterioro económico. A partir de elecciones ampliamente competitivas, el sistema político entraba en una faz de reconstrucción, y la esperanza de la democracia anidaba en la ciudadanía como la oportunidad de recomienzo de una vida mejor. Han pasado más de 18 años desde ese momento inaugural y el balance pese a lo indudablemente satisfactorio de muchos logros acumulados está hoy marcado por el desánimo colectivo: la crisis económico-social se ha intensificado en este tiempo y las expectativas sobre la capacidad de la política para resolverla o atenuarla son escasas para la mayoritaria opinión pública.
Es que los llamados procesos de transición y consolidación democrática en sociedades emergentes como la Argentina suponían arrancar de una crisis con una doble dimensión: por un lado el evidente agotamiento de la experiencia autoritaria en el plano de la política, que llamaba a una reconstrucción de las instituciones y, por el otro, el fin de un modelo de regulación social y acumulación económica que, pese a Celestino Rodrigo en 1975, a José Martínez de Hoz después, y a quienes lo sucedieron desde 1976 en adelante, seguía siendo Estado-céntrico y corporativo.
La primera etapa de gobiernos democráticos, con Raúl Alfonsín a la cabeza, encaró con éxito el tema de la recuperación institucional, sin soslayar siquiera el gravísimo tema de los derechos humanos vulnerados durante la dictadura y, aun cuando tuvo que soportar tres insurrecciones militares en la segunda mitad de su mandato, que le obligaron a reducir sus metas, logró poner las bases para el desarrollo de un sistema político democrático.
En el aspecto económico y social de la crisis argentina, si bien pareció advertir el fin de una época y la necesidad de encarar reformas de estructura, careció de la voluntad y del poder necesarios para llevarlas a cabo. Por cierto tampoco la oposición, centrada en el sindicalismo peronista, ni la sociedad en su conjunto, advirtieron la inminencia del colapso de un modo de organización de la economía y la sociedad. Este llegó con el ciclo hiperinflacionario 1989-1991, marcando el final de una Argentina consolidada en los años cuarenta y que, a tropezones y cada vez más desgarrada, había logrado perdurar en el tiempo con una fórmula, cada vez más difícil de financiar, de Estado de Bienestar a la criolla.
Si la agenda de los ´80 se había concentrado en la reconstrucción de la política, la de los ´90, obligada por las circunstancias, habría de tener centro en la economía. El mundo bipolar había pasado drásticamente a tener un único eje de poder económico, militar y diplomático. La caída de la URSS y de sus satélites despejaba el camino hacia una globalización que ordenaba al mundo asimétricamente, entre un polo que controlaba la acumulación económica y financiera y la innovación tecnológica, y otro que tenía muy deteriorada su autonomía y su capacidad de decisión. Una nueva práctica y una nueva ideología, la del capitalismo liberal, iban a transformarse en clave de un pensamiento único al que había que someterse.
Esa fue la apuesta del segundo ciclo en este caso de diez años de la recuperación democrática. Carlos Menem, conocido hasta entonces como el representante más auténtico de las tradiciones populistas del peronismo, iba a ser el intérprete de esos cambios, tras un comienzo errático que se enderezó con la llegada, en 1991, de Domingo Cavallo al Ministerio de Economía. Durante su mandato, en el cual paradójicamente se enterró a la Argentina peronista que venía sobreviviendo desde hacía décadas, el país modificó sus rasgos estructurales, colocando a los mercados como ejes de la acumulación y relegando al Estado a un papel subsidiario que menguaba sus funciones no sólo productivas, sino también de agente de redistribución. En este sentido, las redes protectoras que había tenido el modesto Estado de Bienestar argentino se desmantelaron sin que ninguna otra política de contención las sustituyera; por lo cual, agotados los efectos del primer círculo virtuoso de la economía entre 1991 y 1995, se instaló hacia fines del segundo mandato su inverso: un círculo vicioso de recesión económica, crisis social y deterioro político que impulsará a la unidad de la oposición y al triunfo electoral de la alianza entre la Unión Cívica Radical y el Frepaso. Un tercer ciclo se abría, pero otra vez con rasgos críticos en lo económico, en lo político y en lo social.
¿Como en 1983? Si bien la magnitud y la calidad de los problemas han crecido o han variado, el cuadro de situación para armonizar un futuro de crecimiento económico, equidad social y libertad política sigue siendo preocupante.
Si algo caracteriza al argentino de hoy es el clima de insatisfacción y de incertidumbre: insatisfacción por el presente e incertidumbre ante el futuro. Es verdad que se trata de una característica del mundo de hoy y que no aqueja solamente a los argentinos, pero aquí esa atmósfera se respira con enorme fuerza. Quizás ayude la imagen más o menos mítica de un pasado venturoso que se ha perdido para siempre, pero el desagrado por un presente social y moralmente duro en el que la desindustrialización y la desocupación han degradado la cultura del trabajo y la anomia ha destruido redes habituales de solidaridad, contribuye a mirar con temor el futuro.
De este cuadro sufre sus consecuencias la política, actividad que por definición encarna la proyección de una sociedad hacia adelante. Se habla entonces incesantemente de crisis de la política, de la inutilidad y corrupción de sus agentes, condecorados con privilegios corporativos en medio de una sociedad carcomida por la incertidumbre. Algunos casos emblemáticos, como el del Senado Nacional, no hacen más que reafirmar esa visión, corroborante de la sucesión de episodios de corrupción de la década anterior que parecen explicitar la existencia de un verdadero sistema montado sobre el soborno.
El tema de la crisis de la política no es, sin embargo, exclusivamente argentino. Por el contrario, es universal, y aparece como uno de los resultados del proceso de globalización. Uno de los rasgos centrales de ese proceso es la declinación de la capacidad de los estados para superar las restricciones que plantea la lógica de la economía. El ámbito de soberanía que planteaban las fronteras nacionales se derrumba frente a las operaciones instantáneas de un circuito mundial financiero más o menos anónimo en el sentido de que no responde directamente a designios de otros estados que con su movimiento telemático decide la suerte de las instituciones nacionales.
La política se ve cada vez menos habilitada para hacer frente a esos desafíos. Si anteriormente a la reestructuración mundial de los ´90 la economía y la sociedad aparecían como subsistemas ordenados por la política, en la nueva etapa las sociedades aparecen como carentes de centro, como un cuadro centrífugo en el que cada una de las dimensiones opera con lógicas y velocidades diferentes. Así, los cambios socioeconómicos en curso en la etapa de la mundialización carcomen las posibilidades de regulación y de coordinación por parte de la política, como lo fue en el modelo occidental tradicional de los estados nación.
Pero esta subordinación, esta limitación de las posibilidades de la política como núcleo central de la sociedad, no siempre es advertida por la opinión pública, que prefiere atribuir a las incompetencias de los partidos y de los funcionarios y no a las restricciones estructurales la inhabilidad de la política para hacerse cargo de sus expectativas. Por otro lado, además de esta diferenciación funcional entre esferas que operan con lógicas propias, el proceso actual ha acentuado una complejidad que se expresa en una diferenciación social creciente que, en condiciones democráticas, sobrecarga al sistema de reivindicaciones y demandas, todas ellas legítimas, pero, por contradictorias, difíciles de satisfacer. Las nociones de pueblo y de sociedad, antes relativamente unívocas, ahora son difusas y plurales.
El concepto de representación política cambia. La estructura actual de los partidos resulta ineficiente para contenerla y cada vez es mayor la insatisfacción de los ciudadanos frente a ella. Disminuye el voto cautivo, de identificación o de pertenencia y es mayor el voto independiente o de opinión. Voto coyuntural, no atado a tradiciones, que se mueve entre unos y otros comicios y que es renuente a delegar representación. La participación de la sociedad en la política se hace más puntual, de ahí la creciente importancia de los medios (sobre todo de la radio y la TV) como plataforma de los reclamos, espontáneos o canalizados por organizaciones sociales en desmedro de los partidos políticos.
Se trata de una cadena de deslegitimación colectiva de la política. Partiendo de una crisis estructural de su capacidad de satisfacer expectativas, se agrega el deterioro de la representación tradicional y la emergencia de otras formas de participación no convencionales. Todo ello, por fin, afecta la gobernabilidad del sistema democrático.
¿Tiene solución este dilema? De no encontrar alguna, el sistema democrático se irá percudiendo lentamente. Bueno es saber que las democracias no sucumben sólo por colapso sino por lento deterioro. Los desafíos son grandes y están en la agenda de todas las sociedades contemporáneas. No parece posible, al menos en el corto plazo, resucitar fórmulas del pasado que comenzaron a diluirse ya en la década de los ´70. La política debería hacerse cargo del reto, reformándose para adecuarse a las transformaciones estructurales, ajustando mejor su relación con la sociedad y contribuyendo a una invención institucional que en el nuevo siglo pueda equilibrar mejor los mercados y el Estado, la economía y la política, la eficiencia y la solidaridad.