A la luz de la memoria

Septiembre de 1991

El Estado industrial ha muerto. El Estado empresario quebró hace tiempo. Pero el Estado, ese aliado indispensable de la empresa privada para ayudar a penetrar mercados externos y derribar barreras, debe ser revigorizado y modernizado.

Quienes pregonan el fin del Estado tienen tanta posibilidad de acierto como los profetas del fin de la historia. El Estado debe acentuar su papel como árbitro de intereses sociales en conflicto, debe cumplir la tarea que el libre mercado no está en condiciones de realizar, y debe propiciar equidad entre los miembros del cuerpo social.

Hay consenso en una amplia banda de opinión ­que incluye desde el Banco Mundial hasta los partidos políticos más importantes en que tan urgente y necesario como la apertura económica y la liberalización de los mercados, es invertir en la gente.

Sin ciudadanos sanos, educados, y con efectiva capacidad de consumo, no hay posibilidad de un sólido y sostenido crecimiento económico.

La conclusión es obvia: hace falta más ­y no menos­ gasto público. Un gasto que debe ser eficiente y acompañado por ingresos genuinos. Lo que significa que es preciso avanzar leguas en pocos saltos para mejorar la capacidad de recaudación del sistema tributario.

Junio de 1993

Luego de una década de experiencia en transferir empresas del sector público al privado, el debate más actual en la materia se centra en la regulación que debe practicar el Estado sobre los entes privatizados, su naturaleza y los problemas que se presentan.

El Estado abandona monopolios naturales como los de teléfonos, gas, electricidad, ferrocarriles, pero no puede quedar indiferente a que sea ahora una empresa privada quien ejerza el monopolio.

La falta de competencia se reemplaza con poder de regulación. Así se han creado los entes reguladores de las empresas privatizadas.

Sobre este particular problema se explaya Christopher Foster en un libro (Privatization, Public Ownership and the Regulation of Natural Monopoly, editado por Blackwell de Gran Bretaña) que resulta apasionante por dos razones: la primera, su convicción absoluta de que el Estado debe ejercer el poder regulatorio; y la segunda, de que todo poder ­también el del regulador­ tiene una innata tendencia a corromperse.

Advierte, además, sobre dos riesgos con respecto a lo que puede sucederle al regulador. O bien cae en las manos de la actividad y los intereses a los que debe regular, o bien sucumbe a la presión y a la visión de los políticos. La mayor parte de la experiencia considerada por Foster es la de los organismos reguladores británicos como Oftel, Ofgas, encabezados por individuos muy respetados, de gran conocimiento y con buena dosis de poder discrecional, un modelo al que considera con mayores posibilidades de escapar a la doble trampa enunciada.

Mayo de 1994

La ilusión era que el pleno juego del libre mercado, la modernización y la apertura económica brindarían, en todas las latitudes del planeta, la fórmula adecuada para el pleno imperio de la democracia y el crecimiento económico sostenido.

En lo que se solía llamar el mundo industrializado esa idea utópica se ha confrontado con una crisis generalizada de las instituciones políticas, una desconfianza creciente de la opinión pública en los partidos políticos, en la clase dirigente y en las propias instituciones del Estado. Hay un desempleo que no es pasajero, creciente violencia racial y religiosa, xenofobia y fractura social.

También en América latina tuvimos nuestra ilusión: era suficiente desmantelar las escleróticas estructuras del Estado industrial para que floreciera el potencial de libertad política y económica latente en nuestras sociedades. En esa cruzada modernizadora ­tan necesaria y postergada­ se perdieron los límites. La reformulación del Estado era vital para hacerlo más eficiente y menos abusivo, no para liquidarlo.

Para la mayoría de los países en desarrollo, las políticas de privatización y apertura económica han adquirido el estatus de dogma universal. Y en este romance de los gobiernos regionales con las fuerzas del mercado quien más ha perdido es el Estado, cuya anterior preeminencia en la toma de decisiones económicas ha quedado notablemente debilitada.

Septiembre de 1994

Cómo han cambiado los tiempos. Hace unos años una visita de funcionarios del Fondo Monetario Internacional, inevitablemente, traía problemas a cualquier gobierno. Había que explicar que “la soberanía no se resentía” un ápice, y que “no se claudicaría ante las exigencias” de ningún organismo multilateral de crédito. Todo esto en un contexto de tensiones producidas por manifestaciones, paros y repudios.

Ahora, el actual titular del FMI, Michel Camdessus viene para dar una reprimenda ­leve, pero reprimenda al fin­ al gobierno de Menem y al equipo económico de Cavallo: “No hay que olvidar la cuestión social”. La CGT, entusiasmada, lo recibe con todos los honores.

Es que tanto el FMI como el Banco Mundial, tradicionales impulsores de los planes de ajuste, están preocupados porque temen que en algunos casos los discípulos se hayan tornado “más papistas que el Papa”. Lo que comienza a cuestionarse ­y en este ámbito­ es si el modelo aplicado no llegó en algún caso demasiado lejos, o si los resultados, a partir de un comprobado ahondamiento en la brecha de la pobreza, no exigen correcciones urgentes.

Febrero de 1995

Como ocurre cada vez que un terremoto sacude la economía y las finanzas, ríos de tinta y toneladas de papel se apresuran a dar explicaciones. Muchas de ellas vienen envueltas en predicciones apocalípticas, otras en ropaje tranquilizador; y unas cuantas en forma de razonamientos ex post facto, del tipo: “Ya lo habíamos advertido”.

La cantidad de análisis, argumentos y razones que hay ahora sobre lo que puede ocurrir a partir de la devaluación mexicana, y sobre qué fue lo que la originó, es realmente intoxicante.

MERCADO no quiere sumarse a este festín de explicaciones a destiempo para salvar la ropa ni incurrir en el odioso “te lo dije…”. Los lectores habituales de esta revista tienen bien presente la posición editorial de MERCADO en los últimos tres años sobre el abultado déficit comercial, el prolongado déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos, la fragilidad del sistema financiero y la necesidad de aumentar el volumen y el monto de las exportaciones.

Lo más positivo y responsable en este momento es llamar la atención sobre algunos mitos que se hicieron añicos y sobre el peligro de que se entronicen otros mitos tan peligrosos como los que se han visto superados.

Veamos una corta lista de esos supuestos sobre los que descansa la sabiduría convencional que, como de costumbre, suele estar equivocada.

Primer mito: “Los inversionistas extranjeros no entienden nada. Creen que México es igual a la Argentina o a Brasil. Para ellos, al sur del Río Grande es todo igual. No conocen las diferencias fundamentales entre una y otra economía”.

Falso.

Es evidente que el profesional retirado de California que ha colocado sus ahorros en un fondo de pensión no es un experto en las economías latinoamericanas. Pero los gerentes de esos fondos, los que manejan recursos de inversión en “áreas riesgosas” sí conocen los datos fundamentales de cada economía.

Lo que ha ocurrido aquí, y a partir de México, es que cambió el ángulo de mira. Ya no importa, como se venía diciendo en los últimos años, el equilibrio de las cuentas fiscales. Lo que esta crisis puso de manifiesto es que la atención debe concentrarse en la cuenta corriente.

Decisiva en última instancia es la capacidad de repago de una economía. Es decir, su habilidad para generar dólares. Si la dependencia del ingreso de capital extranjero es muy fuerte, si hay déficit comercial durante varios años, si no aumentan sustancialmente las exportaciones, entonces los inversionistas desconfían.

Segundo mito (fervorosamente alentado por el FMI): “Es esencial el equilibrio en las cuentas fiscales; que no haya déficit de presupuesto”.

Falso.

Es muy saludable el equilibrio fiscal, pero lamentablemente no es todo. El equilibrio es en moneda local, en pesos en el caso de la Argentina. Pero lo que cuenta es la capacidad de recaudar dólares (y más a través del comercio exterior que del ingreso de capitales) para repagar la deuda y dar ganancias al capital que llega.

Tanto Estados Unidos como Alemania, Canadá e Italia tienen importante déficit de cuenta corriente, y muchos países industrializados exhiben cuentas fiscales deficitarias, pero todos ellos ofrecen la certidumbre de generar los recursos para pagar sus deudas.

Abril de 1995

¿La economía de mercado tiene fallas? ¿O es que no alcanzamos, aún, una verdadera economía de mercado? Cuando hay libertad económica, los precios no los fija la burocracia. Son el resultado de la oferta y la demanda. Cuando, insatisfechos por ese resultado, los gobiernos quieren “corregir” los precios… sobreviene el desastre. Eso es lo que nos dice la ortodoxia. ¿No vale esto para el precio de las divisas? El valor del dólar, ¿no debería ser librado, también, al juego de oferta y demanda? El tipo de cambio fijo, ¿no es un resabio del intervencionismo? ¿Debe la burocracia regular y sostener el precio de los instrumentos internacionales de pago? Si lo hace, ¿no debe tener cierta sensibilidad para registrar tendencias del mercado, y un mínimo de flexibilidad para acompañar ­en vez de desafiar­ esas tendencias?

¿El gasto público es inflexible? ¿O no lo hemos reducido, simplemente, porque nos dormimos sobre el producto de la venta de activos y el capital financiero? Hay quienes dicen que el gasto público no puede reducirse más que lo que se ha reducido. ¿Es así? El Estado nacional ha transferido las escuelas y los hospitales a las provincias o los municipios, y las empresas deficitarias al sector privado. Hoy debería tener un gasto (en moneda constante) sensiblemente inferior al que tenía antes de iniciarse estas reformas. Sin embargo, exhibe un gasto superior. ¿No habremos estado durmiendo sobre los laureles de un superávit fiscal transitorio? Nuestro sosiego de los años recientes, ¿no era resultado del dinero de las privatizaciones, que fatalmente iba a acabarse? ¿No era, también, efecto de ese flujo financiero que tarde o temprano iba a cesar? ¿Se ha hecho una auditoría de costos en el sector público? Al margen de cortes salvajes, propios de épocas de crisis,¿ha habido un esfuerzo sistemático y racional por eliminar gastos superfluos o improductivos?

¿Por qué el efecto tequila afectó a la Argentina tanto más que a Chile? Unos dicen que Chile está más protegido por un mercado de capitales propio, fruto de sus administradoras de fondos de pensión, que comenzaron a operar mucho antes de que nosotros lanzáramos, aquí, nuestras AFJP. Otros, como el ex ministro chileno Hernán Buchi, dicen que Chile es menos vulnerable porque no ancló su tipo de cambio y puso restricciones al ingreso de capital financiero. ¿Podemos dejar esta polémica inconclusa? ¿No debemos profundizarla hasta que una de las partes demuestre que tiene la razón? ¿No es importante, para el futuro, saber por qué hemos sido presas más fáciles que otros? ¿No será que, al margen de las AFJP, el crawling peg y las barreras al capital golondrina, Chile ha hecho un esfuerzo mayor que el nuestro por elevar la productividad?

¿Debemos bajar los salarios al nivel de nuestra productividad? ¿O debemos elevar nuestra productividad al nivel de los salarios? Ahora que la carga impositiva supera tan claramente el costo de la mano de obra, ¿no deberíamos repensar el problema de nuestras desventajas competitivas? No hay duda de que, medidos por su productividad, nuestros salarios son muy altos. Pero, ¿debemos aceptar el gasto público, la presión impositiva y el endeudamiento del Estado como constantes, y tomar el precio del trabajo como variable de ajuste? ¿O debemos bajar el gasto público, disminuir la presión tributaria, liberar fondos que hoy absorbe el Estado, estimular la inversión y aumentar la productividad para elevarla a un nivel compatible con nuestros salarios? La rebaja de salarios, ¿no puede resentir la base social que debe dar estabilidad al sistema económico? ¿Es sensato creer que vamos a ser más competitivos despilfarrando dineros públicos, tomando deuda externa para financiar al Estado, poniendo nuevos impuestos, subiendo alícuotas y rebajando salarios?

¿Debemos ensayar nuevos paquetes financieros? ¿O proponernos una estrategia de desarrollo industrial y postindustrial, unida a un proyecto exportador? Los paquetes financieros pueden ser ineludibles. Cuando hay una crisis de liquidez o de solvencia, hay que enfrentarla. No se soluciona una crisis de ese tipo con enunciados macroeconómicos. Pero, ¿debemos reincidir en planes limitados a lo financiero? ¿O tenemos que imaginar cómo desarrollar ventajas competitivas?

¿No deberíamos estar pensando, ya mismo, cómo impulsar la investigación, lanzar nuevos productos, incrementar la calidad, detectar oportunidades en el mercado mundial y salir al mundo, no a pedir más dinero para sobrellevar crisis, sino a vender los frutos de una economía moderna?

Octubre de 1995

El primer gobierno de Menem llegó al poder en 1989 en una situación de emergencia económica. Tras los desaciertos iniciales y el nuevo brote hiperinflacionario (con marcas mayores que durante el anterior), el Presidente y los militantes de su partido aceptaron un programa económico que no estaba en sus planes y donde el objetivo central era la estabilidad y no el crecimiento o la justicia social. Como la opinión pública clamaba por estabilidad, no hubo dificultades en adoptar el modelo.

Durante tres años, el desarrollo del programa fue exitoso. Bajó la inflación a niveles aceptados internacionalmente, las reformas estructurales, y muy especialmente el ingreso de capitales excedentes en el mundo, permitieron también reactivar la economía. La recaudación fiscal aumentó y fue posible expandir el gasto público sin comprometer el equilibrio fiscal.

Fue una feliz combinación: un programa estabilizador bien diseñado y una extraordinaria circunstancia exterior favorable. Así, hasta 1993, se recuperó el crédito, hubo bonanza y hasta aumento del empleo. Había problemas, pero la sociedad percibía que las ventajas eran mayores que los inconvenientes.

Desde la óptica del justicialismo ­y probablemente desde la del presidente Menem­ la tarea de Cavallo era el ajuste y no la expansión económica o la redistribución del ingreso. Esta percepción se hizo más dolorosa cuando comenzó a crecer el desempleo hasta convertirse en políticamente insoportable.

La gran expectativa era el segundo mandato de Menem. Debía significar un corte. Si el primero había sido el del ajuste, el segundo debía ser el de la justicia social, de pleno empleo, de crecimiento. Este era el panorama de la dirigencia peronista en mayo pasado, después de un sexenio en el cual habían tenido que sujetar sus aspiraciones.

Las circunstancias fueron crueles con esta ilusión. A principios de 1995 fue claro que se detenía el ritmo de ingreso de capitales extranjeros, y luego apareció la recesión, inesperada para la mayoría. El desempleo aumentó, las quiebras comerciales se multiplicaron, y hasta la propia estabilidad se puso por un momento en duda.

Lo que viene puede ser muy duro. Una larga recesión, un desempleo que todavía puede aumentar, crisis provinciales por la falta de financiamiento, mucho desencanto social. El gobierno tendrá que reducir el gasto público y aumentar la dosis de ortodoxia en todos los frentes. Un escenario muy diferente del imaginado por la dirigencia peronista.

En este contexto, ¿es posible imaginar el relevo de Cavallo? No en la actual circunstancia. Para los mercados que respaldan al ministro nadie ­ningún otro candidato­ podría defender con mayor fiereza y convicción el modelo.

La única posibilidad de que los respaldos del ministro se esfumen y reclamen un cambio es que la marcha objetiva del plan desemboque en tantos problemas y conflictos que un relevo sea considerado positivo. En ese caso, habrá que ver si la satisfacción de la revancha que tendrá Menem no se eclipsa ante la certidumbre de lo que le espera.

Enero de 1996

Durante el primer semestre de 1995, la Argentina pareció ser, a los ojos de los inversores nacionales e internacionales, el siguiente candidato a la devaluación y al colapso de la banca. El dinero se fugó del sistema financiero, se cortó el crédito y se profundizaron la recesión y el desempleo. ¿Había terminado el milagro argentino?

Ahora que la Convertibilidad cumple cinco años, no hay una respuesta definitiva a esa pregunta. El gobierno ­es historia conocida­ manejó con pericia y sin ideologismo la crisis financiera. Las circunstancias internacionales (tasas de interés, precios de los productos exportados por la Argentina, demanda brasileña) salvaron temporariamente la brecha de competitividad de la economía y ayudaron a evitar una ruptura de las reglas de juego.

Pero no será así para siempre. La fragilidad fiscal, financiera y externa de la Argentina continúan y ­excluido un nuevo boom de consumo como el de 1991-1993­ sólo un incremento sostenido de la productividad podrá salvar al país de los dos demonios: la devaluación caótica o la deflación masiva. Por ahora, sólo es posible afirmar que un conjunto de factores le han dado al régimen nacido en 1991 una nueva oportunidad. Habrá que ver cómo la aprovecha.