Sucedió en 1876, en la presidencia de Nicolás Avellaneda; en
1885, en la de Julio Roca; en 1914, con Victorino de la Plaza; en 1929, con
Hipólito Irigoyen, y en las primeras calientes horas de 2002, con Eduardo
Duhalde: la Argentina volvía a salir de la convertibilidad. Aquellas
experiencias fueron traumáticas, pero ninguna alcanzó tanto dramatismo
como la del 2 de enero del año pasado.
Al son de los cacerolazos instalados en las horas previas a la caída
de Fernando de la Rúa, surgió el primer interrogante sobre del
régimen cambiario que había planteado el nuevo ministro de Economía,
Jorge Remes Lenicov. De elegante sport, el segundo día del año
Remes anunció un tipo de cambio de $ 1,40 por dólar, lo que para
muchos analistas pareció errado, ya que pensaron que iba a reducirse
la oferta de la divisa, lo que impulsaría una flotación desordenada
con un peso depreciado en un mercado libre.
La devaluación del peso era un tema que se vinculaba estrechamente al
drama que el país comenzó a vivir el 3 de diciembre de 2001. La
aparición del corralito –que encadenó depósitos por
unos US$ 61.460 millones– y la crisis bancaria llevaron, en enero, a pensar
en la desintegración de un sistema financiero como intermediario entre
el ahorro y la inversión.
Del entramado de operaciones bancarias y financieras apenas hubo una solución
para los préstamos hipotecarios, prendarios y personales de hasta US$
100.000, que fueron pesificados, compensándose a los bancos con un bono
garantizado con la recaudación de las retenciones a las exportaciones
de hidrocarburos. Pero quedaba claro que había un complejo problema de
solvencia: los depósitos no podrían ser devueltos porque los préstamos
no podían pagarse.
En este escenario, Mario Blejer asumió la presidencia del Banco Central
de la República Argentina. En medio de la devaluación, el tándem
Remes Lenicov-Blejer enfrentaba el duro desafío que proponía la
Argentina de 2002, en la que colapsaron totalmente las instituciones económicas
y financieras. No había régimen cambiario sólido, faltaba
una regla monetaria y también un programa fiscal.
Para azuzar la incertidumbre, una nueva promesa incumplida frustró más
a los enardecidos ahorristas. El presidente Duhalde había anunciado que
quien había depositado dólares retiraría ahorros en esa
divisa. No fue así, y comenzó a marcharse a una pesificación
indexada de los depósitos en dólares equivalente a $ 1,40 por
dólar. El público se volcó al dólar en interminables
colas, lo que permitía inferir un aumento en la tasa de inflación.
Temores y economía real
Así, en enero la Argentina comenzó a oscilar entre el pánico
a la hiper-recesión y el terror a la hiperinflación. Mientras
el primero respondía a la ausencia de un sistema de pagos para financiar
transacciones, el segundo se apoyaba en la falta de confianza en el peso, la
cual indicaba que, ni bien la autoridad monetaria comenzase a inyectar liquidez,
la presión sobre el dólar aumentaría, con el correspondiente
arrastre a los precios. Pero, irónicamente, las restricciones que imponía
el corralito hacían que el dólar costara sólo $ 2, factor
que, junto al control de cambios, puso límites al proceso inflacionario.
Se desencadenó un problema aún no resuelto. Para evitar la hiperinflación,
además, el presidente Duhalde desdolarizó las tarifas de servicios
públicos privatizados y estableció un derecho a la exportación
de hidrocarburos, para evitar que en uno y otro caso se ajusten los precios
por el tipo de cambio. Con la protesta social en la calle, al flamante Gobierno
no le quedaban otras alternativas.
En este contexto, resultaba difícil defender que el gobierno de Duhalde
tuviese un programa económico y quedó claro que la devaluación
no lo era. Sin intermediación financiera, la producción parecía
paralizarse, el desempleo comenzaba a aumentar, la recaudación tributaria
a caer y el comercio exterior a trabarse. También comenzaron los anticipos
de distintos gurúes, que anunciaron un tipo de cambio para fines de 2002
entre $ 2,60 y $ 2,80 por dólar. El superávit se proyectaba en
casi US$ 10.000 millones. Y una inflación, no mayor a 15% anual, era
un objetivo que buscaba quebrar la tendencia deflacionaria. M