Los Organismos Genéticamente Modificados alcanzaron en la Argentina un elevado nivel de desarrollo desde su aprobación, en 1996, llegando a ser actualmente el segundo productor mundial de este tipo de cultivos: 23% de la superficie sembrada en el mundo con cultivos transgénicos está en la Argentina, lo que representa alrededor de 13 millones de hectáreas. Debido a que la Unión Europea es el principal comprador de productos agroalimentarios argentinos, las nuevas normas de trazabilidad y etiquetado afectan sector.
La discriminación y el etiquetado de los OGM suponen para el productor local un sustancial aumento de costos que deberá enfrentar si quiere seguir vendiéndole a su principal cliente.
La Unión Europea, desde el año 2000, tiene un etiquetado obligatorio, pero el nuevo es totalmente diferente y mucho más restrictivo, afirma Alejandra Sarquis, coordinadora del área de Biotecnología de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación. En líneas generales, la nueva normativa dictamina que si se detecta que un alimento tiene más de 0,9% de presencia de algún elemento genéticamente modificado, debe ser etiquetado como transgénico. Además, alcanza a los productos de consumo animal, que antes no estaban incluidos en la regulación. Esta nueva restricción perjudica seriamente al sector agrícola, dado que 35% de los agroalimentos que se exportan a Europa son pellets de soja, un derivado de la soja destinado al consumo animal.
La posición oficial de la Argentina es el no etiquetado, dado que se considera que un producto transgénico es exactamente igual a uno convencional. A este proceso se lo denomina de equivalencia sustancial; es decir que un OGM es sustancialmente equivalente a su contraparte convencional: El producto final es el mismo, con la diferencia de que se le cambió un gen para que tenga una determinada característica, continúa Sarquis.
Pero la Unión Europea considera que se debe advertir cuando un alimento se ha manufacturado a partir de una semilla genéticamente modificada. La funcionaria de Agricultura discrepa. Después de muchos años de análisis de riesgo se comprobó que los OGM no hacían ningún daño a la salud. Si el alimento atraviesa por controles estrictos que aseguran que es inocuo, el etiquetado es una barrera. En realidad, el sistema es bastante perverso ya que no es una etiqueta la que debe dar seguridad, sino que lo debe hacer el Estado. Se pone sobre los hombros de la gente la responsabilidad de elegir lo que consume. En realidad, es una etiqueta con una carga negativa, concluye Sarquis.
Desarrollo de los OGM locales
En estos momentos, existen sólo tres cultivos transgénicos posibles en el campo: la soja, que es tolerante a un herbicida, y el maíz y el algodón que resisten a una plaga de insectos, informa Gabriela Levitus, directora ejecutiva del Consejo Argentino para la Información e Investigación en Biotecnología. Más de 95% de la soja sembrada es transgénica, alrededor de 40% del maíz y menos de 20% del algodón.
Por otra parte, los OGM atraviesan tres etapas de acuerdo con su nivel de desarrollo: La primera generación de transgénicos trae beneficios sólo para el productor y tiene que ver con mejorar características agronómicas del cultivo como, por ejemplo, la resistencia a una peste o la tolerancia a un herbicida. En la Argentina nos encontramos en este nivel de desarrollo, pero estamos por llegar, según cómo evolucione la situación mundial, a una segunda etapa, que consiste en hacer mejores alimentos. Por ejemplo, cultivar un poroto de soja que tenga una mejor proporción de ácidos grasos o una papa que tenga más hidratos de carbono. Entonces, estos alimentos conllevan un beneficio directo para el consumidor, porque el producto es mejor, o menos malo. Por último, una tercera etapa, más a largo plazo, es utilizar a las plantas como fábricas moleculares para que produzcan vacunas o fármacos, explica Levitus.
¿Por qué etiquetar si no se ha comprobado científicamente que los OGM sean dañinos para la salud? No tiene ningún sentido decirle a una persona que un determinado alimento contiene OGM. Se pone en la etiqueta información que el consumidor no puede procesar o no tiene la información adecuada. Por ejemplo, yo no sé cómo funciona una computadora; sin embargo, no la cuestiono, la uso y lo hago porque no hay ninguna campaña anticomputadora, concluye la científica.
Los detractores
Consideramos una victoria para los consumidores todo lo que tiene que ver con etiquetado de OGM afirma Daniela Montalto, especialista en el tema transgénicos dentro del área de Biodiversidad de Greenpeace. De esa manera, ellos tienen el derecho a informarse si los productos que consumen han sido o no modificados genéticamente. Que no haya evidencia actual de impactos de los OGM sobre la salud no indica la ausencia de riesgos a largo plazo. Además, nosotros criticamos que algunos sistemas de evaluación del riesgo no son consistentes. Creemos que el concepto de equivalencia sustancial no es serio y que este sistema difícilmente detecte la aparición de efectos no deseados.
La principal acusación que Greenpeace les hace a los OGM es que rompen con la biodiversidad. El avance de la soja transgénica se dio en realidad en detrimento de otros cultivos, como es el caso de las lentejas, que hoy no se producen más en el país. Se fue perdiendo la diversidad productiva por el avance de lo transgénico, lo que ha generado a su vez una concentración muy grande de la tierra, hay muchos menos productores. Por otra parte, los OGM producen muchos impactos ambientales, como erosión del suelo o extracción de nutrientes, continúa Montalto.
El consumidor no tiene por qué estar corriendo un riesgo innecesario: si no quiero consumir un transgénico, no tengo por qué hacerlo. Por otra parte, si estuviera comprobado que los transgénicos hicieran daño, directamente pediríamos su retiro del mercado, acá de lo que estamos hablando es de la aplicación de un principio preventivo que consiste en el etiquetado. Si se llega a comprobar que son perjudiciales, el consumidor se va a enojar mucho y no podrán retirar los productos porque no vamos a saber cuáles son, remata la especialista.
El etiquetado impuesto por la Unión Europea desencadena un debate sin fin que involucra a todos los eslabones de la cadena de producción, desde el productor hasta el consumidor. Si no se ha comprobado científicamente que los OGN sean nocivos para la salud y, además, atraviesan estrictos controles hasta llegar a la góndola, ¿por qué imprimirles una marca discriminatoria? Por otra parte, si a largo plazo demuestran algún tipo de efecto negativo, ¿cómo determinar si realmente fue a causa del consumo de un transgénico? Son preguntas que aún no encuentran una respuesta definitiva.