La Argentina del miedo

Por Daniel Alciro

En un artículo titulado “Muertos de miedo”, José Ricardo Eliaschev sostuvo recientemente que la “cultura del apriete” ha sumido a los argentinos en un pánico generalizado.
El periodista se refirió a aprietes que no provienen siquiera de las autoridades:
“¿No me das justicia? Mato. ¿No me das vivienda? Me instalo en un parque. ¿No hay estufas en la escuela? La ocupo. ¿No me das aumento? Corto el tránsito. ¿No me das seguridad? Bloqueo una ruta”.
Por supuesto, a esa “cultura” contribuye la parsimonia de autoridades y jueces, que “prefieren navegar junto a los infractores”, para “contenerlos” y evitar que se “desmadren”.
Es una mala política, que deriva en la extorsión ininterrumpida.
El periodista sostiene, por ejemplo, que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Telerman, “tiene miedo” de reabrir el tránsito en la calle Bartolomé Mitre: si lo hace, los “padres de Cromañón” –que han levantado allí un santuario– incendiarían el Palacio de Gobierno. Ésa es, al menos, la amenaza.
Distintos sectores viven aterrorizados.
Ocurre en el mundo del fútbol donde “esos gangsters que la prensa denomina piadosamente barrabravas”, intimidan a los rivales y, también, a dirigentes que los han consentido o alimentado.
La política y la economía nacionales están, también, dominadas por los temores.
Este es un catálogo (dispuesto en orden arbitrario) de miedos que paralizan a buena parte de nuestra dirigencia:

1. Miedo a Moreno

Un personaje que luce grotesco e inocuo –el Secretario de Comercio, Mario Guillermo Moreno– se ha convertido, inesperadamente, en el funcionario más temido del gobierno.
Amenaza con “reventar” a los empresarios que se nieguen a firmar (o firmen y después violen) “acuerdos de precios”.
Eso provoca, en los hombres de negocios, “un temor generalizado”. Es lo que afirmó Alcadio Oña en Clarín, el 23 de mayo. En consonancia, La Nación dijo poco después, aludiendo al mismo Secretario: “El miedo se apoderó de la dirigencia empresaria”.
Las sanciones prometidas por Moreno no se limitan a las que prevé la Ley de Abastecimiento: multas, clausuras inhabilitaciones y arrestos.
El funcionario advierte a los díscolos: si no se disciplinan, recibirán inspecciones de la AFIP, juicios y hasta medidas de acción directa: una amenaza nada inocente en la época de los piqueteros oficiales.
Todos coinciden en caracterizar a Moreno como un hombre prepotente, cuyos malos modales llegan a la grosería.
Sin embargo, los aprietes a los empresarios no comenzaron el 12 de abril, cuando este exótico personaje se hizo cargo de la Secretaría.
Faltaba mucho para eso cuando, el 24 de noviembre del año pasado, el propio Kirchner puso al supermercadista Alfredo Coto en el banquillo de los acusados. Usando una técnica similar a la de Moreno, el Presidente dijo en un discurso público: “Señor Coto, yo lo conozco muy bien a usted, y sé cómo trabaja sobre los bolsillos de los argentinos. Desde el Estado nos vamos a organizar, impulsando a las ligas de consumidores, y convocando a los intendentes y gobernadores para seguir lo que hacen ustedes. Señor Coto, ponga voluntad. No tengo ninguna duda de que ustedes se cartelizan y atentan permanentemente contra los bolsillos de los argentinos. Deje de presionarnos. Trabaje por la Argentina”.
Cinco días después, piqueteros oficialistas se concentraron frente al supermercado Coto de Pompeya, con el fin de “repudiar los aumentos” y “apoyar al gobierno para que sancione a las cadenas que digitan los precios”.
El líder del escrache –Jorge Aragón, de la agrupación Martín Fierro– sostuvo que Coto quería “llevarse toda la ganancia”, y advirtió que –si no la compartía con los trabajadores– “el pueblo” lo pondría “en su lugar”.
Poco después, Coto llegó a un acuerdo de precios con Kirchner en persona.
Hasta cierto punto, la coacción oficial es justificada. Cuando existen expectativas inflacionarias, los empresarios se “cubren”, aumentando sus precios preventivamente. Si este procedimiento no se frena de entrada, termina en una profecía autocumplida.
Pero el freno debe ser legítimo. El Estado no puede transformarse en una pandilla que siembra miedos.

2. Miedo a Montoya

El sitio oficial del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires se jacta: “Santiago Montoya es el terror de los contribuyentes”. En verdad, la expresión pertenece a un diario, pero el sitio la reprodujo el 4 de noviembre de 2003 y, desde entonces, no la ha quitado.
En aquella oportunidad, El Cronista publicó un reportaje a Montoya, durante el cual éste se dedicó a explicar cómo perseguía “a los contadores corruptos”.
Si el funcionario persiguiera a los evasores (no a los contribuyentes) y a los contadores corruptos (no a los contadores) su actitud sería inobjetable.
No es así. Y no lo es porque Montoya cree que “la gente sólo paga impuestos por miedo”.
Él no confía en la responsabilidad ciudadana. Es posible que, en gran medida, su experiencia abone tal desconfianza. Pero eso no justifica sus métodos intimidatorios, como éstas:
• Intimar el pago de impuestos (inmobiliario, automotor, ingresos brutos), aun a contribuyentes que están al día, para detectar la posible evasión marginal y, en todo caso, hacerles sentir el aliento en la nuca.
• Llamar a las esposas de los morosos, para informarles cuánto deben sus maridos. “Si un tipo le compró una casa a su amante, no es mi problema: tiene que pagar impuestos”, declaró una vez Montoya.
• Proyectar el probable aumento de ingresos de algunos contribuyentes y remitirles una “propuesta mínima de declaración jurada”, con una advertencia: si no pagan conforme a ese dibujo fiscal, serán reputados “contribuyentes de alto riesgo” y quedarán sujetos a “fiscalizaciones ejecutivas permanentes”.
• Descontar deudas impositivas de los sueldos.
• Intimar a las instituciones financieras a violar el secreto bancario y dar información confidencial sobre sus clientes.
• Amenazar con la apertura de las cajas de seguridad.
• Esperar a los morosos a la entrada de los countries, o en la explanada de Buquebús, o en ruta a Bariloche, violando así procedimientos legales y jurisdicciones.
• Actuar, en general, por fuera de la justicia, como lo confesó Montoya a Página 12 en 2004: “Como la Justicia está desbordada, buscamos atajos”. En la misma entrevista, anticipó que le pediría ayuda a la SIDE para localizar a evasores.
En Ámbito Financiero, Santiago Cambra acusó a Montoya de “terrorismo fiscal”, y afirmó que algunos de sus procedimientos violan el artículo 18 de la Constitución Nacional: “Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por ley antes del hecho de la causa” .
La nota de Cambra, publicada dos años atrás, mereció una respuesta de Juan Manuel Prada, Director de Técnica Tributaria del Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires. El funcionario sostuvo que Montoya sólo utiliza “herramientas válidas”, pero no tranquilizó a nadie. El miedo de los contribuyentes (evasores o no) sigue intacto.

3. Miedo a D’Elía

Luís D’Elía, líder de la organización piquetera Federación de Tierra y Vivienda (FTV), es ahora subsecretario de Tierras para el Hábitat Social.
D’Elía hizo su fama como piquetero, cortando calles y puentes en el Gran Buenos Aires. El método le deparó diversas concesiones de las autoridades. También lo convirtió en co-artífice de la caída de Fernando de la Rúa. Al menos, ésa es la interpretación de muchos que, tal vez, sobreestimen la importancia que el piquetero tuvo en la crisis de 2001.
El 26 de junio de 2004, D’Elía y sus piqueteros coparon la comisaría 24, de La Boca, y provocaron allí varios destrozos. Reclamaban por la muerte de Martín Cisneros, integrante de la FTV, que había sido asesinado (según D’Elía) por un traficante de drogas protegido por la policía.
Aún hoy, el líder de la FTV está procesado por la ocupación de la comisaría. Eso no fue óbice para que, el 22 de febrero, asumiera como subsecretario de Estado.
De inmediato surgió el temor: D’Elía había pasado de piquetero a funcionario público, pero su objetivo era el mismo: repartir tierras y viviendas, y no necesariamente tierras fiscales.
Para agregar al resquemor, la Subsecretaría de Tierras fue ubicada en la órbita de otro funcionario temido: el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, a quien gobernadores e intendentes acusan secretamente de “castigar” a los adversarios, negándoles recursos para obras públicas.
En julio, D’Elía –sin dar intervención a la justicia– fue a cortar las cadenas de una tranquera: la de un campo (179.000 hectáreas) que el empresario norteamericano Douglas Tompkins tiene en los esteros del Iberá, Corrientes.
El funcionario acusó a Tompkins de entorpecer la circulación en la zona. Pero luego varió el argumento: hay que expulsar al norteamericano porque su campo se asienta sobre el estratégico acuífero Guaraní (en verdad, sobre 0,15% de ese lecho de agua que ocupa 1.190.000 kilómetros cuadrados).
El mes pasado, D’Elía tomó en sus manos el reclamo de mapuches que reivindican las tierras (casi un millón de hectáreas) que la empresa italiana Benetton adquirió y explota en la Patagonia. Al hacerlo, el funcionario advirtió que las expropiaciones son “un recurso jurídico y legislativo legítimo”.

4. Miedo a la expropiación

El 18 de agosto, D’Elía, junto a diputados kirchneristas, madres de Plaza de Mayo y los embajadores de Venezuela y Bolivia, presentó un proyecto de expropiación del campo de Tompkins.
El proyecto declara “sujetas a expropiación” esas tierras, ubicadas en los esteros del Iberá, y crea un Parque y Reserva Nacional que, además de preservar los recursos naturales, “garantizará los derechos de los pobladores ancestrales”.
La iniciativa lleva la firma de una veintena de diputados del Frente para la Victoria, como Diana Conti, Patricia Vaca Narvaja y Remo Carlotto.
Varias iniciativas similares procuran restringir la venta de tierras a extranjeros, sobre el supuesto de que “el capital internacional intenta controlar nuestras reservas de agua potable”.
Esto ha sembrado el miedo entre los inversores, quienes se enfrentan a un conjunto de eventualidades, desde piquetes hasta expropiaciones, que quitan el entusiasmo a cualquiera.
Según un mito, desarrollado en los últimos años, el primer mundo está a punto de quedarse sin agua potable, razón por la cual estadounidenses y europeos compran tierras bajo los glaciares patagónicos, y sobre el acuífero Guaraní. Se supone que la Argentina es el mayor (o uno de los mayores) reservorios de agua potable del mundo, y los extranjeros quieren adueñarse de este recurso vital.
Hace falta un gran desconocimiento geográfico y económico para sostener semejante tesis.
La mayor parte de reserva de agua dulce está en la Antártida, continente sujeto a un estatus internacional, sobre el cual ningún país puede ejercer actos de soberanía. Es lo que prescribe el Tratado Antártico, del cual la Argentina es parte.
Glaciares hay por todo el mundo. Hasta en África, donde sobresalen los ríos helados del Monte Kenya, el Kilimanjaro y el grupo montañoso Ruwentzori.
Si bien nuestro Parque Nacional Los Glaciares (con 356, entre ellos el Perito Moreno) es muy imponente, tampoco hay que perder noción de la realidad. Sólo en Alaska hay 100.000 glaciares, el mayor de los cuales (Malaspina) tiene una superficie nueve veces superior a la del Perito Moreno.
En Canadá, los glaciares cubren 200.000 kilómetros cuadrados.
Groenlandia es una gigantesca isla de hielo y nieve, de la cual se desprenden unos 15.000 icebergs por año.
Islandia tiene glaciares que cubren 11% de su territorio. El campo de hielo Vatnajökull ocupa 8.100 kilómetros cuadrados.
La península escandinava exhibe sus glaciares como una atracción mundial. En Noruega, 60% del archipiélago de Svalbard está cubierto por glaciares.
En Rusia los glaciares son tan grandes que sus rupturas causan tragedias. Hace tres años, el colapso parcial del Kolka y el Maili provocó la caída de 3 millones de toneladas de hielo.
Acuíferos hay, también, en todo el globo. La cantidad de agua subterránea supera a la aprisionada en todos los ríos y lagos de la Tierra.
Los más notables, en América del Norte, son los acuíferos Edwards, Floridan, Laurentian, Mahomet, Ogallala y Lloyd. En Australia, el Artesian. En Nueva Zelanda, el Canterbury. En África, el Bas Saharan y el Nubian. En Europa, el Chalk y el Schwyll.
Es inverosímil que los países centrales vengan a sacar agua en el extremo sur de América y trasportarla luego miles de kilómetros. No sería económico. Aun si no tuvieran sus propios glaciares y acuíferos, podrían recurrir con más ventajas a la desalación.
97,2% del agua que existe en el planeta es salada; es la de mares y océanos. Por ósmosis inversa, es relativamente fácil remover sal del agua marina. Estados Unidos lo hace a gran escala, aunque los líderes mundiales, en desalinización, son Arabia Saudita, Kuwait e Israel.
Por último, si la Argentina quisiera evitar que le arrancaran el recurso, no necesitaría poner restricciones a la compra de tierras: le bastaría con restringir o prohibir la exportación de agua potable.
Eso no preocuparía a ningún inversor, porque nadie viene a la Argentina a buscar agua potable para llevársela. Sin embargo, tal como están las cosas, comprar tierras aquí se está convirtiendo en un peligro.

5. Miedo a Greenpeace

Greenpeace, y otros grupos ecologistas, se han convertido en formidables obstáculos al desarrollo de los países emergentes. No por sus principios (preservar la naturaleza) sino por el fanatismo que infunde miedo.
Funcionarios y empresarios temen llevar adelante obras que podrían provocar movilizaciones y protestas, desalentando a todo el mundo.

“No exploten el oro”
El mundo extrae todo el oro que puede y hay convenios internacionales que aseguran operaciones seguras. Hasta existe un convenio entre la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo, para prevenir los efectos perjudiciales de la minería a cielo abierto.
La lixiviación por mercurio puede, sin duda, ocasionar trastornos en la salud y afectar el medio ambiente. Allí donde se explota oro de la manera más eficiente, esos riesgos son controlados o neutralizados.
En la Argentina, se ha generado miedo al oro. La actitud –inducida por los ecologistas extremos– no consiste en reclamar que el mineral se explote en condiciones de máxima seguridad. Mucha gente se opone, sencillamente, a la explotación; no importa cuáles sean los recaudos que se tomen.
En otros tiempos, Esquel, en la provincia de Chubut, habría recibido a Meridian Gold como un regalo del cielo: la empresa canadiense estaba dispuesta a explotar el oro que hoy duerme dentro de una montaña. Pero en 2003, los habitantes de Esquel votaron contra la instalación de la Meridian.
El “no” ganó un plebiscito, con 81% de los sufragios, y desató una fiesta popular. “Esquel ha dado una ejemplar batalla a favor de sus derechos”, proclamó Verónica Odriozola, coordinadora de la campaña contra las sustancias tóxicas de Greenpeace. El padre Luis Farinello, diputados nacionales y Abuelas de Plaza de Mayo participaron de la quimera del no oro.
Poco después, la Provincia de Río Negro sancionó la ley 5.001, por la cual prohibió la minería metalífera a cielo abierto en todo el territorio
Ahora, los miedos se han instalado en la provincia de San Juan, a raíz de Pascua Lama: un proyecto argentino-chileno para explotar, a cielo abierto, un yacimiento de oro, plata y cobre.
Los minerales están ubicados en la cordillera de los Andes, sobre el límite internacional chileno-argentino, unos 300 kilómetros al noroeste de la capital sanjuanina, en el Departamento de Iglesia.
Está previsto extraer 15 millones de toneladas por año, que serían procesadas en territorio argentino.
El monto de la inversión, a cargo de Barrick Gold, se ha estimado en US$ 950 millones.
En un foro ecologista de Internet se puede leer que el proyecto “significa la suma de todos los miedos para gran parte de los sanjuaninos”, azorados por “las voladuras de cerro, la destrucción de glaciares, la contaminación de ríos, los depósitos clandestinos de desechos mineros”.
En el mismo sitio, el ingeniero en minas Hugo González reconoce: “Toda actividad minera es contaminante”. Pero a continuación se opone al proyecto, entre otras cosas porque Barrick “tiene más dinero que toda la Argentina”. De lo cual se deduciría que no hay que explotar los minerales o que –de hacerlo– la tarea habría que confiarla a una empresa de capital escaso.

“No fabriquen papel”
El conflicto con Uruguay fue alimentado por rivalidades nacionales, pero la chispa la encendió, también, Greenpeace.
En los países desarrollados, durante la década pasada se dejó de blanquear pasta celulósica con cloro gaseoso, cuya toxicidad está comprobada.
Las fábricas de pastas emplean, en cambio, una tecnología mucho más moderna: LCE (Libre de Cloro Elemental), que es la misma adoptada por las proyectadas plantas de Botnia y ENCE en Uruguay.
Greenpeace lucha –sin demasiado fundamento científico– por una tecnología totalmente libre de cloro, que no se aplica prácticamente en ninguna parte (apenas es responsable de 5% de la producción mundial, canalizada hacia papeles especiales). Fue bajo el influjo de esa campaña que la Argentina sostuvo que Uruguay contaminaría nuestras aguas (y las suyas) con letales dioxinas y furanos.
El miedo que nació en Gualeguaychú fue tanto que, ahora, será muy difícil instalar una nueva fábrica de pasta celulósica en la Argentina. Las necesidades insatisfechas habrá que satisfacerlas de la ruinosa manera tradicional: exportando materia prima e importando el producto industrial.

“No hagan represas”
En medio de una crisis energética, la Argentina –poseedora de abundantes recursos hidroeléctricos, que son fuente de energía limpia– enfrenta el cuestionamiento de los hiper-ambientalistas, enemigos de las represas.
No se trata, solamente, de grupos de lunáticos. En 1997, la Provincia de Entre Ríos sancionó la ley provincial 9.092, conocida como Ley Antirrepresas.
La norma declara a la provincia “libre” de nuevas represas. Los ríos Paraná, Uruguay y demás cursos de aguas provinciales son considerados “bienes de la naturaleza y recursos naturales de especial interés para su cuidado, conservación y aprovechamiento sustentable”.
La ley entrerriana está en consonancia con la campaña de Greenpeace contra la hidroelectricidad. La organización sostiene que las represas modifican los cursos naturales del agua, alteran el ecosistema, empobrecen la biodiversidad, provocan la pérdida de tierras cultivables y obligan al desplazamiento de comunidades.
Greenpeace se opone inclusive a la elevación de la cota de Yacyretá, de 76 a 83 metros, y presiona al Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para que no financien esa ampliación de capacidad.
Ni que hablar de las grandes obras que podrían resolver definitivamente los problemas energéticos del país: Paraná Medio (3.000 MW), Corpus (2.280 MW), Garabí (750 MW), y Río Bermejo (280 MW).
Al parecer, es más fácil meter miedo a la construcción de obras que miedo a la falta de energía, el atraso económico y el desempleo.
Paraná Medio ya no puede hacerse, debido a la Ley Antirrepresas de Entre Ríos.
Corpus tampoco: en 1996 su realización fue rechazada por los misioneros, a través de un plebiscito. Sin embargo, este año habrá un nuevo plebiscito –junto con las elecciones de octubre– para ver si se acepta la obra, relocalizada.
No será sencillo vencer el miedo.

6. Miedo al “escrache”

“Es verdad, pero es una canallada política”, dijo el diputado Juan José Álvarez –sostén de Roberto Lavagna– cuando se develó que había pertenecido a la SIDE.
Otro lavagnista invirtió los términos: “Es una canallada política… pero es verdad”. No era un dato insignificante: según ha terminado admitiendo, Álvarez integró ese organismo de seguridad, nada menos que en la época de la dictadura. Lo hizo entrar allí su suegro, un alto oficial del Ejército, con el aval del entonces ministro del Interior, Albano Harguindeguy.
La revelación fue un golpe para la coalición “de centro-izquierda” que dice representar el verdadero “progresismo”. Tanto que Álvarez debió desaparecer del entorno público de Lavagna.
Por supuesto, el principal sospechoso de la revelación es el gobierno. De hecho, la noticia fue dada por el diario oficialista Página 12.
El director de Ámbito Financiero, Julio Ramos sentenció que, de esta manera, “el gobierno avanzó en su camino a la hegemonía absoluta porque el miedo a esta nueva forma de escrache se extiende a empresarios, periodistas y políticos”.
Si se abrieran los registros de la SIDE para identificar a los colaboradores de la dictadura, se iniciaría una peligrosa caza de brujas.
Sin embargo, esa medida (indeseable) sería más transparente que la revelación selectiva.
Un diputado oficialista considera “legítimo” el procedimiento: “Los que tienen el curriculum sucio, ya saben: si no sacan los pies del plato, los antecedentes no van a salir del placard; pero si faltan a la lealtad, y tiran piedras contra este gobierno –que está reconstruyendo el país– entonces los antecedentes van a salir a la luz. ¿Qué quieren? ¿Que un tipo que estuvo con Galtieri se ponga ahora contra Kirchner y nosotros nos quedemos cruzados de brazos?”.
Es la glorificación del doble estándar.
Una víctima de tal duplicidad fue el decano de Derecho, Atilio Aníbal Alterini, a quien no se le permitió ser rector de la Universidad de Buenos Aires. Este profesor de derecho civil no había tenido nunca vinculaciones con la SIDE, pero se le hizo pagar por dos pecados: uno, no haber renunciado “de inmediato” a su cargo de juez, cuando se produjo el golpe de marzo de 1976 (renunció en 1977); dos, haber sido director general de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Guillermo Del Cioppo, en la última etapa del Proceso.
El Presidente Kirchner nombró en la Corte Suprema a Eugenio Zaffaroni y Elena Highton de Nolasco, que fueron designados jueces por sendos decretos de Jorge Rafael Videla, y juraron lealtad al Estatuto del Proceso de Reconstrucción Nacional. Por otra parte, el secretario de Finanzas de la Nación, Eduardo Mac Loughlin, fue secretario de Finanzas de Del Cioppo. Es obvio que los tres –Zaffaroni, Highton de Nolasco y Mac Loughlin– tuvieron, en las mismas circunstancias y áreas, una participación de mayor compromiso con el Proceso. Sin embargo, en ellos se perdona todo y en Alterini –un opositor al gobierno– no se perdona nada.
Julio Blank afirmó en Clarín (“Carpetas de la SIDE, amenazas de videos íntimos y la cultura del miedo”) que la publicación de Página 12 fue instigada o consentida por el gobierno pero que el legajo de Álvarez apareció en la SIDE de manera “fortuita”. Habría sido “subproducto” de una investigación sobre Harguindeguy, solicitada por el juez Norberto Oyarbide.
Como fuere, el escrache implica una política inaceptable, que también tienta a la oposición. De hecho, en medios periodísticos se comenta que –si el gobierno no hizo más leña del caso Álvarez– fue porque el diputado Eduardo Caamaño (lavagnista) amenazó con un contraataque a “carpetazos”. El mensaje que recibió el gobierno fue éste: “O la cortan con Juanjo Álvarez o sacamos carpetas que los comprometen a ustedes”.
El socio puede contar con la omertá, el pacto de silencio. El adversario, debe esperar lo peor.
Ni siquiera hace falta que, como en el caso de Álvarez, la acusación se corresponda con la realidad. En la última elección, Enrique Olivera (ARI) soportó una falsa acusación, originada en la SIDE. La central de inteligencia le “descubrió” cuentas no declaradas en el exterior. Es difícil saber si eso afectó la performance electoral de Olivera. Lo cierto es que, después de la elección, se supo todo: esas cuentas no existían; todo había sido un “lamentable error”.

7. Miedo a la censura

El polémico Bernardo Neustadt (81 años, casi retirado del periodismo) estuvo hace seis meses en Tres Arroyos, Provincia de Buenos Aires, y declaró a La Voz del Pueblo: “Hace mucho que dejó de haber libertad de prensa en la Argentina. El doctor Menem cometió uno de los errores más trágicos, que fue autorizar que los grandes diarios pudieran tener otros medios de comunicación. Les dio el primer poder, y a partir de allí se transformó la libertad de prensa en libertad de empresa. Además, el Presidente Kirchner, con su modalidad que, hay que reconocer, le da éxito, mete miedo. Voy a dar un ejemplo. El Presidente llega al poder, electo, y su primer discurso es muy violento. La Nación, a través de Claudio Escribano, le señala la violencia del discurso y le recomienda cambiar de libretista. Tiene la mala suerte de que la libretista es la mujer del Presidente. A través de Alberto Fernández, Kirchner le hace notar a La Nación que le ha molestado muchísimo el artículo y que no quiere que Escribano siga escribiendo. Escribano se va de gira por Alemania, vuelve y escribe otro artículo. Entonces lo jubilan, de privilegio, con 68 años. Yo sé que Claudio lo va a desmentir, La Nación lo va a desmentir, pero lo jubilaron”.
Por cierto, Escribano y La Nación lo desmienten.
En cambio, hay periodistas que se declaran censurados: Eliaschev, Víctor Hugo Morales, Jorge Lanata.
Eliaschev perdió su programa Esto que pasa, en Radio Nacional; Morales salió de Desayuno, el programa matinal de Canal 7.
En el gobierno sostienen: “Hoy no se manejan los medios como en anteriores gobiernos peronistas. No hay culto de la personalidad ni propaganda política. Pero una cosa es que Nacional o Canal 7 no tengan gente haciendo el panegírico de Kirchner, y otra cosa es que los medios oficiales sirvan para hacer la oposición”.
También alegan que “ningún periodista está censurado”: a Eliaschev se le terminó el contrato y no le fue renovado (“¿Desde cuándo es obligación del empleador renovar un contrato? ¿Pepe estaba alcanzado por la estabilidad del empleado público? No. Además, él sigue trabajando. Ahí está en Perfil”).
El argumento formal resulta poco convincente.
A mediados de septiembre, Eliaschev presentó un libro sobre la censura (Lista negra, editorial Sudamericana). El público que asistió a la presentación desbordó el aula magna del Colegio Nacional de Buenos Aires.
En el acto hablaron el columnista Joaquín Morales Solá –quien criticó a Kirchner por “convertir a los guerrilleros de los años 70 en héroes patrios”– y el editor Jorge Fontevecchia.
En la platea había políticos, como Raúl Alfonsín, Aníbal Ibarra, Rodolfo Terragno, Federico Pinedo, Margarita Stolbizer o Patricia Bullrich; juristas, como Gustavo Bossert; escritores, como Horacio Salas, Álvaro Abós, Ignacio García Hamilton o Beatríz Sarlo; periodistas, como Luis Majul, Fernando Bravo, Luisa Valmaggia, Carlos Ulanovsky o Alfredo Leuco. También el rabino Sergio Bergman, quien bendijo al autor y destacó que “a los profetas nunca les fue bien”.
Fue, tal vez, un desagravio exagerado. Al fin de cuentas, el propio Alfonsín tomó –respecto de Mirtha Legrand, Mariano Grondona y Neustadt– medidas similares a las que ahora se han tomado con Morales o Eliaschev.
Sin embargo, hoy existe un consenso: “Nunca la prensa estuvo tan condicionada”.
Nunca (se entiende) desde la reinstauración de la democracia.
En un país donde hubo periodistas que (en los 70/80) fueron a la cárcel, recibieron torturas o murieron por defender la libertad de expresión, cuesta oír a quienes hoy dicen: “No se puede hacer nada. Te llama el Jefe de Gabinete y te aprieta”. Como si un telefonazo de Fernández fuera equiparable a una visita de la Triple A o del Batallón I de Inteligencia.
El apriete es, a menudo, más para los editores que para los periodistas.
Un medio puede perder, si no se subordina, la publicidad oficial. Pero éste es un método del cual Kirchner no tiene, ni de cerca, el copyright.
Otro recurso, según Neustadt, es más extorsivo: “Yo creo que hay miedo. Miedo de que la carpeta de la madre de los Saguier (La Nación), con su deuda impositiva, llegue arriba de un escritorio. O que la DGI se instale seis meses en una empresa, como ocurre con Pérez Companc”.
Una vez más: si alguien es culpable de un ilícito, no tiene derecho a la queja; pero si el gobierno inventa el ilícito, o usa uno verdadero, para domesticar medios (castigando a los rebeldes, apañando a los dóciles), estamos frente a una política indefendible.
El 8 de septiembre hubo otro indicio (aunque débil) de censura o autocensura. Jorge Lanata era el invitado de Almorzando con Mirtha Legrand, un programa que América promueve extensamente cada día. Ese viernes, Legrand dijo a Lanata, quien no consigue trabajo en ningún canal de televisión: “Jorge, quiero pedirte disculpas. La verdad, me sorprendí hoy cuando vi todos los diarios y no encontré la promoción del programa con vos como invitado. No sé que habrá pasado en el medio, y me sorprende, pero bueno, soy así, no me callo nada”.
Un editor con muchos años de experiencia, precisa: “Hasta ahora, Kirchner no ha innovado. Desde el manejo de la publicidad oficial hasta los aprietes, todo había sido practicado con anterioridad. Quizás los críticos vean en Kirchner una vocación autoritaria que no notaban en sus antecesores, y entonces han desarrollado un miedo nuevo: miedo a la propia negligencia. Temen que, si dejan pasar estas cosas, un día, cuando descubran que ya no hay más libertad de prensa, sea demasiado tarde”.

8. ¿Miedo a los militares?

En esta época, ningún gobernante latinoamericano teme a las fuerzas armadas. Todopoderosos en el pasado, hoy los militares tienen la pólvora mojada.
Sin embargo, Kirchner se preocupó cuando militares retirados y en actividad realizaron el 24 de mayo un acto en Plaza San Martín. Los oficiales rindieron allí, ante 6.000 personas, homenaje a las víctimas de la subversión. Criticaron también “la memoria hemipléjica” que, sobre este tema, han tenido “todos los gobiernos” desde 1983.   
Entre los participantes del acto figuraba María Cecilia Pando, cuyas opiniones políticas ya habían hecho que su esposo, el mayor del Ejército Pedro Mercado, fuera sancionado por la autoridad castrense.
Luego de la demostración de Plaza San Martín, la Ministra de Defensa, Nilda Garré, aplicó sanciones a seis oficiales.
Por su parte, el Presidente Kirchner aprovechó el Día del Ejército para sermonear a los altos mandos: “Han ocurrido hechos que no ayudan a la construcción del prestigio (del Ejército). Me refiero a la participación de integrantes de estas fuerzas en un acto público en el que no sólo se ha agredido a periodistas, sino que se ha incurrido en conductas, acciones y palabras a las que no sería temerario calificar de rayanas con la apología del delito, al reivindicar el terrorismo de Estado, tal como ha ocurrido el pasado 24 de mayo en la Plaza San Martín. Quiero que quede claro que como Presidente no tengo miedo. No les tengo miedo”.
Es difícil entender por qué Kirchner podría temer a estas fuerzas armadas. Más bien, su mensaje debería interpretarse del siguiente modo: “Son ustedes los que deben tener miedo. Miedo a mí”.

9. Miedo a la delincuencia

“Sabemos que no podemos dejarle las calles al delito, pero uno ve cómo, después de las cinco o seis de la tarde, se suspenden reuniones por miedo a moverse a partir de esa hora”. Esto lo dice Juan Carr, de Red Solidaria.
El miedo es desestabilizador porque, como sostiene Silvia Di Biasi, de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, altera la percepción y hace que comiencen a verse señales de peligro aun allí donde no las hay”.
Eso lleva a la inmovilidad, y distancia a cada individuo de sus semejantes.
Según Carr, eso es lo que buscan quienes “usufructúan” la inseguridad. Su teoría –no del todo verosímil– es que algunos sectores provocan el pánico. “Es cierto que cada 6 horas hay un crimen con armas en la Argentina, que cada 36 horas matan a una mujer, en la mitad de los casos por violencia familiar, y que cada 9 días matan a una persona mayor de 65 años. Pero cada una de esas situaciones y tragedias son multiplicadas por una serie de informaciones y rumores que generan quienes quieren fragmentar más a la sociedad”.
Con ese récord, el miedo se genera solo.
Las estadísticas internacionales dicen que las 10 grandes ciudades más seguras del mundo son Vancouver, Zurich, Viena, Berna, Sidney, Ginebra, Auckland, Copenhague, Helsinki y Amsterdam.
En ese ranking, Miami ocupa el puesto 63… y Buenos Aires el 73.
Cierto, Santiago de Chile está peor (86) y ni que hablar San Pablo (108).
Sin embargo, la inseguridad no es mera “sensación térmica”, ni obedece al maquiavélico designio de una minoría que conspira contra la cohesión social, fomentando la desconfianza sistemática y el egoísmo.
Los medios de comunicación “agigantarán el lobo” –para decirlo con el proverbio alemán– llevando los asesinatos, los robos y las violaciones, “en vivo y en directo”, a cada caso. La convivencia virtual con armas, malhechores y víctimas generará un miedo desproporcionado. Pero eso no significa que falten datos objetivos para justificar el temor.

10. Todos los miedos el miedo

Ni funcionarios ni legisladores pueden desentenderse del tema.
La Argentina es, hoy, un país dominado por los miedos.
De nada sirve decir que “miedos eran los de antes”, cuando había guerrillas que secuestraban y una dictadura que hacía desaparecer personas.
El temor generalizado es disfuncional.
No se puede avanzar cuando tiene miedo el supermercadista que traslada mayores costos a precio. O el que pagó impuestos e igual es intimado. O el que debe enfrentarse a piqueteros oficiales. O el que invierte y vive la amenaza de la expropiación. O el que no puede hacer nada porque todo afecta el ambiente. O el que no puede expresar sus opiniones en público. O el que debe ahorrarse sus críticas para que no lo escrachen. O el que sale a la calle mirando para todos los costados.
El miedo puede ser útil para crear una ilusión de autoridad.
La autoridad real se asienta sobre la confianza, no sobre el temor. M