Por Daniel Alciro
Esto vale, también, para la década del 90 en la Argentina. Se puede coincidir en que el saldo fue desfavorable; pero no se puede ignorar que dejó, también, elementos positivos.
El siguiente es un balance imparcial, como debería serlo todo balance:
Privatizaciones: luces y sombras
¿Que hubo privatizaciones innecesarias y hasta contraproducentes? Sin duda.
La de YPF es un ejemplo. El Estado nacional (o las provincias, conforme la Constitución de 1994) podían retener la propiedad de los yacimientos, y asociarse con privados –u otorgar concesiones– para explorar y explotar. Así consiguió la Argentina el autoabastecimiento a fines de los 50 (gobierno de Arturo Frondizi) y así volvió a conseguirlo en los 80 (gobierno de Raúl Alfonsín). La venta de la riqueza subterránea, a un precio irrisorio, fue uno de los mayores daños hechos a la economía argentina.
¿Que hubo privatizaciones que implicaron un retraso? ¿Qué duda cabe? El caso típico es el de los ferrocarriles. Se destrozó la red, se dejó a numerosos sitios fuera del mapa ferroviario y, en el Conurbano Bonaerense, la promesa de mejor servicio terminó en decepción. Los ferrocarriles privados reciben un subsidio comparable al déficit que ocasionaban los estatales, y ofrecen una calidad casi tan baja como la de aquellos.
¿Que las privatizaciones fueron motivo de actos de corrupción? Es innegable. Muchos funcionarios y empresarios, que nunca se vieron privados de la libertad, debieron haber terminado en la cárcel.
Dicho esto, hay cosas que no pueden negarse:
1- Con todos los vicios que tuvieron las privatizaciones de los 90, si no fuera por ellas el Estado no habría superado nunca su déficit. Ni la devaluación de 2002, ni el precio actual de la soja, le habrían permitido alcanzar el superávit que ha gozado el gobierno de Néstor Kirchner.
2- Si el éxito se mide por la inversión recibida y la mejora experimentada por el servicio, hay privatizaciones que fueron exitosas. El caso típico es el de la telefonía: hoy la Argentina tiene un sistema de comunicaciones a la altura de los mejores del mundo.
Convertibilidad y tipo de cambio fijo
¿Que el mantenimiento de la convertibilidad llevó, en la segunda mitad de la década, a la recesión, al mega-desempleo y a una deuda impagable? Esto no podrían discutirlo ni los padres del “modelo”. La Argentina vivió, entre 1998 y 2002, en estado de recesión continuada. El desempleo afectó entonces a un cuarto de la población económicamente activa. Para mantener la falsa paridad, el país se endeudó hasta lo imposible.
Esto obedeció, más que a la convertibilidad, al tipo de cambio fijo. Se pudo haber mantenido el peso convertible, pero sujetar su valor a un régimen de micro-devaluaciones periódicas (crawling peg) para evitar la pérdida de competitividad.
Los desastres causados por el 1 a 1 a partir de 1997, no obstante, no pueden borrar de la memoria el efecto positivo que tuvo en su primera etapa. Permitió que la Argentina saliera de la hiperinflación: una de las enfermedades económicas más graves que un país puede sufrir.
Destrucción del aparato productivo
¿Que durante la década quebraron o emigraron industrias en cantidades alarmantes? ¿Que a la Argentina le era difícil competir en los mercados internacionales? ¿Que los productos importados inundaban el mercado interno? ¿Que el negocio era importar? ¿Que las finanzas resultaban más rentables que la producción?
Esto sólo podría negarlo alguien que no hubiera vivido en el país la década pasada. Fábricas cerradas, industrias que se mudaban a Brasil, pérdida de mercados externos, competencia desleal en la plaza local y la dictadura de la “patria financiera” fueron, a no dudarlo, las características de ese período.
Sin embargo, hay hechos que no deberían quedar fuera del balance. En 1996 se autorizó la semilla RR, que permitió el desarrollo de la soja transgénica. De no haber sido por aquella decisión, la Argentina no se habría convertido en una potencia sojera y no habría estado en condiciones de aprovechar la irrupción de China, como gran comprador, en el mercado internacional. El país tuvo una oferta importante de soja, justo en el momento que la demanda mundial crecía y, con ella, trepaban los precios. Esto favoreció a un sector de la producción cuyo desarrollo nadie imaginó, y que ha sido preponderante en las altas tasas de crecimiento que el país logró en los últimos años.
Libertades y derechos humanos
¿Que los indultos a los miembros de las juntas y los jefes guerrilleros fueron un retroceso? Pocos se atreven a dudarlo. La impunidad no pacifica sino que mantiene vivas las disputas del pasado.
En otros campos, los 90 no fueron tan negativos:
1- La libertad de expresión fue mayor que la actual. Los medios no tenían temor a que, a través de recursos indirectos, se los sancionara por sus críticas al Gobierno.
2- La abolición del servicio militar obligatorio contribuyó a profesionalizar las fuerzas armadas, y a quitarles el poder político que tenían cuando controlaban grandes contingentes de ciudadanos, sometidos por ley a la disciplina militar. En el pasado, el servicio militar obligatorio facilitó los golpes de Estado y, en 1982, la aventurera guerra de Malvinas.
Política internacional
¿Que las “relaciones carnales” implicaban una desdorosa pérdida de personalidad internacional? ¿Que la sobreactuación argentina pudo influir en la decisión de quienes atentaron contra la AMIA y la Embajada de Israel? ¿Que el envío de ositos a los kelpers contradijo la tradicional política argentina, que siempre negó personería a los isleños?
Todo eso es cierto. Como lo es que el Presidente argentino inauguró junto con Bill Clinton una sesión conjunta del Banco Mundial y el FMI. O que los cascos blancos cumplieron, en nombre de la Argentina, funciones humanitarias en distintos escenarios.
Por otra parte, la política de las “relaciones carnales” –una boutade de Guido di Tella, más que una realidad– no impidió que la Argentina consolidara la relación con el Mercosur, hoy debilitada por las vacilaciones de nuestro Gobierno.
A la luz de la memoria
Lo que está escrito
Denostar todo lo ocurrido durante la década pasada –gobernantes, políticas, decisiones– se ha convertido en una moda abrazada con entusiasmo por muchos de los que entonces aplaudían o guardaban prudente silencio. Tan exagerado es el desequilibrio que Mercado ha creído necesario hacer un balance imparcial de esa década.
Tiene autoridad moral para hacerlo. Durante toda la década pasada, esta publicación criticó diversos aspectos de la política oficial y advirtió sobre sus riesgos. Toda una década durante la cual nunca recibió un aviso de publicidad oficial (vale decir que tampoco en esta década).
En medio de la euforia antiestatista y desreguladora, asumió una postura de análisis crítico que resultó, a la larga, sobradamente justificada. El debate de ideas alrededor del papel del Estado, la convertibilidad, la globalización, las políticas sociales y otros temas esenciales para el futuro ha sido, en la Argentina, llamativamente escaso. Y en este déficit es preciso buscar, quizá, las raíces profundas de la crisis del 2001 y 2002. Por eso resulta particularmente revelador volver a leer o, incluso, abordar por primera vez estos textos, publicados entre septiembre de 1991 y enero de 1996.
Y hay mucho más al respecto. Toda la colección de Mercado está a disposición para quien quiera consultarla.
Septiembre de 1991
La inversión social
El Estado industrial ha muerto. El Estado empresario quebró hace tiempo. Pero el Estado, ese aliado indispensable de la empresa privada para ayudar a penetrar mercados externos y derribar barreras, debe ser revigorizado y modernizado.
Quienes pregonan el fin del Estado tienen tanta posibilidad de acierto como los profetas del fin de la historia. El Estado debe acentuar su papel como árbitro de intereses sociales en conflicto, debe cumplir la tarea que el libre mercado no está en condiciones de realizar, y debe propiciar equidad entre los miembros del cuerpo social.
Junio de 1993
Luego de la privatización
Luego de una década de experiencia en transferir empresas del sector público al privado, el debate más actual en la materia se centra en la regulación que debe practicar el Estado sobre los entes privatizados, su naturaleza y los problemas que se presentan.
El Estado abandona monopolios naturales como los de teléfonos, gas, electricidad, ferrocarriles, pero no puede quedar indiferente a que sea ahora una empresa privada quien ejerza el monopolio.
La falta de competencia se reemplaza con poder de regulación. Así se han creado los entes reguladores de las empresas privatizadas.
Sobre este particular problema se explaya Christopher Foster en un libro (Privatization, Public Ownership and the Regulation of Natural Monopoly, editado por Blackwell de Gran Bretaña) que resulta apasionante por dos razones: la primera, su convicción absoluta de que el Estado debe ejercer el poder regulatorio; y la segunda, de que todo poder –también el del regulador– tiene una innata tendencia a corromperse.
Advierte, además, sobre dos riesgos con respecto a lo que puede sucederle al regulador. O bien cae en las manos de la actividad y los intereses a los que debe regular, o bien sucumbe a la presión y a la visión de los políticos.
Mayo de 1994
El Estado débil
La ilusión era que el pleno juego del libre mercado, la modernización y la apertura económica brindarían, en todas las latitudes del planeta, la fórmula adecuada para el pleno imperio de la democracia y el crecimiento económico sostenido.
En lo que se solía llamar el mundo industrializado esa idea utópica se ha confrontado con una crisis generalizada de las instituciones políticas, una desconfianza creciente de la opinión pública en los partidos políticos, en la clase dirigente y en las propias instituciones del Estado. Hay un desempleo que no es pasajero, creciente violencia racial y religiosa, xenofobia y fractura social.
También en América latina tuvimos nuestra ilusión: era suficiente desmantelar las escleróticas estructuras del Estado industrial para que floreciera el potencial de libertad política y económica latente en nuestras sociedades. En esa cruzada modernizadora tan necesaria y postergada se perdieron los límites. La reformulación del Estado era vital para hacerlo más eficiente y menos abusivo, no para liquidarlo.
Septiembre de 1994
El modelo y la cuestión social
Cómo han cambiado los tiempos. Hace unos años una visita de funcionarios del Fondo Monetario Internacional, inevitablemente, traía problemas a cualquier Gobierno. Había que explicar que “la soberanía no se resentía” un ápice, y que “no se claudicaría ante las exigencias” de ningún organismo multilateral de crédito. Todo esto en un contexto de tensiones producidas por manifestaciones, paros y repudios.
Ahora, el actual titular del FMI, Michel Camdessus viene para dar una reprimenda leve, pero reprimenda al fin al Gobierno de Menem y al equipo económico de Cavallo: “No hay que olvidar la cuestión social”. La CGT, entusiasmada, lo recibe con todos los honores.
Es que tanto el FMI como el Banco Mundial, tradicionales impulsores de los planes de ajuste, están preocupados porque temen que en algunos casos los discípulos se hayan tornado “más papistas que el Papa”.
Febrero de 1995
Deflación y devaluación
La cantidad de análisis, argumentos y razones que hay ahora sobre lo que puede ocurrir a partir de la devaluación mexicana, y sobre qué fue lo que la originó, es realmente intoxicante.
Mercado no quiere sumarse a este festín de explicaciones a destiempo para salvar la ropa ni incurrir en el odioso “te lo dije…”. Los lectores habituales de esta revista tienen bien presente la posición editorial de Mercado en los últimos tres años sobre el abultado déficit comercial, el prolongado déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos, la fragilidad del sistema financiero y la necesidad de aumentar el volumen y el monto de las exportaciones.
Abril de 1995
Después de la tormenta
¿La economía de mercado tiene fallas? ¿O es que no alcanzamos, aún, una verdadera economía de mercado? Cuando hay libertad económica, los precios no los fija la burocracia. Son el resultado de la oferta y la demanda. Cuando, insatisfechos por ese resultado, los gobiernos quieren “corregir” los precios… sobreviene el desastre. Eso es lo que nos dice la ortodoxia. ¿No vale esto para el precio de las divisas? El valor del dólar, ¿no debería ser librado, también, al juego de oferta y demanda? El tipo de cambio fijo, ¿no es un resabio del intervencionismo? ¿Debe la burocracia regular y sostener el precio de los instrumentos internacionales de pago? Si lo hace, ¿no debe tener cierta sensibilidad para registrar tendencias del mercado, y un mínimo de flexibilidad para acompañar en vez de desafiar esas tendencias?
Octubre de 1995
Cavallo ratificó a Menem
El primer gobierno de Menem llegó al poder en 1989 en una situación de emergencia económica. Tras los desaciertos iniciales y el nuevo brote hiperinflacionario (con marcas mayores que durante el anterior), el Presidente y los militantes de su partido aceptaron un programa económico que no estaba en sus planes y donde el objetivo central era la estabilidad y no el crecimiento o la justicia social. Como la opinión pública clamaba por estabilidad, no hubo dificultades en adoptar el modelo.
Durante tres años, el desarrollo del programa fue exitoso. Bajó la inflación a niveles aceptados internacionalmente, las reformas estructurales, y muy especialmente el ingreso de capitales excedentes en el mundo, permitieron también reactivar la economía. La recaudación fiscal aumentó y fue posible expandir el gasto público sin comprometer el equilibrio fiscal.
Fue una feliz combinación: un programa estabilizador bien diseñado y una extraordinaria circunstancia exterior favorable. Así, hasta 1993, se recuperó el crédito, hubo bonanza y hasta aumento del empleo. Había problemas, pero la sociedad percibía que las ventajas eran mayores que los inconvenientes.
Desde la óptica del justicialismo y probablemente desde la del presidente Menem la tarea de Cavallo era el ajuste y no la expansión económica o la redistribución del ingreso. Esta percepción se hizo más dolorosa cuando comenzó a crecer el desempleo hasta convertirse en políticamente insoportable.
La gran expectativa era el segundo mandato de Menem. Debía significar un corte. Si el primero había sido el del ajuste, el segundo debía ser el de la justicia social, de pleno empleo, de crecimiento. Este era el panorama de la dirigencia peronista en mayo pasado, después de un sexenio en el cual habían tenido que sujetar sus aspiraciones.
Las circunstancias fueron crueles con esta ilusión. A principios de 1995 fue claro que se detenía el ritmo de ingreso de capitales extranjeros, y luego apareció la recesión, inesperada para la mayoría. El desempleo aumentó, las quiebras comerciales se multiplicaron, y hasta la propia estabilidad se puso por un momento en duda.
Domingo Cavallo
Enero de 1996
Cinco años de Cavallo
Durante el primer semestre de 1995, la Argentina pareció ser, a los ojos de los inversores nacionales e internacionales, el siguiente candidato a la devaluación y al colapso de la banca. El dinero se fugó del sistema financiero, se cortó el crédito y se profundizaron la recesión y el desempleo. ¿Había terminado el milagro argentino?
Ahora que la Convertibilidad cumple cinco años, no hay una respuesta definitiva a esa pregunta. El Gobierno manejó con pericia y sin ideologismo la crisis financiera. Las circunstancias internacionales (tasas de interés, precios de los productos exportados por la Argentina, demanda brasileña) salvaron temporariamente la brecha de competitividad de la economía y ayudaron a evitar una ruptura de las reglas de juego.
Pero no será así para siempre. La fragilidad fiscal, financiera y externa de la Argentina continúan y excluido un nuevo boom de consumo como el de 1991-1993 sólo un incremento sostenido de la productividad podrá salvar al país de los dos demonios: la devaluación caótica o la deflación masiva. Por ahora, sólo es posible afirmar que un conjunto de factores le han dado al régimen nacido en 1991 una nueva oportunidad. Habrá que ver cómo la aprovecha. M
