Por Javier Rodríguez Petersen
Sergio Massa
Aunque menor a la revolución que implicó la apertura del sistema previsional al sector privado en los años 90, la ley 26.222, que impulsó el gobierno de Néstor Kirchner, también transforma profundamente el sector. Por un lado, vuelve a colocar al Estado como un actor central del sistema. Por otro, impacta en el número de afiliados de las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP) y en los fondos que éstas manejan. Simultáneamente, abre a los trabajadores la posibilidad, y la disyuntiva, de elegir a quién confiarle sus aportes. Y, también, incrementa los ingresos de la administración pública y su pasivo futuro.
Más allá del sesgo estatista que se pueda atribuir al kirchnerismo, para Marina Dal Poggetto, socia del Estudio Bein, la reforma le sirvió al Gobierno “como una forma de financiar la ampliación de la cobertura del sistema de seguridad social, que incorporó 1,4 millones de jubilados entre fines del año pasado y mayo de este año” a través de moratorias previsionales. “La reforma anterior y la alta informalidad del mercado laboral habían creado una caída muy fuerte en la cobertura previsional. La reforma incorporó a la gente que había quedado afuera del sistema, y lo financia con el flujo de aportantes que pasan a reparto y con el traspaso (de parte) de los fondos acumulados”, añade.
Desde un lugar conciliador, el secretario ejecutivo de la Unión de AFJP (UAFJP), Sebastián Palla, destaca “la libertad de opción del afiliado” como “la principal bondad” de la reforma. Se refiere a la posibilidad que abre la ley para que, hasta fin de año y nuevamente cada cinco años, los aportantes a cada uno de los sistemas puedan optar por pasarse al otro, posibilidad que no existía hasta la reforma. Esa opción no incluyó a los trabajadores de regímenes especiales (docentes, investigadores, funcionarios del Poder Judicial), que pasaron automáticamente a reparto. Lo mismo ocurrió con aquellos a los que les faltaban menos de 10 años para jubilarse (hombre mayores de 55 y mujeres mayores de 50) que estaban en el sistema de capitalización, no acumulaban en sus fondos más de $ 20.000 y no manifestaron su voluntad de permanecer en el régimen privado.
Recursos
Los fondos acumulados en las cuentas de capitalización por esos dos grupos (los de regímenes especiales y los mayores de 50/ 55 años con menos de $20.000) fueron los que se traspasaron a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES). Los de quienes elijan voluntariamente pasarse al sistema de reparto, en cambio, seguirán siendo administrados por las AFJP.
La primera implicancia de este movimiento es que aumentan las maneras para calcular los futuros haberes. Los trabajadores que permanecen en el sistema de reparto y aquellos cuyos fondos fueron transferidos a la ANSES cobrarán la jubilación del sistema de reparto, ya sea la que establecen los regímenes especiales o la que resulte de multiplicar 1,5% del sueldo promedio de los últimos 10 años trabajados por los años aportados.
Los que permanecen en el sistema privado, cobrarán la Prestación Básica Universal (PBU) correspondiente a la parte que aportan al Estado más la renta por la capitalización de sus fondos. Y los que se pasen al sistema de reparto pero con fondos que seguirán administrados por el sistema de capitalización, terminarán con un mix de ambos sistemas.
La gestión de los activos implica un gasto que el sistema de capitalización cubre con la comisión que cobra por el flujo (y no por el stock). Por eso, se generan simultáneamente dos interrogantes vinculados con la administración de los fondos, tanto de los traspasados como de los que permanecen en las AFJP pero de trabajadores que dejarán de aportar al sistema de capitalización. Por un lado, según Dal Poggetto, es probable que la ANSES deba tener que pagar algún “fee” por la administración de los fondos. Por otro, las AFJP se quedarán con un stock que administrarán sin nuevos ingresos vinculados.
Afiliados
Los traspasos compulsivos hicieron que, por primera vez desde que comenzó el sistema en 1994, disminuyera el número de afiliados del régimen de capitalización. A fin de julio, según el informe de septiembre de la Superintendencia de AFJP (SAFJP), el conjunto de las administradoras tenía 10,9 millones de afiliados, de los cuales 4,4 millones eran aportantes, lo que implicó una reducción de 0,8 y 0,4%, respectivamente, en lo que iba del año.
La caída hubiese sido mayor si no fuera porque, todavía, los “indecisos”, aquellos que no eligen uno u otro sistema al incorporarse al mercado laboral, se siguen repartiendo entre las administradoras de menor comisión. Eso permitió compensar gran parte de los 175.147 trabajadores de regímenes especiales y los 802.000 mayores de 50/55 años que pasaron en los primeros siete meses al Estado. Pero el flujo de “indecisos”, que representa más de 80% de las incorporaciones al sistema privado, pasará, por ley, a la ANSES.
Al 31 de julio, los fondos acumulados en el sistema de capitalización eran de $91.000 millones, 5,5% menores que los de junio, en particular por la transferencia a la ANSES de las cuentas de los mayores. En total, este año ingresaron a la ANSES más de $7.000 millones por los fondos transferidos. Los primeros $2.828 millones fueron de los regímenes especiales y el resto fue por los traspasos de hombres de más de 55 y mujeres de más de 50 años.
En estas cuentas todavía no están incluidos los traspasos voluntarios, que recién se harán efectivos el año próximo y que no tendrán impacto en los fondos acumulados, que seguirán administrados por las AFJP aunque los trabajadores dejen de aportar a ese sistema y lo hagan al de reparto (por eso ya se acabaron las grandes transferencias). Hasta septiembre, unas 800.000 personas habían descargado los formularios para pasarse al régimen estatal, pero recién en enero se sabrá cuántos harán efectiva esa opción.
Por el momento, desde la UAFJP evitan trazar un perfil de quienes lo harán. “La información que circula es parcial y no nos permite hacer esa valoración todavía. Seguramente la podremos hacer cuando los traspasos se efectivicen en enero de 2008”, se excusa Palla. De todos modos, el titular de la Unión vaticina que “el sistema de capitalización no va a sufrir importantes modificaciones” y destaca: “La rentabilidad promedio supera en casi 10% la inflación y el sistema cuenta ya con casi 350.000 beneficiarios que evidencian un buen funcionamiento”.
Contabilidad
El traspaso de más de $7.000 millones a la ANSES impulsó al menos dos cuestionamientos. El primero, vinculado a cómo serán gerenciados esos fondos para evitar, por ejemplo, que terminen sirviendo para financiar al Estado a tasas subvencionadas. El segundo, porque fueron contabilizados como ingresos del sector público nacional y sumados al superávit fiscal. “Equivalen a 1% del producto de este año, por lo que habría restarlos para saber cuál es el superávit puro del año. (El Gobierno) está mostrando un superávit de 3,3% que, en realidad es de 2,3%, frente a 3,5% del año pasado”, señala la economista del estudio Bein.
Una crítica que varios economistas le hacen en este punto al Gobierno es que no se está considerando el pasivo futuro. “La reforma de los 90 implicó al Estado perder recursos y quedarse con el gasto, con lo que el déficit de la ANSES se incrementó notablemente (y se financió con coparticipación e impuestos de asignación específica). Hubo un costo enorme de la reforma que implicó que el Estado se hiciera cargo de pasivos para que, en la medida en que se avanzara, minimizara ese gasto: vendía un pasivo a futuro. Ahora se está recomprando ese pasivo a futuro”, explica Dal Poggetto.
“Ni el sistema de reparto ni el de capitalización son una panacea –agrega–. En ambos se aumenta el ahorro, en uno para consumirlo a futuro y en el otro para gastarlo ahora. En parte es una discusión ideológica. El problema es el de la alta informalidad de la economía. Mi impresión es que esto es consistente o no dependiendo de la macro: con una macro consistente puede funcionar. Pero con un choque, puede haber problemas”.
