Por Néstor Sergiotto
Hay otro debate posible en torno a este peculiar impuesto a la exportación (si es que se acepta que esa es su naturaleza). Puede –como creen los dirigentes del campo y buena parte de la opinión pública– que lo ocurrido sea simple manifestación de codicia recaudadora del Estado nacional.
Si se analizan las consecuencias sobre el modelo económico actual de un precio creciente de la soja (y de otros commodities también) y su incidencia sobre el nivel de inflación y el tipo de cambio real, surge un escenario diferente.
Si bien los anuncios del ex ministro Martín Lousteau (del 11 de marzo) constituyeron un impuestazo, las medidas no necesariamente respondieron a una necesidad estrictamente fiscal. Cuando se anunciaron, la soja había tocado US$ 575 por tonelada (el doble que la media de 2007) y eso suponía ingresos muy superiores por retenciones, además de mayor recaudación de IVA y Ganancias por la mayor actividad interna que derivaría del ingreso extraordinario de exportaciones.
Lo que encendió luces de alarma en Economía fue el último dato consignado, es decir, el ingreso extraordinario por exportaciones. Con la soja a US$ 600 (y el resto de los commodities avanzando en paralelo), el superávit de la balanza comercial podría saltar de los US$ 11.150 millones registrados en 2007 a más de US$ 35.000/40.000 millones en 2008 (sólo el complejo sojero aportaría US$ 15.000 millones extras).
Es obvio que el crecimiento de las exportaciones es un dato muy bueno para un país agroexportador, pero implica un desafío macroeconómico muy complicado para mantener el actual modelo de tipo de cambio sostenido, ya que la única forma de “digerir” los excedentes de la balanza de pagos (muy determinada por la balanza comercial) sin alterar la paridad cambiaria es expandir la base monetaria (se emite moneda porque si cada vez que un exportador liquida exportaciones sale a comprar pesos en la plaza, se revaluaría la moneda y, por ende, caería el dólar). Si bien buena parte del superávit comercial se neutraliza con las retenciones, emisiones de letras y ahorro fiscal, por cada US$ 100 que ingresan como saldo comercial, la mitad termina en la expansión monetaria. En 2007, el superávit fue de US$ 11.150 millones ($35.000 millones) y la M2 creció $18.900 millones.
Más moneda, más inflación
Qué pasaría si en vez de US$ 11.150 millones de superávit saltamos a US$ 40.000 millones (escenario de soja a US$ 600 y resto de los commodities avanzando en paralelo). Con retenciones a 35% y colocaciones de letras que difícilmente crecerían en forma proporcional, la expansión monetaria sería de al menos $60.000 millones. Es decir, en menos de un año tendríamos una expansión monetaria de 50/60%. Y si la soja saltara a US$ 800, para mantener el 3 a 1 directamente habría que imprimir un billete nuevo por cada peso en circulación.
Obviamente, la economía real no podría seguir el ritmo de expansión del circulante, por lo que el exceso de dinero inexorablemente derivaría en mayor inflación.
Un detalle no menor es que este escenario también es muy complicado en un modelo de flotación cambiaria. En un contexto con precios de los commodities más razonables (o en un país no tan agrícola), el desborde del superávit comercial se corrige rápidamente con una leve apreciación de la moneda local (en 2007, China revaluó 11% el yuan y el ritmo de crecimiento de las exportaciones bajó en un año a la mitad, al tiempo que se aceleraron las importaciones).
Pero en un país como la Argentina, como el flujo de exportaciones agroalimentarias se mantendría inalterable (la cosecha ya está, es ocho veces más de lo que podemos comer y los precios se fijan en Chicago), el dólar flotante bajaría a precios irrisorios antes de encontrar un punto de equilibrio (pulverizando en ese camino descendente a buena parte del aparato productivo no agroexportador).
Si no se tomaran medidas de restricción a esa eventual lluvia extraordinaria de divisas, no sólo el 3 a 1 sería insostenible, sino que el tipo de cambio pasaría de un nivel competitivo a un nivel extremadamente bajo. El agro seguiría exportando (aun a pérdida), mientras que otros sectores atados a precios menos inflados internacionalmente frenarían sus planes exportadores o sufrirían una durísima competencia de las importaciones cada vez más baratas. En fin, nada que no hayamos visto en épocas recientes.
La soja marca la agenda
Aunque no es el único producto de exportación, la soja juega un rol central en cualquier evaluación macroeconómica, tanto en el plano de la recaudación fiscal como en las proyecciones de superávit comercial.
Si la soja cayera a los niveles de 2007 (US$ 280), el modelo se enfrentaría a un escenario con características similares al año pasado en el plano interno, pero con una situación financiera internacional muy diferente, que supone dificultades de refinanciación de deuda. Además, varios componentes de la recaudación se retrotraerían a los niveles de 2007 (por ejemplo, las retenciones), por lo que el problema del sucesor de Lousteau sería que ahora aumentó el gasto público.
Si se mantiene en US$ 420/430, la situación podría ser manejable. Incluso el conflicto con el campo se mitigaría, ya que, con la soja a ese nivel, los poco aplicables reintegros a pequeños productores se reducen a valores de escasa significación ($30/50 por tonelada).
Pero si la soja retoma la senda ascendente, ahí volvemos al escenario de comienzos de marzo que tanto preocupó a Lousteau. Con la soja a más de US$ 500, el desborde del superávit comercial empieza a tornarse insostenible. Y a partir de los US$ 600 se transforma en una cuestión de vida o muerte para el mantenimiento del modelo. De darse ese caso, la clave es que no se vuelquen masivamente al mercado local los excedentes extraordinarios del superávit comercial.
Tras los anuncios del entonces ministro Lousteau, la soja cayó a US$ 425, pero luego recuperó en Chicago hasta llegar a US$ 510 la tonelada. Y las oscilaciones continuarán, por lo que cualquiera de los tres escenarios es factible. De allí que el nuevo ministro de Economía deba estar preparado para:
1) ver cómo se le evapora el superávit si los granos se desploman (y con ellos los ingresos por retenciones).
2) Pilotear una situación tensa, pero manejable (si los granos se mantienen en los niveles de hoy).
3) Ver cómo le pone el pecho a la confiscación o cómo encuentra una salida consensuada (si la soja vuelve a US$ 500/600).
Fondos anticíclicos
En países atados al desborde de los commodities se están conformando fondos anticíclicos, hacia donde se destinan las ganancias extraordinarias. En general, se los concibe como una suerte de “colchón” para acumular reservas y estar cubiertos para cuando se revierta la fase de bonanza actual. Pero más allá de esa suerte de seguro anti-crisis, los fondos anticíclicos también actúan positivamente en la coyuntura neutralizando los desbordes actuales, especialmente en lo que hace a su impacto en la inflación (vía expansión monetaria).
Chile conformó un fondo de US$ 15.000 millones con los excedentes extraordinarios de sus exportaciones de cobre. México “captó” US$ 150.000 millones de las ganancias extraordinarias de la petrolera Pemex. Obvio que la situación es más simple en casos como éstos, donde una empresa estatal concentra los excedentes. En el campo argentino, sea por confiscación o por ahorro compulsivo, necesariamente el congelamiento de excedentes involucra el bolsillo de miles de productores.
Desensillar hasta que aclare
Las demoras del gobierno en retomar el diálogo con el campo preocuparon a la dirigencia rural (hasta el llamado de Cristina Kirchner se interpretaba como una muestra más del manejo particularmente irritante de la actual gestión). No obstante, esta impasse también permitía ganar tiempo para ver en qué nivel se va a ubicar la soja al momento de cerrar un acuerdo. Si está a menos de US$ 400, lo que hay que discutir no son los reintegros, sino cómo se bajan las alícuotas de 35% previas al 11 de marzo. Si está en torno a US$ 400/ 420, el tema de los reintegros se torna poco significativo, ya que la alícuota móvil se ubicaría en 35/37%. Si está a US$ 500, la discusión involucraría más de $150 por tonelada y eso sí se pone complicado de ejecutar (máxime en un mercado que un porcentaje importante se negocia en negro y se “blanquea” a nombre de terceros, que ni siquiera son pequeños productores, sino “presta nombres”). Por cierto, si vuelve a US$ 600, el escenario se retrotrae a comienzos de marzo y la duda pasaría por confiscar o establecer un ahorro compulsivo.
