Sector social |
Empleo y salarios
El mercado laboral perdió dinamismo
La evolución de los indicadores laborales durante 2008 no ha sido inmune a la desaceleración sufrida por la actividad económica durante el año, como consecuencia tanto de factores internos como de shocks externos. La tasa de desocupación se estancó en valores cercanos a 8,5%, y se estima que cerrará el año en 8,7%, por encima del valor del cuarto trimestre de 2007.
Este comportamiento también se refleja en la cantidad de población desocupada en los centros urbanos, que según datos del tercer trimestre de 2008 se habría mantenido en valores similares a los registrados en igual período del año anterior, lo cual implicaría cerca de 1,2 millones de desocupados urbanos.
Vale destacar que resulta llamativa la evolución de la tasa de actividad, la cual se redujo levemente entre el tercer trimestre de 2008 y el mismo del año 2007, al pasar de 46,3 a 45,9%, al tiempo que la tasa de empleo (ocupados sobre población total) se mantuvo inalterada, en el orden de 42%. Asimismo, al tercer trimestre de 2008 tampoco se había advertido un descenso en la tasa de subocupación –tanto demandante como no demandante– sino más bien un ligero incremento respecto al mismo período del año anterior, al pasar de 5,8 a 6,3 %.
La menor capacidad de la economía para crear nuevos puestos de trabajo durante 2008 también se advierte al observar el comportamiento de la elasticidad empleo-producto, la cual ha descendido a lo largo del año para ubicarse en 0,03 puntos en el tercer trimestre, indicando que el crecimiento de 6,5% del PIB en dicho trimestre no tuvo efectos en términos de la ocupación.
Dicho en otros términos: no se generaron nuevos puestos de trabajo en el tercer trimestre de 2008 respecto al mismo de 2007. El comportamiento decreciente de la elasticidad se explica por la evolución de la variación del empleo, la cual mostró tasas positivas aunque decrecientes en los sucesivos trimestres, en el marco de un PIB creciendo a un menor ritmo.
En cuanto a la generación de empleo formal, lamentablemente las estadísticas oficiales referidas a la cantidad de puestos de trabajo formales sólo llegan al primer trimestre de 2008, y dan cuenta de una reducción de 1% respecto del cuarto trimestre de 2007 y un incremento de 6% respecto del primer trimestre de 2007. Sin embargo, el enfriamiento de la economía podría haber afectado la generación de nuevos puestos, razón por la cual esta cifra debería tomarse como mera aproximación (holgada por cierto) de lo ocurrido durante el año.
De esta forma, se estima que el año 2008 habría finalizado con poco más de 6,7 millones de puestos formales, superando escasamente el valor de cierre del año 2007. Estos datos refuerzan la idea de desaceleración del empleo y la pérdida de fuerza de la economía para generar empleos en general y formales en particular. Tal como se aprecia en el gráfico, la tasa de crecimiento de los puestos formales ha venido disminuyendo año a año desde 2003 en adelante.
Por su parte, también se observó un menor ritmo en la dinámica laboral industrial, donde el índice de obreros ocupados (IOO) publicado por el Indec da cuenta de una desaceleración iniciada en el tercer trimestre de 2007 y que se prologa durante 2008, aunque siempre manteniendo tasas positivas de variación interanual.
Por su parte, el indicador de horas trabajadas en la industria mantuvo en los nueves primeros meses del año un comportamiento similar al observado en igual período del año 2007, con lo cual parecería que la relativa menor dinámica del empleo no tuvo su ajuste por incremento de horas trabajadas sino que por el contrario, las horas trabajadas en la industria podrían haberse reducido en el último trimestre del año.
A esta altura, vale destacar que en los últimos dos meses de 2008 se desencadenaron ajustes en el mercado de trabajo producto de un estancamiento de la demanda laboral, el cual derivó en un aumento de los despidos y las suspensiones, a la vez que numerosas empresas adelantaron las vacaciones del personal y disminuyeron las horas extras.
De acuerdo a los indicadores de conflictividad laboral que elabora la consultora Tendencias Económicas, durante 2008 se observa un fuerte crecimiento en el número de despidos y suspensiones respecto a los valores registrados en el año 2007. De esta forma, la conflictividad incrementó la cantidad de huelgas realizadas por diversos sectores de la economía, en respuesta a la mayor vulnerabilidad de los trabajadores ante shocks de este tipo.
Subas salariales
La puja salarial disputada en la primera mitad del año 2008 tuvo como resultado incrementos en diversos sectores y ramas productivas, los cuales alcanzaron en promedio subas de 21%, si bien con diferenciales de magnitud de acuerdo a la performance del sector y el convenio colectivo correspondiente. Los trabajadores formales percibieron una suba promedio de 18% respecto al valor final de 2007 y los empleados públicos un incremento de 20% interanual. Por su parte, se observó una mejora más pronunciada en las remuneraciones de los trabajadores del segmento informal –de 38% anual, aunque vale destacar que dichos aumentos parten de salarios muy inferiores a los que reciben sus pares que sí se encuentran registrados en la seguridad social.
La agudización de la presiones por una mejora en los ingresos de los trabajadores llevó a que, hacia mediados de año, se acordara una suba del salario mínimo vital y móvil (SMVM), la cual se instrumentó en dos etapas: un primer aumento de 22% (pasando de $980 a $1.200) en el mes de julio y un segundo incremento de 3% (alcanzando $1.240) en el mes de diciembre. Sin embargo, se estima que el aumento ha tenido bajo impacto sobre el esquema de remuneraciones debido a que gran parte de los trabajadores alcanzados por convenios colectivos ya se encontraba percibiendo un salario conformado superior al mínimo. Sumado a que los asalariados informales encuentran dificultades para lograr que sus empleadores respeten el mínimo establecido.
Más allá de su incidencia en términos de escala salarial, resulta interesante analizar el impacto en términos de indicadores de pobreza. De esta forma, si se compararan los valores del SMVM y los de la canasta de pobreza publicada por el Indec para una familia tipo de dos adultos y dos niños menores, la cobertura del salario mínimo es de 100%.
Sin embargo, los valores de dicha canasta se encuentran afectados por efecto de la subestimación de incrementos de precios por parte del IPC. Entonces, si se ajusta la canasta según la evolución de los IPC provinciales se obtiene un valor para una familia tipo de $1.365, el cual se encuentra por encima del salario mínimo de $1.240. El resultado es que los trabajadores formales y bajo convenio logran cubrir las necesidades básicas de su familia, mientras que aquellos que tienen una inserción laboral informal no logran hacerlo.
Perspectivas 2009
El año que comienza planteará numerosos desafíos en términos de política laboral. Factores internos y externos derivados de la crisis internacional han erosionado la capacidad de la economía de mantener el ritmo de creación de empleo observado en años anteriores. El escenario de menor crecimiento del producto y menores exportaciones probablemente derive en una reducción de salarios y un leve incremento de la desocupación, que se ubicaría en torno a 9,5%.
A estas dificultades, se suman las propias y estructurales del mercado laboral argentino, tales como la segmentación y elevada informalidad.
En medio de un año electoral, la política se centrará en tratar de paliar los efectos a corto plazo de la crisis, pero difícilmente logre configurar una estrategia que permita recuperar el sendero de crecimiento sostenible del empleo, con inclusión de los trabajadores desprotegidos e incrementos en la calidad de los puestos generados.
Implicancias sociales
2008 fue el año de las crisis internacionales. En la primera mitad del año fue la “crisis de los commodities”, que implicó el aumento del precio de los productos alimentarios y del petróleo a escala mundial. Así, entre mayo de 2008 e igual mes de 2006 los precios internacionales de los alimentos llegaron a duplicarse en términos nominales. Los efectos de la crisis para la Argentina fueron dispares, pues aun siendo un exportador neto de alimentos, lo cierto es que el precio interno de los mismos creció notablemente, sumado al impacto interno de importar combustible más caro.
Los efectos de la crisis se trasmiten a los pobres mediante diversos canales. Por un lado, los mayores precios de los alimentos afectan directamente el presupuesto de consumo de las familias reduciendo el ingreso real, ya que la población pobre es la más afectada por las subas pues el gasto en alimentos representa una alta proporción de su ingreso. Por otro lado, el aumento en los precios de los combustibles y la energía supone mayores costos de producción de bienes y servicios (entre estos principalmente el transporte público de pasajeros, el cual afecta particularmente a las personas de ingresos medios bajos) y en el costo de la energía en el hogar (por ejemplo, el valor de la garrafa de gas, usada en los hogares pobres).
Promediando el año, la economía mundial sufrió otro traspié, producto de una crisis financiera de gran magnitud. Esta crisis llegó justo cuando la mayoría de los países todavía estaban luchando contra los efectos de la crisis de los commodities. La crisis golpeará a los grupos vulnerables a través del canal del mercado laboral, con menores ingresos salariales, recortes de personal y ampliación de la contratación informal.
La consecuencia es que los pobres se han vuelto más pobres –es decir, se ha incrementado la brecha de pobreza– al tiempo que se incrementó el riesgo de caer en situación de pobreza. Dicho en otros términos: la pobreza en la Argentina posiblemente se encuentre más cerca de 30% que del 18% estimado por las estadísticas oficiales. Esto deriva en un incremento de la vulnerabilidad social, acompañado por un mayor riesgo de desnutrición y malnutrición infantil.
Este marco obligará a profundizar en el año que se inicia las medidas de política social que generen redes de contención para la población vulnerable y que permitan a las familias a contrarrestar los efectos de la crisis, particularmente en términos de salud y educación de los miembros del hogar.
Crecimiento con desarrollo social
Si no se formaliza a las pequeñas empresas, persistirán los problemas
Si en una economía que crece a una tasa de 8% anual durante seis años las pequeñas empresas no pudieron formalizarse, entonces, la conclusión es que es poco plausible esperar que sólo con crecimiento económico se pueda disminuir la informalidad. Posiblemente, ésta es la principal enseñanza que deja el largo período de bonanza económica que vivió la Argentina entre 2003 y 2008.
Por Jorge Colina (*)
Desafortunadamente, las estadísticas oficiales han sido tergiversadas así que no se puede saber con certezas cuántas son las personas que viven en la pobreza o cómo ha quedado la distribución del ingreso luego de los años buenos. Los últimos datos veraces se remontan al año 2006. En aquel año, la pobreza urbana era de 26,9% de la población y la distribución del ingreso, medida a través del coeficiente de Gini, estaba en el orden de 0,485.
La forma más simple de entender estos números es tener en cuenta que ambos indicadores tuvieron en 2006 un nivel similar al período 1996-1998, previo a la crisis de la convertibilidad. A partir de 2007 y en 2008, ya no hay más datos sociales confiables. El Indec afirma que en el 3º trimestre de 2008 la pobreza urbana sería de 17,8% de la población, pero el número no es creíble porque al subestimar la inflación de precios en la canasta básica con la que se mide la pobreza se está subestimando la medición de la pobreza, y con respecto a la distribución del ingreso, directamente, no se la mide más.
Las mediciones privadas afirman que la pobreza en 2008 no estaría por debajo de 30% y que no hay elementos objetivos que sugieran un mejoramiento en la distribución del ingreso. La atenuación del crecimiento de la actividad económica y el resurgimiento de la inflación son dos obstáculos complicados que atentan contra cualquier objetivo social. Lo que se puede afirmar es que la bonanza ha dejado buenos dividendos en términos de expansión de las oportunidades de negocios y del empleo, fundamentalmente del empleo formal, pero, no parece haber dejado iguales logros en términos sociales. ¿Qué puede haber pasado?
Empleo formal e informal
Los datos del Ministerio de Economía señalan que el país ha crecido desde el “piso” de 2002 hasta finales de 2008 a una tasa superior a 8% anual. Esto significa que el nivel de actividad económica es en 2008, 65% más grande que en 2002. El empleo total, por su parte, considerando toda forma de empleo (asalariado, cuentapropista, patrón o empleador, etc.) ha pasado desde 12 millones de personas a 14,8 millones, lo que significa un incremento de 2,8 millones de nuevos ocupados. Si se focaliza la atención en lo que fue el crecimiento sólo del empleo asalariado formal surge que subió desde 4,4 millones en 2002 a 6,8 millones en 2008, lo que significa un crecimiento en 2,4 millones de nuevos puestos asalariados formales. Aunque no son plenamente comparables, si el empleo total aumentó en 2,8 millones de personas y los puestos de trabajo asalariados formales aumentaron en 2,4 millones, parece que la mayor parte del incremento del empleo ha sido empleo formal. Efectivamente, ha sido así.
El impresionante crecimiento económico que tuvo la Argentina trajo aparejado un igualmente impresionante crecimiento del empleo formal. Sin embargo, aunque parezca paradójico, esto no se ha traducido en una reducción en la cantidad de empleos informales. La cantidad de personas empleadas en trabajos asalariados informales se mantuvo en todo momento por encima de los 4 millones de personas. Para entender el fenómeno, resulta muy útil observar el gráfico 1.
La serie comienza en 2004 porque son los datos disponibles y comparables respecto al empleo informal. Allí se puede observar cómo el empleo asalariado registrado crece a igual ritmo que el Producto Bruto Interno (PBI), mientras que el empleo asalariado no registrado se mantiene constante. Es muy importante tener en cuenta que en 2004 la tasa de no registración era de aproximadamente 46%, que disminuyó a 36% en 2008. Esto llevó a muchos a confundir disminución de la incidencia con disminución en la cantidad de empleo no registrado. La incidencia (la tasa) de no registración cayó, no porque haya menos cantidad de trabajadores no registrados, sino porque hay más registrados con igual cantidad de no registrados.
Además de que la cantidad de trabajadores no registrados no cayó, otro dato importante es que, según el Indec, aproximadamente 77% del empleo no registrado se concentra en empresas con menos de 10 trabajadores. Es decir, lo que comúnmente se conoce como “trabajo en negro” es un fenómeno persistente y propio de las pequeñas empresas.
Si la informalidad no se puede disminuir, ni aun con crecimiento, significa que los problemas sociales van a persistir incluso en las épocas de bonanza económica. Esto es así porque las pequeñas empresas son los lugares donde la gente pobre (o que están muy cerca de serlo) encuentran el refugio laboral.
En la informalidad, los empleos siempre van a ser precarios y mal pagos porque las pequeñas empresas tienen vedado el acceso a formar parte de las cadenas de producción de mayor productividad, a acceder al crédito, o a aprovechar las múltiples promociones que brinda el Estado para las pequeñas empresas. Con informalidad no hay acceso a buenos negocios, y sin buenos negocios los empleos van a ser de pobre calidad. En este sentido, la informalidad de las pequeñas empresas es la condena al subdesarrollo de la gran parte de la fuerza laboral que trabaja en ellas, que en general son jóvenes, mujeres y adultos hombres con bajos niveles educativos.
Legislación no pensada
El factor que induce a la informalidad en las pequeñas empresas es el hecho de que formalizar es muy costoso. Las regulaciones tributarias, laborales y de la seguridad social no están pensadas para que las pueda cumplir una empresa chica. Por ello, sólo terminan formalizando las empresas grandes y medianas.
Los aspectos más gruesos y visibles que prueban lo caro que es formalizar son, por ejemplo, en el tema impositivo la superposición de los tres niveles de gobierno (nación, provincias y municipios) pretendiendo todos cobrar impuestos similares a los mismos contribuyentes (IVA, Ingresos Brutos, tasas de comercio e industria, impuestos a los activos, tasas de inmuebles y vehículos, impuesto al cheque, etc.).
En el tema laboral, formalizar a un trabajador implica para las empresas chicas explicitar la relación con los consiguientes riesgos de judicialidad que ello conlleva y asumiendo sobrecostos importantes como es el oneroso sistema de indemnización por despido. En el tema de seguridad social, las cargas sociales (ANSES, PAMI, obras sociales, riesgos del trabajo), más las cargas que imponen los sindicatos desde la legislación convencional, hacen que por cada $1.000 de salario bolsillo que una pequeña empresa le paga a su trabajador tengan que abonar en concepto de impuestos al trabajo $600. Si la formalización para el pequeño empleador significa que tiene que afrontar un costo laboral de $1.600 para que el trabajador se lleve a su casa $1.000, los incentivos a favor de la informalidad son verdaderamente potentes.
No hay que dejar de lado que, en la Argentina, las cargas sociales no son percibidas como un beneficio dado que cuando se llega a la vejez los haberes jubilatorios son magros se hayan hecho aportes o no; cuando se necesita atención médica la más de las veces se termina en el hospital público o bien dándola o pagándola la persona de su propio bolsillo, o cuando se tiene una accidente de trabajo la exacerbada litigiosidad judicial cuestiona la validez de la cobertura que brinda el seguro de la ART.
Con estas reglas de juego, es improbable que las pequeñas empresas se vuelquen masivamente a la formalidad, aunque haya crecimiento económico. Es por esto que se necesita una reforma estructural en la legislación para las pequeñas empresas. Es imprescindible pensar en un régimen especial para pequeñas empresas.
En este régimen, todos los tributos nacionales, provinciales, municipales y las cargas sociales a la seguridad social deberían estar unificados en un solo impuesto y el régimen de despido debería ser similar al que tiene el sector de la construcción que no es un esquema indemnizatorio basado en la antigüedad sino un fondo acumulativo propiedad del trabajador en donde el empleador deposita mensualmente un porcentaje del salario. Este sería el comienzo de un camino para que la formalidad masiva sea una realidad, y no un mero discurso.
El crecimiento económico es condición necesaria para el desarrollo social, pero no suficiente. Para que el crecimiento venga de la mano del progreso social es imprescindible que las regulaciones tributarias, laborales y de la seguridad social sean cumplibles para el segmento más vulnerable del sector productivo: las pequeñas empresas.
(*) Jorge Colina es economista de IDESA (www.idesa.org)
Subsidios
Monumento al “regresismo”
El conflicto entre el Gobierno y el agro durante 2008 traspasó los límites de una discusión entre un agente económico y el poder público, poniendo sobre la mesa algunos puntos poco claros de la actual gestión. Uno de ellos: la redistribución de la riqueza, teniendo en cuenta que más de 10 millones de personas se encuentran por debajo de la línea de la pobreza.
En este sentido enriquece la discusión hacer un análisis de algunas cuentas fiscales. No quedan dudas de la relevancia de las retenciones en el esquema económico del oficialismo (principalmente en la política de precios), característica que queda evidenciada en un repaso veloz de los números oficiales.
• En 2008 se destinaron $ 43.000 millones a subsidios (+52% anual respecto a 2007) cuyo objeto principal fue mantener estables los precios de energía, alimentos y transporte.
• Lo recaudado en concepto de retenciones alcanzó los $36.000 millones.
• De haber pasado la resolución 125, y bajo el supuesto de que no hubiera habido conflicto, la recaudación por este concepto habría superado holgadamente los $40.000 millones.
• La recaudación por retenciones durante 2009 será de aproximadamente $30.000 millones, mientras que los subsidios probablemente no crezcan y estarán nuevamente alrededor de los $40.000 millones.
Queda entonces ver cuál fue el destino de los subsidios y su impacto. Presentamos a continuación un cuadro donde se observa el total de los subsidios, clasificado por uso económico y estrato social de destino.
Antes de efectuar el análisis deben hacerse algunas aclaraciones:
• Hemos definido como “estrato ingreso bajo” a todas las personas con ingresos brutos por debajo de $2.000. Este grupo incluye activos y pasivos y son aproximadamente 15,6 millones de personas (70% del universo bajo estudio). Este estrato incluye también a aquellas personas que reciben planes sociales y que no necesariamente están empleadas.
• Una misma unidad familiar puede agrupar más de una persona empleada, por lo que la definición de “estrato ingreso bajo” incluye a personas que están tanto por debajo como por encima de la línea de la pobreza.
• Las clasificaciones no están ajustadas por horas trabajadas (ejemplo: $2.000 es un salario alto si el día laboral es de cuatro horas), por lo que los cálculos per cápita pueden no ser del todo precisos. Aun así el margen de error es bajo.
• Dentro del rubro “resto” hay partidas destinada a la industria, a otras empresas públicas y algunas partidas sin clasificar por la escasez de datos públicos.
Del análisis del cuadro en cuestión se pueden extraer las siguientes conclusiones:
• De los $43.000 millones, aproximadamente $30.000 millones están dedicados a: (a) subsidios energéticos (38,2% del total), (b) transportes (16,6%), (c) alimentos (7%) y (d) planes sociales (8,1%).
• De estos rubros, solamente el de los planes sociales está dedicado 100% a los estratos de ingresos más bajos mientras que, en el caso de los alimentos, solo 45,4% de los mismos benefician a este último grupo.
• Del total de los subsidios destinados para energía, transportes, alimentos y planes; 57% estuvieron destinados a los estratos de ingresos bajos ($17.100 millones) mientras que el restante 43% se canalizaron hacia 30% de la sociedad con mejores ingresos.
• En términos per cápita, estos montos corresponden a un subsidio por trabajador empleado de $90 mensuales para el caso de los ingresos bajos, contra $165 de los ingresos altos.
Conclusiones
No hay dudas de que los subsidios fueron un instrumento útil durante 2002, en medio de la destrucción de los salarios reales fruto de la devaluación del peso. El paso del tiempo volvió a este instrumento una política de creciente regresividad, al destinarse una mayor cantidad relativa de fondos a los estratos de “ingresos medios y altos” en detrimento de los de “ingresos bajos”. Cuando el subsidio se basa en un monto fijo por unidad consumida, se benefician aquellos con mayor poder de compra al adquirir más “unidades de subsidio”.
El Gobierno avanzó recientemente sobre el reajuste de algunas tarifas atrasadas, aunque tuvo que ver más con motivaciones fiscales que con un intento de lograr una distribución más justa de los ingresos. Si bien esta es una medida que tiende a normalizar un esquema de precios distorsionados (una buena noticia desde un punto de vista estructural), entre los anuncios recientes no hubo ninguno que busque mejorar el poder de compra de las clases más relegadas.
