Por María Teresa Lavayén
La 11ra Exposición Internacional de la Industria Minera, Arminera 2017, realizada en Buenos Aires del 9 al 11 de mayo por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y la organizadora mundial de eventos Messe Frankfurt, contó con la participación del ICMM (por sus siglas en inglés), el organismo internacional con sede en Londres que desde 2001 vela por la implementación de buenas prácticas en la minería mundial.
La membresía de ICMM está conformada por 23 compañías de minerales y metales más 34 asociaciones mineras regionales, nacionales y de commodities.
En el marco de Arminera, María Fernanda Diez, gerente de Investigaciones de ICMM, explicó la razón de ser de esta organización quizás poco conocida para el público, porque trabaja “entre bambalinas”. Allí, dio cuenta de la historia de su fundación, sus objetivos, su función, su modo de operar y de los requisitos que debe cumplir una compañía minera para ser aceptada como miembro.
“El International Council on Mining and Metals (ICMM) –explicó– es una organización creada en 2001 para mejorar el desempeño social y ambiental de la industria de minerales y metales en un momento en que había cambiado el entorno empresarial para la minería en el mundo”.
Desde finales de los 90 la industria estaba en crisis: los precios de los commodities se habían derrumbado, los inversores se mostraban reacios a invertir en operaciones mineras y las críticas y oposición de la sociedad civil ponían en peligro la “licencia para operar” de las empresas. Muchos pueblos se ponían de pie para decir “No” a la mina. Por todas partes había proyectos suspendidos, detenidos o abandonados, principalmente porque las mineras no habían sabido informar adecuadamente a todos los grupos involucrados y transmitirles confianza suficiente. “El sector minero aprendió mucho en aquel momento sobre relaciones con los stakeholders y sobre la inmensa destrucción de valor que puede sobrevenir cuando descarrilan las relaciones con las comunidades”, contó Diez. “Aprendió que cuando una compañía pierde la confianza de la comunidad en que opera y/o del Gobierno anfitrión, el costo que paga es financiero y también reputacional”.
Fue en este contexto que se creó, en 2001, el International Council on Mining and Metals (ICMM), con el fin de mejorar el desempeño social y ambiental de la industria. La institución nace con el convencimiento de que poner en marcha un proyecto minero implica, además de encontrar depósitos del mineral y tener la competencia técnica para extraerlo, crear relaciones con los países y comunidades anfitriones; relaciones que deben ser transparentes, respetuosas y sinceras. Las compañías necesitan ser aceptadas como socios de largo plazo en el desarrollo nacional, y el ICMM se propone, en definitiva, convertirse en catalizador del cambio en la industria.
María Fernanda Diez
Requisitos para ser miembro de ICMM
Las compañías deben implementar el Marco de Desarrollo Sustentable de ICMM como condición necesaria para la membresía. Esto implica, entre otras cosas, el compromiso de aplicar 10 principios y demostrar en forma transparente que se cumplen.
Estos principios son:
1. Implementar prácticas éticas de negocios y aplicar una sólida gobernanza (o sea una manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado).
2. Integrar el concepto de desarrollo sustentable en la toma de decisiones.
3. Defender el respeto por los derechos humanos fundamentales.
4. Manejar los riesgos sobre la base de conceptos científicos sólidos.
5. Mejorar continuamente la salud y la seguridad de todos los involucrados.
6. Mejorar continuamente su desempeño ambiental.
7. Conservar la biodiversidad y contribuir a una planificación integrada del uso de la tierra.
8. Hacer uso responsable de las reservas.
9. Hacer un aporte al desarrollo de la comunidad.
10. Publicar informes transparentes y adecuados sobre la actividad que realizan.
“Esta no es una lista de enunciados atractivos. Por debajo de cada principio hay una serie de protocolos y procesos que permiten la continuidad de las buenas prácticas –explica Diez–. Tanto las 23 mineras miembros como las organizaciones y asociaciones que integran el ICMM trabajan para que la idea del desarrollo sustentable esté presente en todo el proceso de toma de decisiones”.
Procesos –obligatorios– detrás de los principios
ICMM ha tomado posición frente a algunos temas que considera importantes para lograr “licencia social” y exige a sus miembros que cumplan con los requisitos fijados para cada uno de ellos. Las empresas mineras no solo cumplen con esos principios sino que los hacen suyos.
Comunidades indígenas
En cumplimiento de los requisitos de respetar a las comunidades indígenas algunos miembros se han comprometido a no operar sin haber obtenido antes un consentimiento previo, libre e informado por parte de los pueblos indígenas. De no contar con ese permiso, se retiran aunque hayan obtenido del gobierno permiso para iniciar los trabajos. Por ahora esta drástica decisión se limita a los pueblos indígenas (históricamente marginadas y abusadas) pero la tendencia hacia delante es pedir ese compromiso a todas las comunidades. Saben que sin aceptación social, es muy difícil operar una mina.
Cambio climático
Las mineras admiten que la actividad humana ha producido cambios y se comprometen firmemente a ser parte de la solución. La posición aquí es que el cambio climático es un desafío global y que necesita la atención de todos los sectores de la sociedad. Están de acuerdo, así, con la aplicación de un precio a la emisión de carbono y con todos los mecanismos de mercado que reduzcan las emisiones de gases de invernadero e incentiven la innovación.
Alianzas para el desarrollo
Las alianzas para el desarrollo son el antídoto que han usado las industrias extractivas durante los últimos 10 años para contrarrestar la proliferación de conflictos con las comunidades locales. En un sentido estricto, el concepto de “alianza” posiciona a las compañías como actores en un pie de igualdad con los demás en sus intentos por colaborar para lograr resultados de desarrollo,
Pero esos resultados están más allá del control exclusivo de las empresas. Dependen de la manera en que actúen los Gobiernos, los organismos de desarrollo, los sindicatos y los grupos de sociedad civil.
Transparencia de ingresos
ICMM considera que la transparencia de los ingresos minerales debería ser una parte fundamental de los esfuerzos por aumentar y mejorar el aporte de sus miembros al desarrollo.
La transparencia en este tema mejora la gobernanza, combate la corrupción y asegura que los ingresos minerales fomenten el crecimiento sostenible y reduzcan la pobreza.
Manejo del mercurio
La institución reconoce la importancia del manejo responsable del mercurio. Sus miembros no son productores primarios de ese metal y tampoco lo usan para procesar minerales. Sin embargo, el mercurio es un elemento que aparece naturalmente que a veces está presente en el mineral que procesan. En consecuencia, los controles de polución en las operaciones de algunos miembros pueden recoger mercurio como subproducto.
El mercurio es un contaminante global y se lo debe usar con cuidado. Los miembros de ICMM se comprometen, así, a controlar sus emisiones; reconocen plenamente los posibles riesgos asociados al mercurio como subproducto y apoyan la necesidad de manejarlo a conciencia.
Ãreas protegidas
Con respecto a las áreas naturales protegidas, ya sea por su fauna o flora o por su importancia para el ecosistema, la posición adoptada por todos los miembros del ICMM es “no tocarlas” aunque tengan el permiso para hacerlo.
El organismo destaca la importancia de la conservación de la biodiversidad, la necesidad de implementar sistemas especiales para las áreas protegidas y de integrar planes para la planificación del uso de la tierra. Los miembros deben cumplir con lo estipulado en los principios e incorporarlos a sus prácticas operativas.
Transparencia
Al incorporarse a la membresía de ICMM, las mineras se comprometen a publicar los informes GRI (Global Reporting Initiative) donde deben demostrar que cumplen con todos los compromisos mencionados. Global Reporting Initiative es una organización internacional independiente que diseñó en 2006 un programa de transparencia empresarial para ayudar a empresas, Gobiernos y otras organizaciones a comunicar el impacto de su accionar sobre temas de sustentabilidad como cambio climático, derechos humanos, corrupción y demás. Esos informes dan cuenta del progreso financiero y sustentable de la compañía de la manera más transparente posible.
Minería y empleo
Un error muy difundido, comenta Fernanda Diez para concluir, es creer que la minería es una industria intensiva en trabajo. No es así, es intensiva en capital. El empleo, que generalmente es lo primero en que se piensa cuando se habla del aporte de la minería a las economías nacionales, no es lo más relevante.
En los países de ingresos medianos y bajos, la minería aporta, ante todo, inversión extranjera directa. Luego, ganancias por exportación, rentas del Gobierno e ingreso nacional, en ese orden de importancia. De todos modos, hay que la actividad genera no solo empleo directo, sino también indirecto, que tiene que ver con proveer servicios a la mina, y el inducido, que resulta de la prosperidad o abundancia relativa que trae toda esta actividad económica.
Por cada empleo directo que genera la minería se crean entre dos y cinco empleos en el resultado.
Acuerdo Federal Minero
En la conferencia de Ministros de Minería de las Américas (CAMMA) que se realizó en el marco de Arminera: hacia una minería sustentable, se firmó el Nuevo Acuerdo Federal Minero que sienta las bases para una política de Estado que asegure una actividad responsable con parámetros claros para el desarrollo sustentable de todos los países firmantes.
En lo que se refiere al ámbito nacional, el pacto tiene el propósito de fijar lineamientos uniformes en todo el país para evitar que las provincias –dueñas de los recursos según lo establece la Constitución Nacional– intenten aplicar a las empresas mineras, casi siempre transnacionales, impuestos que las espanten cuando el Gobierno central se propone atraerlas. Esta ha sido siempre la manzana de la discordia en la Argentina: la vieja puja entre los intereses nacionales y los de las provincias.
La reunión de ministros –de la que también participó la representante de ICMM, Fernanda Diez, en calidad de invitada– se desarrolló en un marco de estricta confidencialidad y los términos del acuerdo solo se conocen a través de las declaraciones de las autoridades que presidieron la reunión, como el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, el secretario de Minería, Daniel Meilán y el titular de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Marcelo Ãlvarez.
La minería es una actividad compleja y la sociedad debería conocer al menos algunos de los aspectos de esa complejidad para poder tomar posiciones informadas respecto de una actividad que la afecta en forma directa o indirecta. Anthony Hodge, presidente y CEO de ICMM hasta 2014, expresaba esto con claridad cuando decía que “hay todo un arco de beneficios que resultan de la minería que no está siendo bien comprendido por los políticos ni bien explicado por la industria minera misma”.
Según la agencia oficial Télam, “el acuerdo suscripto da un nuevo marco a la actividad para potenciar su desarrollo y atraer nuevas inversiones a las ya anunciadas por más de US$ 3.000 millones en 2017-18.
El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, hizo público en los días previos a la cumbre su apoyo a una energía responsable ante los problemas sociales y económicos de la sociedad y sostuvo que la generación de valor ayuda a que los sectores más vulnerables puedan salir de la pobreza “siempre que los beneficios que nos brindan en el presente no impliquen perjuicios para el futuro”. Ese compromiso, dijo, implica fortalecer la política minera nacional mediante el diálogo permanente con los actores del sector.
Del acuerdo firmado trascendió que:
• las provincias, la Nación y los gremios se comprometen a sentar las bases para la llegada de un fuerte proceso inversor;
• va a contemplar estrictos controles para el cuidado ambiental mediante el programa Hacia una minería sustentable (TSM, por sus siglas en inglés);
• que está sujeto a las agendas de las provincias y de la nación;
• que consagra, en forma mancomunada, el principio de desarrollar una minería más responsable, atenta a los intereses de la sociedad y dispuesta a operar de forma abierta y transparente.
El documento sienta las bases para una política de Estado que asegure una actividad responsable con parámetros claros para el desarrollo sustentable de todos los países firmantes.
